VI CLLR - RIO DE JANEIRO (27-29.09.2006)

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2008-07-24T18:00:00.001-07:00

Valeria K. López

2008-07-24T11:38:00.000-07:00

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LA LIBERTAD RESPONSABLE DEL HOMBRE

Valeria K. López

1.- Introducción.

En la expresión y en la práctica de la libertad religiosa, se observa la presencia de aspectos individuales y comunitarios, privados y públicos, estrechamente ligados entre sí, de suerte que el derecho a la libertad religiosa lleva consigo otras dimensiones complementarías. Precisamente, en el plano comunitario, hay que considerar que las confesiones religiosas, al reunir a los creyentes de una fe determinada, existen y actúan como cuerpos sociales que se organizan según principios doctrinales y fines institucionales que les son propios. La Iglesia, como tal, y las comunidades confesionales en general, necesitan para su vida y para la consecución de sus propios fines, gozar de determinadas libertades, entre las cuales hay que citar, particularmente, la libertad de utilizar los medios de comunicación social.

Para todas las confesiones religiosas comporta un desafío la adecuada utilización de los medios de comunicación social. Los espacios ganados, las libertades reconocidas por los ordenamientos jurídicos estatales en este sentido, no son la última meta a conquistar, muy por el contrario, ese ha sido el primer paso. La responsable utilización de esos espacios, comporta el mayor desafío.
Un rica fuente de doctrina en esta materia han sido las Instrucciones pastorales emanadas del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Si bien Esta ponencia no pretende ser un exhaustivo análisis del Magisterio de la Iglesia Católica en materia de comunicaciones sociales, resulta necesario señalar, al menos, aquellos documentos que han trazado las directrices del enfoque de la Iglesia respecto de los medios de comunicación social.
Ya en el decreto del Concilio Vaticano II "Inter Mirifica"[1], se reconocía el enorme poder de los medios de comunicación para informar las mentes y formar el pensamiento de las personas; más adelante, por mandato especial del Concilio Vaticano II y promulgada por Pablo VI en 1971, se presenta la Inst. Pastoral Communio et Progressio[2]; luego aparecen los “Criterios de colaboración ecuménica e interreligiosa en las comunicaciones sociales” del año 1989[3]; y en cuanto a la década de los 90, sobresale la Instrucción Pastoral Aetatis Novae[4], donde se hace un llamado a la responsabilidad de los comunicadores, en especial a los cristianos.

También, resulta inevitable en esta materia referirse a algunos pensamientos de Juan Pablo II sobre los medios de comunicación social.

En el año 1981, al cumplirse 10 años de la Inst. Pastoral Communio et Progressio, y luego de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de ese año, Juan Pablo II publica el documento “Las comunicaciones sociales al servicio de la libertad responsable del hombre”, en el cual aborda el tema de las grandes potencialidades y también las dificultades de la acción de los medios de comunicación en relación con la libertad del hombre y su acceso a la verdad. El Pontífice advertía ya que en muchos lugares los medios son manifestación de opresión, especialmente donde no hay pluralismo, instrumentos para la manipulación, la agresividad, la pornografía; y si bien “no será la Iglesia la que sugiera atenuar u ocultar la verdad aunque sea dura... precisamente porque respeta la verdad, no puede menos que poner de relieve que ciertos modos de utilizar los ‘mass media’ son capciosos en relación con la verdad”[5]. En efecto, “el hombre es creado libre y como tal debe crecer y formarse con un esfuerzo de superación de sí mismo, ayudado por la gracias sobrenatural. La libertad es conquista. El hombre debe liberarse de todo aquello que pueda apartarlo de esa conquista”[6].
En el mensaje dirigido a los jóvenes en 1985, Juan Pablo II volverá sobre este tema, señalando que la “importancia y la significación última de los medios de comunicación dependerá del uso que haga de ellos la libertad humana”[7]. Específicamente acerca del uso responsable de los medios de comunicación y su utilización al servicio de la paz, “los comunicadores, tanto por vocación como por profesión, están llamados a ser agentes de paz, de justicia, de libertad y de amor, contribuyendo con su importante labor a un orden social basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad, y realizado bajo los auspicios de la libertad”[8].
Más adelante, y como preparación al Gran Jubileo del año 2000, hay 3 mensajes destinados a la Trinidad, donde el último de los cuales, dedicado a Dios Padre, contiene lo que puede considerarse la referencia más clara y explícita en cuanto a la relación entre las iglesia y los medios de comunicación social, al referirse a la relación que existe entre los aspectos de trascendencia, sabiduría y esperanza que representa el mensaje cristiano, y la variedad de la realidad social, la incorporación de nuevos conocimientos y la capacidad de hacer atractivos los contenidos que representan los medios de comunicación. En este sentido, expresaba Su Santidad que si bien “es cierto que la cultura de la Iglesia y la cultura de los medios es diferente, y de hecho, en ciertos puntos, existe un fuerte contraste, no existe razón para que las diferencias hagan imposible la amistad y el diálogo... La cultura del memorial de la Iglesia puede salvar la cultura de la fugacidad de la noticia que nos trae la comunicación moderna... los medios, en cambio, pueden ayudar a la Iglesia a proclamar el Evangelio en toda su perdurable actualidad, en la realidad de cada día de la vida de las personas. La cultura de la sabiduría de la Iglesia puede salvar la cultura de información de los mass media de convertirse en una acumulación de hechos sin sentido; y los medios pueden ayudar a la sabiduría de la Iglesia a permanecer alerta ante los impresionantes nuevos acontecimientos que ahora emergen. La cultura de la alegría de la Iglesia puede salvar la cultura de entretenimiento de los medios de convertirse en una fuga desalmada de la verdad y responsabilidad; y los medios pueden ayudar a la Iglesia a comprender mejor cómo comunicarse con la gente de forma atractiva y que a la vez deleite”[9].
Este enfoque hacia el sentido evangelizador de los medios de comunicación social se mantuvo hasta el año 2003, en que se retoma el tema de la paz, incluso en el mensaje de 2002 dedicado a Internet. Allí, Juan Pablo II se planteaba el interrogante de si Internet puede fomentar la cultura del diálogo, la participación, la solidaridad, sin la cual la paz no puede florecer, y la respuesta es que sí, por eso la Iglesia decidió ingresar en ese nuevo foro[10].
En el ámbito de la Iglesia Católica en Chile, el IX Sínodo de Santiago abordó este tema, y en el documento final[11], advierte textualmente a los responsables de estos medios a no caer en la tentación de hacer vista gorda al decidir sobre contenidos, para conseguir mejores o mayores audiencias o mas rentables patrocinios. Es muy importante que los medios de comunicación de orientación católica y sus programadores, pongan especial atención para no contradecir el contenido valórico y evangelizador que los debe caracterizar. Para que la evangelización llegue a los hombres, es necesario asumir el modelo de sociedad informativa en la que vivimos y dar prioridad al uso de las actuales tecnologías y medios de comunicación que permiten multiplicar nuestra palabra y nuestra presencia. Es un desafío para la Iglesia aprender a usar estos medios para ser capaces de inculturar la fe. Y ello significa evangelizar a través de los medios de comunicación y de las demás tecnologías para llevar la Buena Noticia a todos los rincones de la sociedad. Debemos asumir nuestra vocación profética con audacia, buscando llegar al hombre de hoy que está como nunca hambriento de Dios.

2.- Dilemas actuales de las comunicaciones.

Varios son los dilemas del hombre y la sociedad contemporáneos que la reflexión sobre los medios plantea. No siempre la inmediatez de la comunicación se traduce en la construcción de la cooperación y la comunión en la sociedad. Aquí, podríamos preguntarnos si el hecho de ser testigos, en tiempo real, de los sucesos, nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, del que sufre, o si estamos capacitados y / o preparados para recibir, procesar y discernir esta abundancia de información que nos bombardea en nuestros teléfonos, en la correspondencia, en los computadores, en los receptores de radio y TV, en los impresos, en las calles, en el transporte público. Es decir, todo este mundo de tecnología y modernidad, el acceso a la información tal como se nos presenta en la actualidad, ¿significa, necesariamente, que estamos mejor comunicados con los otros?
Esta medalla tiene su reverso: los medios de comunicación, que pueden usarse para el bien de las personas y las comunidades, también pueden usarse para explotarlas, manipularlas, dominarlas y corromperlas. Por ejemplo, “entre los problemas específicos creados por Internet figura la presencia de sitios llenos de odio dedicados a difamar y atacar a los grupos religiosos y étnicos. Algunos de ellos toman como blanco a la Iglesia católica. Al igual que la pornografía y la violencia en los medios de comunicación, estos sitios de Internet « evidencian la componente más turbia de la naturaleza humana, dañada por el pecado». Y aunque el respeto a la libertad de expresión exige a veces tolerar hasta cierto punto incluso las voces de lo negativo, la aplicación de la autorregulación y, cuando sea necesario, la intervención de la autoridad pública, deberían establecer y hacer respetar algunos límites razonables acerca de lo que se puede decir. La proliferación de sitios web que se autodefinen católicos plantea un problema de tipo diferente. Como hemos dicho, los grupos vinculados a la Iglesia deberían estar creativamente presentes en Internet; y las personas bien motivadas e informadas, así como los grupos no oficiales que actúan por su propia iniciativa, también tienen derecho a estar en él. Pero origina confusión, por lo menos, no distinguir interpretaciones doctrinales desviadas, prácticas arbitrarias de devoción y posturas ideológicas que se autocalifican de « católicas », de las posiciones auténticas de la Iglesia”[12].
Podemos afirmar que, planteamos que "nos preocupa el afán a veces desmedido por destacar las malas noticias, las tragedias, los episodios violentos, a veces mostrados con imágenes cercanas a la truculencia, y donde no siempre la preocupación por la persona humana es el elemento central. Nos duele el trato que muchos medios de comunicación dan a los pobres, en noticieros, en programas de entretención, en reportajes y en denuncias”... “esta responsabilidad no es de competencia exclusiva de los comunicadores, a los destinatarios de los medios, es decir, al público, corresponde un rol activo en cuanto a receptor crítico de los mensajes. Obviamente, a los comunicadores católicos, les cabe una tarea fundamental que consiste no sólo en trabajar al interior de los medios y ser el rostro y el mensaje de Cristo en sus tareas cotidianas, sino también les corresponde apoyar a la comunidad para que las familias hagan un buen discernimiento frente a los medios de comunicación ante los que están expuestas”[13].

Evidentemente, iluminar las conciencias de los individuos y ayudar a formar su pensamiento nunca es una tarea neutral. En ese sentido, "la comunicación auténtica demanda valor y decisión radicales. Requiere la determinación de aquellos que trabajan en los medios para no debilitarse bajo el peso de tanta información ni para conformarse con verdades parciales o provisionales. Por el contrario, requiere tanto la búsqueda como la transmisión de lo que es el sentido y el fundamento último de la existencia humana, personal y social”[14] y es, precisamente, de ese modo, que los medios realizan su misión de contribuir a difundir todo lo que es bueno y verdadero.
Pero, ¿ qué sucede cuando los medios buscan anteponer su propio beneficio económico, y lejos de utilizar responsablemente la libertad de la que se dispone para comunicar, persiguen principalmente el efecto sensacionalista que aumenta audiencia, lectores y seguidores? Claramente, el intercambio de ideas, los espacios generados para la expresión de los distintos grupos, la difusión responsable de las noticias y las opiniones, ceden espacio a graves distorsiones que entorpecen el diálogo y la comunicación. los medios de comunicación social deben prestar un servicio al bien común, y para ello es necesario cumplir tres pasos: formación, participación y diálogo.
a) la formación en el uso responsable y crítico de los medios ayuda a las personas a utilizarlos de manera inteligente y apropiada.
b) los medios son un bien destinado a toda persona y , como servicio público, la comunicación social requiere de un espíritu de cooperación y co-responsabilidad con escrupulosa atención en el uso de los recursos públicos y en el desempeño de los cargos públicos.
c) los medios de comunicación deben aprovechar y ejercer las grandes oportunidades que les brindan la promoción del diálogo, el intercambio de conocimientos, la expresión de solidaridad y los vínculos de paz.

3.- Estrategias comunicacionales.

Para hacerle frente a dichos desafíos con responsabilidad se pueden intentar varias estrategias comunicacionales. Quizás, el punto emblemático sea el camino hacia una normativa de la comunicación social. Como sabemos, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales han surgido instrucciones pastorales que reflejan la problemática actual en torno a las comunicaciones sociales y los diversos aspectos que, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar, ha sido necesario para la Iglesia definir y profundizar.

a.- La figura del “animador de la comunicación y la cultura”

Por ejemplo, con el objetivo de lograr una mayor presencia y dinamismo en los medios de comunicación, la Iglesia católica en Italia ha creado la figura del «animador de la comunicación y la cultura»[15].
Se trata en general de laicos, que reciben una formación específica, que tiene por objetivo sensibilizar a las parroquias y diócesis en el desafío de evangelizar estando presente en los medios de comunicación y en la vida cultural. La figura surgió del documento «Comunicación y misión», publicado en octubre de 2004 por la Conferencia Episcopal Italiana. De hecho, se ha publicado en ese país un manual práctico sobre esta figura que lleva por título «El animador de la comunicación y de la cultura» («L´animatore della comunicazione e della cultura», ediciones Paoline). Su autor, Fabrizio Mastrofini, explicó que la creación de dicha figura nace de la exigencia de intervenir en los medios de comunicación de manera específica y de ofrecer orientaciones. La idea es reevangelizar la cultura pero también adquirir la capacidad de orientar en materia de comunicación, tanto dentro como fuera del ambiente católico.
El animador es una figura que debiera estar presente en cada parroquia, sumándose e integrándose con otras existentes, como la del catequista o la del animador de grupos, para ocuparse también de la formación en comunicación de los formadores. Naturalmente, a nivel diocesano, debe estar en relación con las oficinas de comunicación, siendo el verdadero desafío acabar con los compartimentos cerrados y valorizar el patrimonio de actividades, de ideas y de experiencias, usando también todos los medios y todos los recursos existentes para enviar un mensaje al exterior, un mensaje positivo, y aprendiendo cómo se puede comunicar de modo eficaz. Este animador debe tener muchas competencias: informáticas, musicales, comunicativas, artísticas, socioculturales, aunque pareciera ser una figura imposible de hallar en una sola persona. El verdadero problema no es encontrar a los animadores, el verdadero problema es que se dé espacio a esta figura[16].

b.- Algunas consideraciones sobre el uso responsable de los espacios televisivos

La búsqueda de la verdad es para los comunicadores cristianos, un compromiso ineludible, un imperativo y una misión. Obviamente, de entre los medios de comunicación social, por su capacidad de alcance y muchas otras características que la transforman en un instrumento sumamente poderoso, la televisión ha sido siempre objeto de atención y preocupación por quienes enfrentan el tema de la utilización responsable de los medios de comunicación social. En efecto, el esfuerzo constante por realizar producciones bellas y de calidad, "puede llevarnos a pasar de la emoción al asombro, del asombro a la conmoción y de la conmoción a la búsqueda de Dios y al compromiso. Este proceso es un camino privilegiado para responder, a través de la imagen televisiva, a la necesidad simbólica y de significado que todavía permanece en la sociedad moderna"[17]. Esta es una de las conclusiones extraídas del Primer Congreso de Televisión Católica Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Medellín en mayo de este año, en el cual se precisó que uno de los desafíos será buscar maneras de ser consecuentes con el Evangelio del Señor y la Buena Noticia, y la capacidad creativa se demostrará al enfrentar los retos que exige una buena programación, una tecnología adecuada y una capacidad de gestión profesional.
El documento emanado del mencionado Encuentro, continúa señalando, que “en el actual contexto socioeconómico y político latinoamericano, donde la lógica del mercado pretende imponerse como principio de acción cotidiana, y los canales comerciales hacen de la persona una mercancía, estamos convencidos que debemos hacer de la televisión un instrumento de personalización, que posibilite por un lado, el conocimiento y el encuentro con la persona de Jesús y su propuesta de vida, y por el otro, logre poner en evidencia el drama de hombres y mujeres concretos, que luchan cotidianamente para que sus derechos mínimos sean respetados, dándoles esperanza y fe”; y entre sus conclusiones, destaca, la idea de buscar la unidad en una sana pluralidad, coordinando los esfuerzos, talentos y recursos, para así, desde la pluralidad, dar testimonio de unidad y fortaleza en medio de un mundo tan competitivo y excluyente como es la industria de la imagen, en una sociedad que se plantea su felicidad sin Dios. Pese a ello, si uno de los pilares de la fe cristiana está constituido por la revelación del ser humano como imagen de Dios,… y vio Dios que su obra era buena, bella y verdadera, podemos también transmitir en imágenes y fotogramas la fe vivida de una comunidad, que se expresa en sus símbolos, ritos, cultura, palabras, gestos, esfuerzos, deseo de Dios. En tiempos en que unos pretenden tener el monopolio de la verdad y otros han renunciado definitivamente a ella o desean ser fuente de su propia verdad, la búsqueda de la misma será para los comunicadores, un compromiso ineludible, y tal búsqueda sólo podrá hacerse desde la oración, el diálogo ecuménico abierto y sincero y en comunión eclesial[18].

c.- Breve reseña del escenario comunicacional en Chile.

En el marco de la Conferencia Episcopal de Chile, de su Secretaría General, depende la Oficina de Comunicaciones y Prensa, que tiene a su cargo la página web http://www.iglesia.cl/ y la Revista Servicio (medio través del cual, también, se promulga la legislación particular)[19].
En la Arquidiócesis de Santiago, por su parte, todo lo relacionado con las comunicaciones sociales depende de la Vicaria General de Pastoral. Y en el sitio web http://www.iglesiadesantiago.cl/, que pertenece a la Arquidiócesis, se ofrece una especie de catálogo de los medios de comunicación social a los cuales los fieles pueden tener acceso, alguno de ellos son de conocimiento de todos nosotros, y otros son más bien locales, fruto del arduo trabajo realizado en Santiago, por la Iglesia Católica, a través del clero, religiosos, profesionales de las comunicaciones, y gente de buena voluntad, en materia comunicacional. A saber[20]:

Medios de Comunicación Católicos
Tv
Canal 13 Pontificia Universidad Católica
Programa “Iglesia Viva”
Radio
Radio María
Radio Chilena
Revistas
Iglesia de Santiago
Mensaje
Servicio
Evangelizar Educando
Revista Católica del Seminario Pontifico Mayor
Revista El Eco de Lourdes
Agencias de Noticias Católicas
Riial (Red Informática de la Iglesia en América Latina)
L’Osservatore Romano
Aciprensa
Zenit
VAS (Vatican Information service)
Catholic Net
Catholic World News
SIR (Servicio Información Religiosa Online)
Noticias eclesiales
Aica Online
Red de Información Católica USA

Por ejemplo, Radio María nació en Italia en 1983 y está en Chile desde 1996.Es una corporación sin fines de lucro, formada por laicos comprometidos con la Iglesia y su misión, con la fe en Cristo y el amor a la Virgen María. Es una comunidad al aire que funciona con voluntarios en múltiples tareas. La Revista Mensaje fue fundada por San Alberto Hurtado en octubre de 1951; es una revista de opinión, orientación y reflexión perteneciente a la Compañía de Jesús, que desde los inicios busca entregar a sus lectores herramientas éticas y culturales para el discernimiento de lo que humaniza y deshumaniza en el mundo de hoy; y todo ello a través de análisis y reflexión profunda sobre los distintos temas de actualidad nacional e internacional, Iglesia, espiritualidad, ética, cultura, sociedad, economía, educación, trabajo, entre otros. El editorial de cada número es una reflexión ético-cristiana sobre los más destacados acontecimientos que afectan a Chile o a la "aldea global”. voluntarios en múltiples tareas, confiando plenamente en la divina providencia.

4.- Conclusiones

Ahora bien, la responsabilidad y el apostolado en materia de comunicación social, nos compete a todos y no sólo a los comunicadores, pues se trata tanto de una "forma directa de evangelización” como de una “contribución a la promoción de aquello que es bueno y verdadero en toda sociedad", de este modo, los medios de comunicación pueden ser vistos como una "red que facilita la comunión y la cooperación"[21]. En la actualidad comprendemos perfectamente la imperiosa necesidad de encauzar ese poder en beneficio de la humanidad, de modo que los intereses egoístas de determinados grupos (con poder económico o ideológico) no se antepongan a la promoción del bien común. La industria de los medios de comunicación es muy influyente, por eso requiere que quienes se desempeñan en ella tengan una sólida formación valórica y profesional.
Y ello, ¿por qué? Pues, por poner un ejemplo, a través de los medios de comunicación social se puede mantener y apoyar el matrimonio y la familia, promover el bien y la verdad, "sobre todo con respecto al significado de la existencia humana y social”, y “denunciar la falsedad, sobre todo, las tendencias perniciosas que erosionan el tejido de la sociedad civil"[22].
Como hemos venido señalando, el primer paso en materia comunicacional, consistirá en generar un ambiente de libertad y responsabilidad, que permita promover nuestra identidad, con el objetivo puesto en el compromiso evangelizador, y fortaleciendo también la integración.
Para ello será indispensable procurar la formación integral de los comunicadores católicos para que se especialicen en las distintas áreas de las comunicaciones sociales. A su vez, compartir tanto las experiencias, el conocimiento y los recursos tecnológicos entre los distintos grupos especializados en estas áreas, permitirá un mejor y más eficaz desarrollo de las políticas comunicacionales diseñadas a nivel local, por ejemplo, de las iglesias particulares.
Esto implica, en primer lugar, reconocer la importancia de que nuestros medios sean competitivos por su calidad y profesionalismo y aceptar el reto de creatividad al que nos invitan las nuevas tecnologías.
El gran desafío será, en definitiva, mantener claros nuestros principios y objetivos sin sucumbir ante las exigencias y presiones de las cuales son objeto todos los medios de comunicación, para mantenerse vigentes. Y, estando ya en el escenario de los espacios ganados para la expresión de nuestra religiosidad, que estos medios comunicacionales sean, en nuestras manos, verdaderos instrumentos al servicio de la libertad responsable del hombre.

[1] Decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social, aprobada el 4 de diciembre de 1963. ha sido el decreto de promulgación más difícil, porque el tema era nuevo y no del todo comprensible, no obstante lo cual, fue la base para importantes avances en esta materia a futuro. Obtuvo 1960 votos a favor, 164 en contra y 7 nulos. Vaticano II, Docmentos completos. Ed. Lumen, Buenos Aires 1995.
[2] Inst. Pastoral Communio et Progressio, sobre los medios de comunicación social, preparada por mandato especial del Concilio Vaticano II, de la Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social, promulgada por Pablo VI, dada en Roma, el 18 de mayo de 1971, con motivo de la V Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Fuente: www.vatican.va
[3] “Criterios de colaboración ecuménica e interreligiosa en las comunicaciones sociales”, del Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales, 4 de octubre de 1989. Fuente: http://www.vatican.va/.
[4] Inst. Pastoral Aetatis Novae sobre las comunicaciones sociales, en el vigésimo aniversario de Communio et Progressio, Pon tificio Consejo para las comunicaciones sociales, 22 de febrero de 1992.
[5] Juan Pablo II. Las comunicaciones sociales al servicio de la libertad responsable del hombre, n. 2 La manipulación de los mass media. 10 de mayo de 1981
[6] Jornada Mundial de la Comunicación Social, año 1981 – nota 47.
[7] Carta Apostólica de Juan Pablo II a los jóvenes del mundo, en ocasión del Año Internacional de la Juventud, 31 de marzo de 1985. Fuente: www.vatican.va.
[8] Mensaje de Juan Pablo II en la 37º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
[9] Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, año 1999, n. 50.
[10] Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, año 2002. A esto se le agregan otros dos documentos del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales que se publicaron ese mismo año: Ética en Internet e Iglesia e Internet.
[11] IX Sínodo de Santiago, proceso de reflexión realizado entre 1995 y 1997 que tuvo por finalidad definir los desafíos y prioridades pastorales de la Iglesia de Santiago en el nuevo siglo. Nº 631. Fuente: www.iglesia.cl
[12] “La Iglesia e Internet”. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Ciudad del Vaticano, 22 de febrero de 2002
[13] Homilía de Mons. Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, en la Misa que se celebró en oportunidad de la 40º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Fuente: Prensa CECH
[14] Mensaje de Benedicto XVI para la XL Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, titulado "Los medios, red de comunicación, comunión y participación"
[15] Nace la figura del animador de la comunicación en las diócesis y parroquias. Zenit ha entrevistado a su autor, Fabrizio Mastrofini, periodista de «Radio Vaticano», profesor de comunicación del Instituto de Teología «Claretianum» de Roma quien explica la iniciativa.
[16] Fuente: www.zenit.org
[17] Primer Congreso de Televisión Católica Latinoamericano y del Caribe (Medellín). Documento final. 25 de mayo de 2006. Fuente: www.zenit.org.
[18] Idem
[19] Fuente: www.iglesia.cl
[20] Fuente: www.iglesiadesantiago.cl
[21] Mensaje del Papa Benedicto XVI al recibir en el Vaticano a los participantes en la Asamblea plenaria anual del Pontifico Consejo para las Comunicaciones Sociales, 25 de Mayo de 2006. Fuente: Servicio informativo Vaticano
[22] Idem

Pe. Ariel Busso

2008-07-24T11:32:00.000-07:00

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLÉRIGO EN LA SOCIEDAD CIVIL, A LA LUZ DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

Para nombrar algunas de las cuestiones que afectan al clérigo en la sociedad civil, se han tomado algunos aspectos de su vida. Aclaramos que el uso de la palabra clérigo es más amplio que la de sacerdote, que sólo incluye al presbítero y al orden, mientras que el primero también incluye al diácono, por lo tanto algunos de estos cánones excluye al diaconado permanente, pero sólo cuando el legislador lo expresa explícitamente.

La responsabilidad de los clérigos en los medios de comunicación social

Desde el inicio del descubrimiento y desarrollo de las posibilidades que otorgan los medios de comunicación social, la Iglesia, al tiempo que los utiliza para la evangelización, no ha dejado de hacer notar los riesgos contenidos en ellos. La comunicación pertenece a las necesidades fundamentales de la humanidad y cuando los mass media conquistan importancia en ella poseen un inmenso poder de influencia, también en el interior de la sociedad eclesial.

La participación de los clérigos y religiosos en emisiones televisivas sobre cuestiones de doctrina y moral, se encuentra la primera referencia en el canon 772§2
§ 2. Para hablar sobre temas de doctrina cristiana por radio o por televisión, se observarán las prescripciones establecidas por la Conferencia de Obispos.

Es el Obispo diocesano, moderador del ministerio de la Palabra en su diócesis[1], quien tiene la competencia de promulgar las normas sobre la predicación, vinculantes a todos. Se trata de establecer cuáles son los parámetros que deberán seguir los predicadores y de impedir o de imponer fin a todo eventual abuso o irregularidad.

En este canon, el acento no está puesto tanto sobre una particular forma de predicación (aunque en cierto sentido, podría tratarse también de una homilía, cuando se transmite alguna liturgia), sino en cuanto al medio concretamente usado, es decir la radio y la televisión, para comunicar el contenido de la predicación[2].

La materia es siempre las cuestiones doctrinales y las referentes a las costumbres. En cuanto quiénes son los sujetos pasivos se hace especial mención a los clérigos (diáconos, presbíteros y Obispos) y a los miembros de institutos de vida consagrada religiosos. Nada dice de los pertenecientes a institutos seculares y a sociedades de vida apostólica. Si bien la ley ha de interpretarse estrictamente[3], favorabilia amplianda, odiosa restringenda, sin embargo el espíritu parece tener una aplicación más amplia. Se entiende que los miembros de institutos seculares, por su propia naturaleza, aún cuando hayan emitido votos u otra forma de consagración, poseen el carisma distinto al del religioso. Así, la “secularidad” de su carisma, le permiten algunos matices, a semejanza del laico, en este sentido.

El sujeto activo, tal como ya se ha dicho, es el Ordinario en cuyo territorio está instalada la estación de radio o de televisión, aunque el sujeto pasivo se trate de un religioso de derecho pontificio.

Es necesario distinguir entre la participación habitual y la ocasional en los medios de comunicación social para que el Ordinario pueda exigir todos los requisitos y recaudos.
La autoridad eclesiástica otorgará mayor o menor control según los casos.

Las ultimas normativas poscodiciales

Las responsabilidades de los Pastores en este singular tema son las siguientes:

1º Responsabilidad de instruir a todos los fieles.
2º Responsabilidad con respecto a los medios de comunicación social.
3º Deber de intervenir con medios idóneos.
4º Responsabilidad de los Obispos diocesanos, en el ámbito de su propia diócesis y competencia, tienen el derecho-deber de vigilancia por ser los primeros responsables de la recta doctrina en materia de fe y costumbres[4].
5º Comunión con la Sede Apostólica.
Los Pastores mantendrán contacto con los Dicasterios de la Curia Romana, particularmente con la Congregación para la Doctrina de la Fe[5], a los cuales harán llegar las cuestiones que exceden su competencia[6] o que por cualquier motivo puedan considerar oportuno la intervención o la consulta a la Santa Sede. Comunicarán todo aquello que se considere relevante en materia doctrinal sea desde el punto de vista positivo o negativo, sugiriendo eventuales intervenciones.

La paternidad física y la adopción de menores por parte de los clérigos

No pueden considerarse como esporádicos los casos en los que algunos clérigos se han transformado en padres biológicos o han adoptado o intentan adoptar a menores. La situación afecta no solamente a sacerdotes sino también a diáconos transeúntes o permanentes célibes. En cada uno de los dos casos debe juzgarse teniendo en cuenta esta condición de célibes y por lo tanto preguntarse si esta situación es legítima y compatible con el ministerio y con el oficio encomendado.
Los argumentos que sostienen los que se encuentran en estas circunstancias son variados. Algunos afirman, acerca de la adopción, que se trata de un derecho natural que no encuentra ningún tipo de limitación por parte del derecho canónico, ya que en ninguna parte de la legislación vigente existen normas al respecto. Otros, a su vez, aún evaluándolo como una situación no habitual, sin embargo no consideran como algo que afecta a su condición de clérigo. En el caso concreto de aquellos que pertenecen a un institutos de vida consagrada religioso que hacen votos públicos de pobreza, castidad y obediencia, están en una situación que en los hechos influiría clara y negativamente en orden a la adopción, ya que los votos son limitaciones para que el menor se desarrolle normalmente en un medio adecuado. Pero refiriéndose al clero diocesano, con obligaciones solamente de castidad, pueden vivir en sociedad –dicen- ya sea solo o con su familia y ello no impide entonces que pueda integrar a un menor a esa vida dentro y desde el mundo. Interpretan así que el canon 277 obliga a los clérigos a la continencia perpetua y perfecta y por lo tanto a guardar el celibato, pero no implica la pérdida de la aptitud nupcial, sino sólo la renuncia a la misma[7]. Algunos autores así razonan: “El problema de si conviene o no que los sacerdotes adopten, atañe al orden religioso, no al civil. Y aun desde aquel ángulo, la adopción es perfectamente compatible con la dignidad y la castidad propia del estado sacerdotal. Es claro que si se tratara de un religioso ligado por obediencia a órdenes monásticas severas, el juez podría considerar que la adopción no es conveniente al menor”[8].
Para el caso de la paternidad física se conjugan muchos otros elementos que el de la adopción, ya que, por una parte, es necesario observar las obligaciones naturales surgidas de la situación precedente hacia la otra parte o hacia el hijo y, por otra, su condición de célibe que ha asumido voluntaria y perpetuamente al ordenarse de clérigo no casado.
En estas dos situaciones se encuentran necesariamente involucradas personas e instituciones, tanto eclesiásticas como del orden civil. El clérigo, los superiores de clérigos, la mujer (en el caso de la paternidad física), la familia de la mujer, el menor respectivo, la comunidad confiada al clérigo, la diócesis a la que pertenece, la Iglesia entera, la justicia de menores y otras instituciones que eventualmente puedan tener relación al caso, quedan comprometidas en la situación, cada uno a su manera.

Sin tener en cuenta los efectos jurídicos que tanto la paternidad física como la adopción poseen, interesa especialmente subrayar la relación que crea la adopción entre el adoptante y el adoptado. Esta relación entre el padre y el hijo es tanto más particular en el caso de la paternidad física. Pero la afectividad del clérigo se encontrará afectada en cualquiera de los dos casos porque, además de la naturaleza misma de la cosa, la educación que el clérigo ha recibido en su formación ha excluido de antemano cualquiera de las dos situaciones. No se trata de limitar la naturaleza sino precisamente de tener en cuenta la índole que posee la misma condición del clérigo celibatario.
La relación de paternidad-filiación no puede considerarse únicamente desde el punto de vista jurídico y patrimonial, porque la principal cuestión de esta relación radica en la afectividad. Si solamente se tuviera en cuenta la cuestión jurídica o se refiriera a la legítima hereditaria podría concebirse todo esto como una situación, de suyo, solucionable, porque el derecho posee los medios adecuados para lograr estos fines. Pero, entre el adoptante y el adoptado y, más aún entre el padre y el hijo biológico, se crean lazos afectivos donde la castidad celibataria asumida en la ordenación diaconal que los obliga a observar “una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos... para unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres”[9], se verá particularmente comprometida. La castidad la manifiesta asumiendo voluntariamente el celibato eclesiástico, con todo lo que ello conlleva.
La exigencia que solicita la Iglesia al clérigo en este sentido es una expresión de totalidad de la donación de sí mismo a Dios, que va desde la renuncia al matrimonio, comprendiendo también la paternidad natural, para recibir como don de Dios, una paternidad espiritual donde la exclusividad de cualquier clase queda descartada. Tener un hijo propio o adoptar uno ajeno es siempre una limitación para desarrollar y vivir una paternidad espiritual destinada a todos. Muchas veces la ley del celibato viene expresada como una disposición disciplinaria de la Iglesia, pero se debe recordar que su motivación más profunda se encuentra en la configuración del sacerdote con Cristo, esposo de la Iglesia, la cual es amada por Él de un modo exclusivo y total. La toma de conciencia de esta situación confiere mayor eficacia al ministerio del clérigo porque unirá a su promesa voluntaria la realidad esponsal que corresponde a su carisma.
El celibato, en sí mismo considerado, no surge primeramente de la legislación eclesiástica. Debe considerarse como un don del espíritu, como un carisma y como una respuesta libre que una persona da a ese don. Por eso no se trata de una obligación jurídica sino, sobre todo, de una condición moral. El orden a tener en cuenta es teológico porque procede de una especial relación entre el que ha sido llamado al celibato y Dios mismo. En la Iglesia latina se conserva esta visión tanto para los sacerdotes como para los diáconos transeúntes y para aquellos permanentes celibatarios.

Por todo lo dicho podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1- El sacerdote que se transforma en padre físico, limita enormemente la actividad misma de la Iglesia además de la suya propia, porque de este modo uno de sus carismas ha sido singularmente rechazado. En el orden canónico existen para este caso algunas normas en el derecho penal, pero siempre y cuando a la paternidad física le precedan otros delitos, como en el caso del que atenta matrimonio, aunque sólo civilmente si, después de haber sido amonestado, no cambia su conducta y continúa dando escándalo[10]; también en el caso del clérigo concubinario o si permanece con escándalo en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo[11] y, por último, si ha cometido un delito contra este mismo mandamiento, con violencia o amenazas o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad[12]. Si bien es cierto que la concepción de un hijo por parte del clérigo puede incluirse muchas veces en algunos de los casos precedentes, no lo es menos que existen excepciones de hecho donde el superior no encuentra el modo adecuado de proceder. En tal caso deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares que lo componen y se debe seguir las normas que el Obispo diocesano decida aplicar. En ésta delicada situación se tratará de proporcionar toda la ayuda necesaria al clérigo en cuestión, para que él mismo (y no los Superiores) asuma todas las responsabilidades que el derecho natural y las leyes civiles le imponen en relación a la madre y al menor. No son los superiores jerárquicos quienes de primera mano deberán hacerse cargo de los errores cometidos por el clérigo. Y el Obispo no olvidará la justicia debida a la comunidad que ha quedado herida en estas circunstancias. No basta que el clérigo sea privado del oficio que desempeñaba hasta entonces, que será la primera medida medicinal, sino que buscará de todas maneras curar esas heridas transfiriendo allí a otro clérigo capaz de propagar la esperanza convenientemente. La continuidad del clérigo celibatario transformado ahora también en padre físico, será de dificultoso camino y cuya aceptación pertenece a la discrecionalidad del Obispo diocesano, teniendo en cuenta a todas las personas, sin excepción, que se encuentran involucrados en esta situación.

2- En el caso de la adopción se debe recordar que el Directorio Tota Ecclesiae expresa que la ley eclesiástica del celibato, por una parte confirma el carisma mostrando la íntima conexión del ministro sagrado con Cristo y con la Iglesia y, por otra, tutela la libertad de aquel que lo asume[13]. El celibato sacerdotal es más que la simple castidad y no se identifica con el hecho de no estar casado o con la continencia sexual, es la renuncia a una triple tendencia natural: la función genital, el amor conyugal y la paternidad humana “por amor al Reino de los cielos”. Constituye un modo verdaderamente auténtico de testimoniar los valores religiosos y por ello no es una negación o una fuga sino una sublimación de la sexualidad[14]. Por lo tanto el contenido de la obligación del celibato eclesiástico es también renuncia a la paternidad humana como presupuesto a la paternidad espiritual, ya que es el contenido del carisma del ministerio sacerdotal y expresión de la donación de sí mismo.
La paternidad natural o adoptiva, lo mismo que el matrimonio, coartan necesariamente el “ser para los otros” ya que prevalecen los límites de la familia natural. La esponsalidad espiritual con la Iglesia o la paternidad de los hijos de Dios, abre al amor que no viene de la carne ni de la sangre, sino de los hijos de Dios. Así, la renuncia a la paternidad natural es también signo de la trascendencia de la realización histórica del hombre y de la esperanza en una posteridad[15].

En el plano de la norma jurídica, el canon 285§§1y2 dice:
“§ 1. Los clérigos se abstengan por completo de todo aquello que desdice de su estado, según las prescripciones del derecho particular.
§ 2. Los clérigos eviten aquellas cosas que, aun no siendo indecorosas, son sin embargo extrañas al estado clerical”.

Junto con otros cánones tutela la identidad del ministro sagrado de la Iglesia llamado por Dios a consagrarse a su servicio. Si bien es cierto que la validez de los actos ministeriales no depende del estilo de vida que lleve el ministro, sin embargo influye en la eficacia apostólica. El contenido del carisma de servicio que posee el clérigo incluye, sobre todo, la paternidad espiritual y, sumado éste al carácter consacratorio que posee la castidad celibataria desde el momento de la ordenación diaconal, deberá evitar todo aquello que no esté en armonía con el contenido de esa virtud.

Por todo ello es posible concluir que la adopción de menores por parte de clérigos es altamente inconveniente. Las razones se encuentran principalmente, como ya se ha dicho, no en la naturaleza jurídica sino en la consagración personal que se expresa teológica y espiritualmente en el celibato. Aparecen sí algunas dificultades en la prohibición de administrar bienes en los casos de tutela y curatela sin licencia del Ordinario[16]. Pero aunque no existe una prohibición explícita en el Código de Derecho Canónico, la vida y misión del clérigo no pueden ser llevadas con una visión minimalista. Se trata de buscar el mejor modo posible de conjugar el don recibido y su ejercicio en el ministerio. Un clérigo que adopte un menor, aún con la mejor intención de proveer sus necesidades materiales y/o afectivas, no deberá olvidar que creará en él mismo una relación con el adoptado a semejanza de la que se tiene en la paternidad natural. Su mundo afectivo se verá comprometido y la donación de sí mismo en la Iglesia tendrá la limitación que precisamente pretende eliminar el celibato.
La situación que crea la adopción en el mundo afectivo del clérigo no es la única. Puede suceder también en cualquier otro tipo de particularización expresada especialmente con algunos de sus familiares o amigos. Aún permaneciendo en los límites de la continencia, no pocas relaciones, consanguíneas o no, son muestra de una compensación afectiva que no está integrada en la virtud sobrenatural de la castidad celibataria. No existe una tercera vía entre el matrimonio y el celibato, porque el don ofrecido es y debe ser totalizante, tanto en el sacramento del matrimonio como en la llamada a la virtud de la castidad del celibato por el Reino de los Cielos. El ligamen con la parentela legal o la consanguínea deberá estar integrado en el estado de vida que libremente se ha asumido, tanto en el matrimonio como en el celibato. La libertad buscada no es solamente “frente a”, ni tampoco “libertad de”, sino especialmente “libertad para”. Anunciar el Evangelio con autoridad quiere decir –necesaria y contemporáneamente- exhibir también el testimonio de un amor fraterno e incondicionado. El clérigo custodia la propia libertad para poder amar en plenitud con todos los medios que la Iglesia pone a su alcance. El daño provocado a la evangelización por la falta de libertad afectiva, en todas sus formas, es muy grande para no ser tenido en cuenta. Todas las personas se dan cuenta cuando son amadas por alguien que ha aprendido a conservar la libertad interior y la expresa convenientemente en este sentido. Y, por supuesto, también son conscientes de lo contrario.

El Obispo diocesano puede prohibir a un clérigo que realice una adopción legal porque es el custodio de toda la vida de la Iglesia a él confiada. No puede sostenerse que tal prohibición sería una violación de un derecho natural. En primer lugar porque no está claro, en sí mismo, que la adopción pertenezca al derecho subjetivo de cualquier persona, ya que sí lo es si se lo refiere al matrimonio pero no a quién ha hecho renuncia voluntaria a él. Y en segundo lugar, porque corresponde al Obispo diocesano atender con peculiar solicitud a los presbíteros, defender sus derechos y cuidar de que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado[17]. La intervención de la autoridad eclesiástica será el modo de regular convenientemente esta situación y por lo tanto es siempre absolutamente legítima.

Las asociaciones prohibidas a todos los clérigos

Las asociaciones prohibidas a todos los clérigos, no solamente a los diocesanos, son las que se detallan en el canon 278§3.
“§ 3. Los clérigos absténganse de constituir o de participar en asociaciones cuya finalidad o actividad sea incompatible con las obligaciones propias del estado clerical o que puedan ser obstáculo para el cumplimiento diligente de la tarea que les ha sido encomendada por la autoridad eclesiástica competente”.
La Declaración de la Sagrada Congregación para el Clero Quidam Episcopi[18], prohíbe a los clérigos:
1º Pertenecer a aquellas asociaciones que van en contra de la comunión jerárquica de la Iglesia y dañan la identidad sacerdotal.
No está permitido, ni tampoco se puede permitir, que el derecho de asociación del clero, tanto en el ámbito eclesial como en el civil, sea ejercido formando parte de asociaciones o movimientos que impidan la comunión jerárquica de la Iglesia y dañen la identidad sacerdotal y el cumplimiento de los deberes que los sacerdotes realizan al servicio del Pueblo de Dios[19].
2º Asociarse a aquellas que persiguen fines relativos a la política.
Aunque no sean éstas asociaciones de carácter clericales sino sólo erigidas civilmente, pero con fines políticos, abierta u ocultamente, y aunque “aparezcan externamente buscando favorecer ideales humanitarios, de paz o de progreso social”[20]. Estas asociaciones causan discordias en el Pueblo de Dios y rompen la comunión eclesial[21].
3º Promover y asociarse a las que intentan juntar a diáconos y a presbíteros en forma de sindicato.
Se trata de asociaciones que pretenden reunir a todos los clérigos, cambiando el ministerio sagrado por una profesión o un oficio, donde el Obispo se constituye en empleador y ellos en empleados. La comunión eclesial es reducida a una relación laboral. La principal finalidad parece estar en el poder que adquiere la asociación por la “unión sindical”, transformándose así en verdaderos grupos de presión para obtener reformas inadecuadas en la estructura de la Iglesia. Son consideradas, en sí mismas, como improcedentes y por lo tanto prohibidas para todos los clérigos[22].
4º Inscribirse en una asociación que maquina contra la Iglesia[23].
En la legislación anterior, en el Código de Derecho Canónico de 1917, se prescribía: “Excomunión reservada simplemente a la Sede Apostólica” a quien diera el nombre a una secta masónica o a otra asociación del mismo género, “que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas”[24]. Se entendía por estas sociedades a aquellas que tenían, como fin propio, el desarrollo de una actividad subversiva valiéndose para ello de medios ilícitos[25].
Una Instrucción del Santo Oficio[26], señala que se comprenden bajo este canon, todas aquellas asociaciones que exigen juramento de guardar absoluto secreto y de prestar ciega obediencia a todos los jefes, cuyos mandatos y figuras se constituyen en el misterio.
Ya cerca de la promulgación del Código actual, el 19 de julio de 1974[27], la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, interpretando el valor del canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917, envió una Carta a las Conferencias Episcopales. Se señalaba en aquella oportunidad que la ley penal debe ser interpretada en sentido estricto y por eso, este canon, se debe aplicar sólo a los católicos que se inscriben en asociaciones que de hecho actúan en contra de la Iglesia. Sin embargo, eso no cambiaba la ley que prohibía a los clérigos, religiosos y miembros de institutos seculares, de inscribirse en asociaciones masónicas.
El 17 de febrero de 1981, se reafirmó, por parte del mismo Dicasterio, la posición doctrinal de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas y a otras del mismo tenor. Allí se precisó que la disciplina canónica no había sido modificada y por lo tanto no estaban abrogadas ni la excomunión, ni las demás penas previstas en el Código[28].

La actual normativa es la siguiente:
“Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia, debe ser castigado con una pena justa; quien en cambio promueve o dirige una asociación de ese tipo, debe ser castigado con entredicho”[29].
Según el canon, el delito se comete con la inscripción y no con la simple asistencia a los lugares de reunión. La inscripción debe entenderse en sentido amplio, porque en muchas de esas asociaciones no existe inscripción propiamente dicha debido el carácter secreto, pero sí ritos o procedimientos de iniciación. En tales casos debe tenérselos a estos como sinónimo de inscripción. Los delitos que puedan cometerse después, como consecuencia de este hecho, no están incluidos en esta norma y deben considerarse individualmente. El delito permanece mientras permanece la inscripción.
La asociación ha de tener, como el fin principal o como uno de sus fines, realizar actos en contra de la Iglesia. A diferencia del Código piobenedictino, no se nombra a la secta masónica explícitamente, sino que la incluye en un supuesto general.
Pero después de la promulgación del actual Código de Derecho Canónico y a raíz de esta no mención explícita, ante la duda de si el juicio de la Iglesia ha cambiado respecto a la masonería, se respondió que el juicio permanece inmutable, es decir negativo, porque los principios son inconciliables con los de la Iglesia católica. Por lo tanto, la inscripción de un católico a la secta masónica permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden acceder a la comunión[30].
Un caso especial fue el del Rotary Club, ya que este se encontraba entre las asociaciones prohibidas para los clérigos[31] debido especialmente a la mentalidad que los guiaba[32]. Sin embargo, la norma que rige actualmente, considerando el canon 1374 y las respuestas precedentes a la promulgación del Código de Derecho Canónico, deja a las Conferencias Episcopales respectivas, la facultad de permitir la inscripción de los clérigos y religiosos a esta asociación[33].
El derecho de asociación de los clérigos debe entenderse únicamente con carácter instrumental, especialmente para las que “estimulan a la santidad en el ejercicio del ministerio y favorecen a la unidad de los clérigos entre sí y con el propio Obispo[34]. Por lo tanto, la prohibición asociativa que expresan concretamente las normas, no debe entenderse como limitaciones de la libertad de los clérigos, sino “como un requerimiento de utilización a la libertad, conforme a la condición jurídica asumida, como fruto, justamente, de la propia libertad”[35].
5º No tomar parte activa en los partidos políticos ni conducir asociaciones sindicales[36].

LO QUE CONVIENE AL ESTADO CLERICAL EN SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

En orden sistemático puede hacerse referencia a los distintos ámbitos en los cuales el clérigo realiza su misión apostólica. Si bien es cierto que las circunstancias que rodean a la misión sagrada no deben excluir de antemano ningún espacio ni tiempo, no por ello se debe olvidar la condición sagrada de lo que el clérigo es y de lo que en sí mismo representa, cualquiera sea su obra apostólica. El estado clerical supone dignidad divina por lo que debe ofrecer y celebrar. El contenido del mensaje de fe puede quedar oscurecido por la limitación del mensajero, y es por ello que el cuidado en este sentido no es sólo conveniente sino necesario.
Para una mejor comprensión de la norma canónica se ha buscado diferenciarla en los distintos espacios apostólicos:
1- En el ámbito social[37];
2- En el ámbito político[38];
3- En el ámbito económico[39];
4- En el ámbito militar[40];

En el ámbito social

El canon 285§1 prohíbe las actividades llamadas indecorosas. El canon 285§2 prohíbe lo que aún no siendo indecoroso, desdiga a la vida del sacerdote. Corresponde al derecho particular concretizar cuales son estas situaciones a las que hace referencia.
En general alude a todas aquellas ocupaciones que “desdigan” o sean “extrañas” a la vida clerical y así le son impropias, aunque no aparezcan contempladas específicamente en esta u otras leyes. Por lo tanto deben tenerse en cuenta las circunstancias de tiempo y de lugar de la Iglesia particular y del mismo clérigo.
En el Código de 1917[41] se citaba con precisión determinados comportamientos. Las prohibiciones que incluían estos cánones fueron tomadas al pie de la letra de diferentes Decretales o de textos conciliares anteriores.
Por “profesiones indecorosas”, se entendía, por ejemplo, el de encargado de tabernas, el de carnicero, el de actor de teatro, el de bufón u otra forma de conexión con el mundo del espectáculo.
Por “juegos de azar”, la ley entendía además de la frecuencia y afección al juego, la prohibición de apostar fuertes sumas. Dejaba como lícito apostar aquella cantidad que se estimaba “según lo común a gente honesta”[42].
Sobre “la caza” la prohibición era total, pero especialmente estaba prohibida la “clamorosa” (la otra, se llama “tranquila”) que consiste en uso de perros de caza, instrumentos sonoros, asistentes y otros animales de tiro o vehículos especiales. La Congregación del Concilio declaró, el 11 de junio de 1921, que el Obispo no podía prohibir a sus clérigos la caza no clamorosa con pena de suspensión ipso facto, a no ser que existieran graves y especiales razones[43].
La prohibición de asistir a espectáculos públicos, estaba subordinada a cualquiera de los dos presupuestos: “Si desdecían su condición” de clérigos o si “su presencia causaba escándalo”[44]. La interdicción incluía: asistencia a espectáculos públicos mundanos o de cierta ligereza –pompae-, corridas de toros, etc., pero siempre que se cumpliera con aquellas condiciones. En cuanto a la asistencia a espectáculos de cine, hay distintas praxis observadas, que van desde la prohibición total[45] hasta no incluir la cinematografía entre las limitaciones a los clérigos, en este canon[46].

La norma actual, redactada en forma genérica, subraya la necesidad de rechazar conductas impropias del clérigo. Las normas particulares se ajustarán mejor a la cultura, al lugar y al tiempo, aunque no manda a legislar a las Conferencias Episcopales, ni a los Ordinarios, en este sentido. Sin embargo, en el caso en que se redactasen normas al respecto, corresponderá a cada Obispo en su diócesis y no a la Conferencia Episcopal en su conjunto, debido a lo particularísimo del tema.
Algunas de estas prescripciones se encuentran claramente ligadas con la obligación que posee el clérigo de llevar una vida sencilla. Y, por lo tanto, se abstendrá de todo aquello que pueda parecer vanidad[47]. En otros casos, en cambio, se trata de salvaguardar los signos sagrados que posee el ministerio sacerdotal. Así, aunque no esté expresamente dicho en el Código actual, la autoridad competente podrá declarar alguna conducta llevada por un clérigo, como extraña a la vida clerical pudiendo invocar el canon 285§1. Por este motivo, por ejemplo, se declaró, en su momento la prohibición a los clérigos y a los religiosos de ejercer como psicoanalistas[48].

En el ámbito político

Los oficios públicos que comportan una participación en el ejercicio del poder civil están reglamentados en el canon 285§3.
“§ 3. Se prohíbe a los clérigos asumir oficios públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”.

Esta potestad se entiende tanto en la legislativa, como en la judicial o en la administrativa. El Ordinario del lugar puede dispensar de esta prohibición, siguiendo las leyes generales de la dispensa canónica[49].
La violación de ésta norma puede dar lugar a sanciones penales por vía de precepto singular, pero también aplicando el canon 1399 que canoniza el principio de discrecionalidad en materia penal, en casos de gravedad de la infracción y surja la necesidad de prevenir y de reparar escándalos.
El antiguo Código de Derecho Canónico de 1917 prescribía “no solicitar” cargos de senadores o de diputados, ni “aceptarlos” sin licencia de la Santa Sede donde hubiere prohibición pontificia, o sin licencia del Ordinario suyo o del lugar en que se ha de hacer la elección[50]. La comisión intérprete del Código de Derecho Canónico de 1917, había concluido que los Cardenales, Arzobispos u Obispos sólo podían acceder a esos cargos legislativos, si en virtud de una ley civil vigente tenían ya esos cargos y hubieran sido aprobados también por la Santa Sede. Además sostenía que los Ordinarios debían ser más bien severos que fáciles a la hora de otorgar estas licencias[51]. La Sagrada Congregación del Concilio prohibió a los eclesiásticos la acción política, si en ella no se conformaban las instrucciones de la Sede Apostólica, cargando con pena canónica aplicada para el que así no lo hiciere[52].
La prohibición del canon actual, no entiende sólo la de la potestad legislativa, sino la de cualquier “participación en el ejercicio de la potestad civil”, sin distinción de sus formas. La redacción es de estricta prohibición –vetantur- y por lo tanto en forma expresa.

En el ámbito económico[53]

Le queda prohibido a los clérigos la administración de bienes laicales[54], ya sea mediante la gestión de patrimonios pertenecientes a particulares o a empresas o a sociedades civiles o a la administración pública.
Lo prohibido por el canon es toda aquella gestión que entrañe rendición de cuentas.
Si la actividad desempeñada fuera profesional, la prohibición es la que prescribe el canon 286.
La prohibición no alcanza al patrimonio propio, siempre que no sea o se transforme en profesional.
El canon también prohíbe salir fiadores, incluso con sus propios bienes. Se llama fianza al contrato por el cual se obliga uno a pagar o a cumplir con un tercero, en el caso de no hacerlo éste mismo. Por eso, se incluye en la prohibición de esta norma también al aval, mediante el cual se afianza el pago de una letra.
También se prohíbe firmar documentos en los que se asuma la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar la causa. Esto es una medida dirigida a limitar los riesgos del patrimonio eclesiástico y a no exponer, sin la debida prudencia, la figura del ministro sagrado que representa visiblemente el rostro de la Iglesia. Han desaparecido del canon, la prohibición que la legislación anterior hacía al clérigo de salir de testigo, ni de tomar parte alguna sin necesidad, de los juicios laicales criminales, ni la de ser abogados o procuradores en los mismos. En este último caso sólo se permitía cuando ejercían esos oficios en los tribunales eclesiásticos o en causa propia o de la Iglesia, en el fuero civil[55]. Esta norma actual del canon no obliga a los diáconos permanentes[56].

En el ámbito militar

El canon 289§1 manda que nadie se presente voluntariamente a hacer el servicio militar, como también invita a que se acojan a las exenciones que algunos Estados establecen a los clérigos en este aspecto[57].
“§ 1. Dado que el servicio militar es menos congruente con el estado clerical, los clérigos y asimismo los candidatos a las órdenes sagradas no se presenten voluntariamente a la milicia, si no es con licencia de su Ordinario.
§ 2. Los clérigos han de utilizar las exenciones que, para no ejercer cargos ni oficios civiles públicos extraños al estado clerical, les conceden las leyes y acuerdos o costumbres, a no ser que el Ordinario propio determine otra cosa en casos particulares”[58].
El canon no plantea la cuestión moral de la vida militar, sino que afirma que esta forma de vivir no va acorde con la vida del clérigo. La normativa se refiere a “presentarse voluntariamente” y hace alusión a lo que comúnmente se conoce como “Ley civil del servicio militar” que obliga también a los clérigos según algunas legislaciones. El canon también se refiere al servicio militar propiamente dicho, a aquél que supone la portación de armas. Por lo tanto no excluye directamente a ciertos servicios auxiliares. Deberá tenerse en cuenta también, para la aplicación de esta norma, la legislación vigente en cada país, especialmente cuando media una situación concordataria que regula la actuación de los clérigos en las fuerzas armadas. A su vez, la figura de la objeción de conciencia, si posee tutela jurídica en ese país, también posee conexión con el actual canon y es legítimo su uso por parte también del clérigo, cuando su situación no está incluida en las excepciones.
La legislación sobre el servicio militar incluye también a los diáconos permanentes.

[1] Cf. cáns. 756§2; 386§1; 392§2.
[2] Cf. can. 768.
[3] Cf. can. 18.
[4] Cf. cáns. 386, 392, 753 y 756§2.
[5] Cf. can. 360; CA PB art. 48-55.
[6] Cf. CA PB art. 13.
[7] Cf. Sentencia del Juzgado de menores, 3º nominación, Córdoba, 16-IX-1987. El Derecho, Buenos Aires, (1990) t. 136 p. 695.
[8] G. A. Borda, Tratado de derecho civil, Familia, T. II, Buenos Aires (1977)6 p. 149.
[9] Can. 177§1; PO n. 16.
[10] Cf. can. 1394§1.
[11] Cf. can. 1395§1.
[12] Cf. can. 1395§2.
[13] Cf. n. 58.
[14] Cf. CPC. Orientamenti educativi per la formazione all celibato sacerdotale n. 47.
[15] Cf. G. Ghirlanda, Celibato e adozione di menorenni da parte di chierici, Periodica 92 (2003) pp. 383-415.
[16] Cf. can. 285§3.
[17] Cf. can. 384.
[18] Quidam Episcopi, del 8-III-1982.
[19] Cf. n. 1.
[20] R. Cabrera López, El derecho de asociación del presbítero diocesano, Roma (2002) p. 92.
[21] Cf. n. 3.
[22] Cf. n. 4.
[23] Cf. can. 1374.
[24] Can. 2335 CIC´17.
[25] Sociedades nihilistas, anarquistas o comunistas. Cf. L. Míguelez, Comentario al canon 2335 CIC´17, Madrid (1945).
[26] Del 10-V-1884 Cf. L. Míguelez, Comentario al canon 2335 CIC´17, Madrid (1945).
[27] SCDF, Carta Circular, Complures episcopi.
[28] Cf. Decl. SCDF.
[29] Can. 1374.
[30] Cf. SCDF. Decl. Quaesitum est, del 26-XI-83.
[31] Cf. SCCons., Dubium, del 4-II-1929; SCSO, Decretum 20-XII-50.
[32] Cf. Pablo VI, Aloc. Una parola, a los socios italianos del Rotary Club, del 20-III-65.
[33] Cf. SCDF, Respuesta, del 22-XII-73.
[34] Cf. PO n. 8; Direct. TE n. 88.
[35] Cf. J. Otaduy, CECIC. Comentario al can. 278, T. II/I, p. 342.
[36] Cf. can. 287§2.
[37] Cf. can. 285§1 y 2.
[38] Cf. cáns. 285§3 y 287.
[39] Cf. cáns. 285§4 y 286.
[40] Cf. can. 289§1.
[41] Cf. cáns. 138 al 142 CIC´17.
[42] Cf. R. Naz, op. cit. pág. 851, vol. 3.
[43] Cf. AAS 13 (1921) p. 498.
[44] Cf. can. 140 CIC´17.
[45] Decretos del Cardenal Vicario de Roma de 1909 y 1918.
[46] Cf. R. Naz, op. cit. p. 852: “Le Code n´interdit pas l´assistence aux représentation de cinéma, même publiques”.
[47] Cf. can. 282§1; Direct. TE n. 67.
[48] Cf. SCSO, del 15-VII-61. Este Monitum no parece haber sido abrogado por las normas actuales.
[49] Cf. can. 87.
[50] Cf. can. 139§4 CIC´17.
[51] Cf. Comisión de Interpretación del CIC´17, del 22-IV-22.
[52] Cf. SCConc., del 15-III-27.
[53] El tema fue explayado anteriormente al hacer referencia a la sencillez de vida que corresponde al presbítero.
[54] Cf. can. 285§4.
[55] Cf. can. 139§3 CIC´17.
[56] Cf. can. 288.
[57] Cf. can. 289§2.
[58] Can. 289.

Dr. Álvaro Castro Estrada

2008-07-24T11:28:00.000-07:00

Palabras del Dr. Álvaro Castro Estrada,
Director General de Asociaciones Religiosas de la
Secretaría de Gobernación de México, en ocasión del
VI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de
Libertad Religiosa con la temática general
Religiones y Medios. Visión Jurídica.

“Medios de comunicación y
asociaciones religiosas en el Derecho mexicano”.

Río de Janeiro, Brasil, septiembre de 2006.

Con mucho gusto vengo a este pujante país y a la bella ciudad de Río de Janeiro para participar en el VI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, presidido dignamente por el Dr. Juan Navarro Floria, de la Argentina.
Agradezco a nuestros anfitriones brasileños, en especial al Dr. Adam Kowalik, por su amable hospitalidad.
Reconozco, igualmente, la ardua labor que existe detrás de la organización de este relevante acto; reconocimiento que hago extensivo a las importantes instituciones que están apoyando la realización de este evento.
Estoy seguro que en este espacio de rico diálogo e intercambio de experiencias, nos brindará un significativo acervo de elementos de consideración que fortalecerá los lazos académicos y de amistad que impera en el Consorcio, como aquí lo podemos constatar.
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En esta ocasión, les vengo a presentar el tema de los medios de comunicación y las asociaciones religiosas, a la luz del Derecho mexicano. Es un asunto donde todavía, hay que reconocer, tenemos buen camino hacia donde avanzar.

Ante el proceso de transformación sociopolítica que vive mi país, la discusión sobre la ampliación de los derechos y las libertades debe ser un tema prioritario, máxime cuando ello deriva de la supresión de restricciones específicas que respondieron a razones de otras épocas. Como se sabe, en el período que tuvo como marco el cambio del virreinato a la emancipación del país, hubo enfrentamientos severos entre el poder político y sectores eclesiásticos.
Las posiciones de ambas vertientes estaban confrontadas en torno al concepto de soberanía y el pueblo mexicano tuvo que vivir las consecuencias de los reacomodos que la época demandaba, cuyas repercusiones se traducían en el menoscabo de espacios para actuar y desarrollarse en un ambiente de libertad. Ello, evidentemente, en perjuicio de la propia población. Se llegó al grado incluso de restringir la participación de las entidades religiosas y sus ministros en la vida pública del país, tratando de constreñir su actuación hacia el interior de los templos únicamente, lo cual, va en contra de la propia naturaleza social del ser humano.
Dichas consecuencias, trascendieron décadas que provocaron un severo retraso en la marcha del país por el camino de la promoción y protección de los derechos humanos. Con madurez y con visión histórica, en México hemos sabido superar, no sin dificultades, mucho de aquellas razones que motivaban divisiones y enfrentamientos.
Es claro que las actuales circunstancias sociales, económicas y políticas no son siquiera similares a las de la Nueva España o el México independiente o el México revolucionario o el post-revolucionario. En materia de relaciones Estado-iglesias, distamos mucho de lo que el país vivió en épocas pasadas. Nuestro sistema de separación del Estado y las iglesias, así como nuestra vocación laica, genera un clima social propicio para el eficaz ejercicio de los derechos y libertades. Nuestra Constitución, garantiza la libertad de creencias y culto a toda persona sin ningún tipo de distinción y prohíbe la discriminación por motivos religiosos u otros.

El Estado, en consecuencia, es el principal promotor y garante de las libertades públicas. Ahora, la interlocución que se desarrolla entre las iglesias y las autoridades gubernamentales, está orientada por el diálogo fluido y abierto, por el respeto mutuo y la colaboración. Existe un reconocimiento de cada cual en la sociedad, bajo la pauta de la democracia y, por consiguiente, de la égida de los derechos humanos. Mi país ha vivido una positiva evolución en muy distintos ámbitos. El sistema jurídico va respondiendo al devenir social, complejo en sí mismo, pues las sociedades cada vez estamos más interconectadas.
La sociedad mexicana tiene una composición heterogénea, donde confluyen y conviven personas y grupos con una identidad propia que los diferencia unos de otros. La sociedad civil organizada amplía sus ámbitos de actuación. Por su parte, las instituciones públicas, laicas en esencia, han fortalecido su andamiaje que les da una positiva proyección en el entramado social. La tendencia que prevalece en la nación mexicana, es el bien común de todos los sectores de la sociedad, donde participan activamente personas en lo individual, grupos, organizaciones y los distintos ámbitos de gobierno.
En este plano se inscriben las iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros de culto, quienes son importantes actores de nuestra sociedad.
Es justo valorar el aporte social y cultural de las religiones e, igualmente, aquilatar el trabajo ministerial que a favor de las comunidades realizan las iglesias y agrupaciones religiosas. La participación directa de los ministros de culto en estas loables acciones, constituye un factor indispensable. En suma, son portadores de valores morales, éticos y religiosos. Son actores activos de nuestra sociedad. Muchas veces, su tarea incide en la vida pública del país, lo cual es legítimamente válido en las democracias modernas.
México entonces, vive nuevas realidades, mismas que deben ser entendidas en toda su magnitud y atendidas conforme exige la democracia. En la medida que se tutelen de manera justa y efectiva mayores dimensiones de los derechos y libertades, podemos aspirar a construir una sociedad más democrática. La libertad religiosa, en este sentido, juega un papel relevante. La consolidación de la democracia mexicana, está siendo cimentada desde muy diversos frentes y con muy distintos esfuerzos. A veces, los esfuerzos de unos guardan coincidencias con los de otros y es a partir de entonces que podemos edificar una fuente de intercambio de opiniones y de argumentos sólidamente sustentados que permitan generar acuerdos. El derecho a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, constituye una de las piedras angulares de los derechos humanos, en correspondencia con la dignidad humana.
En cuanto al concepto de libertad religiosa, como ustedes saben, el Derecho Eclesiástico del Estado, señala que la libertad religiosa se integra por una serie de dimensiones, a saber: Libertad de conciencia, de culto y de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas, así como de enseñanza; derecho a la formación religiosa de los miembros de la confesión, a la instrucción religiosa, a la reunión y manifestación con finalidad religiosa, así como a la asociación religiosa; objeción de conciencia y asistencia espiritual.
Por tanto, en el concepto mismo de la libertad religiosa, subyacen derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de creencias y de culto, así como la libertad de educación, por ejemplo.
En el caso mexicano, éstas y otras libertades y derechos se encuentran tutelados jurídicamente por el Estado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; ordenamiento de carácter federal, que reglamenta las disposiciones constitucionales en materia religiosa.
La denominación de esta ley, describe muy bien su ámbito de aplicación en términos generales; esto es, el marco de actuación de las asociaciones religiosas, particularmente en lo relativo al culto público, a realizarse dentro y fuera de los templos, y respecto al culto religioso que se difunde en los medios masivos de comunicación no impresos. En este sentido, el amparo del Derecho cubre principalmente la dimensión social de las creencias y prácticas religiosas, ámbito de actuación que le compete al Estado proteger.
La figura de la Asociación Religiosa, mediante la cual las iglesias y agrupaciones religiosas están en posibilidad de adquirir personalidad jurídica, constituye hoy día un presupuesto indispensable para que la libertad religiosa sea real y efectiva en la esfera colectiva. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1992, y la consecuente expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ampliaron la tutela jurídica de la libertad de creencias y de culto en mi país, y modernizó las relaciones entre el Estado y las iglesias.
De esa manera, México se ha sumado a la corriente universal de la protección del derecho a la libertad religiosa, lo que ha traído cambios positivos e importantes no sólo al marco jurídico nacional, sino en los hábitos y conductas de la población y, por consiguiente, en las acciones de gobierno también. A partir de entonces, se han ido cristalizando importantes avances en esta materia, favoreciendo un cambio cultural profundo, donde se reconoce a la pluralidad de credos que la población practica y se da cabida al valor de la tolerancia para reconocer al diferente y respetar su derecho de creencias religiosas y de culto. Actualmente, existen 6,586 asociaciones religiosas debidamente constituidas. Entre los derechos de los gozan las asociaciones religiosas, se encuentra el de propagar su doctrina y esto incluye la posibilidad de utilizar la radio y la televisión. Sin embargo, cuando se trata de actos de culto religioso, para su legal transmisión a través de medios masivos de comunicación no impresos, se deberá contar con autorización de la Secretaría de Gobernación.

Las cifras que arrojan los registros indican cero transmisiones en 1992, cuando entró en vigor la ley. Para el año siguiente, se verificaron 32 transmisiones y en 1993, sólo 24. A partir de 1997, las transmisiones superaron la cifra de las mil doscientas y comenzó una tendencia creciente.
Para el año 2002, el rango de las transmisiones alcanzó casi 14 mil, su máximo histórico, año en el que Su Santidad Juan Pablo II, visitó tierra mexicana por quinta ocasión, de manera que la cifras han tenido una fluctuación creciente en mayor o menor porcentaje. Estos datos, nos ofrecen una información muy reveladora sobre la que es menester reflexionar. Se ha vuelto una práctica habitual entre las asociaciones religiosas, la utilización de los medios de comunicación electrónicos para transmitir sus actos de culto religioso, incluso también se ha diversificado la programación televisiva y radiofónica, mediante la incorporación de contenidos con un perfil religioso. En complemento, se debe señalar, por otra parte, que existe una restricción legal en mi país para que las asociaciones religiosas y los ministros de culto puedan poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación; tampoco pueden adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva.
Desde el punto de vista del Derecho Comparado, prácticamente en todas las naciones democráticas no existe una restricción similar. En la mayoría de los países, como se sabe, las leyes que tienen que ver con los medios de comunicación masiva, no contienen ninguna prohibición acerca de que los grupos religiosos puedan ser dueños de estaciones de radio y televisión.
Son muy pocos los casos donde las leyes establecen expresamente que las organizaciones religiosas pueden ser propietarias y operar medios de comunicación, pero la ausencia de alguna restricción en dicha propiedad permite que las entidades religiosas sean dueñas de tales activos. En general, existe una tendencia significativa en el mundo alejada del control gubernamental en cuanto al contenido de los medios de comunicación masiva, hacia una mayor apertura del sistema de mercado. De hecho, a nivel mundial, se argumenta que el poder acceder a los medios de comunicación es un derecho humano fundamental.
Conforme a la fracción II, del artículo 27 constitucional, las asociaciones religiosas pueden adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para cumplir con su objeto, sin que se establezca ninguna prohibición taxativa en materia de medios de comunicación. Lo que sí constituye una condición, pero no restricción, es que las asociaciones religiosas se abstengan de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Resulta indispensable llevar al debate el problema de la igualdad de oportunidades de las asociaciones religiosas en la participación de los medios de comunicación electrónicos. De no ser así, no podremos seguir avanzando en la consolidación de una sociedad más equitativa. No es posible alcanzar una sociedad realmente democrática si a las asociaciones religiosas, como entidades de derecho público que son, se les niega el derecho de acceder al manejo de medios de comunicación social que les permita difundir sus doctrinas.
La existencia de restricciones y de exclusiones contra los actores del ámbito religioso, responde a reminiscencias del marcado laicismo que en el pasado se vivió en mi país, que si bien dejó grandes aportaciones a las instituciones públicas, su influencia en las políticas de promoción y protección de los derechos humanos, ha dejado de tener vigencia. Un Estado laico, como México, basa su toma de decisiones con ideas y con argumentos racionales, bajo criterios democráticos. En la laicidad, es posible implementar políticas incluyentes y prescinde de aquello que tienda a excluir de la arena pública a las personas y los grupos. Los valores del pluralismo y la tolerancia, son propios de un Estado laico, el cual debe estar a favor de la diversidad de ideologías, filosofías y creencias religiosas y está también a favor de la expresión de las convicciones, con los límites que requiere el orden y la moral públicos, así como los derechos de terceros.
La laicidad no alienta a los enfrentamientos y promueve, en cambio, la vía del diálogo y acepta el disenso, como parte inherente de la pluralidad, como presupuesto para mantener un clima social donde es posible actuar en libertad, donde las personas y los grupos, coexisten pacíficamente. Un Estado laico, no orienta sus políticas bajo criterios restrictivos ni impone límites que devengan en el menoscabo del ejercicio de los derechos o en la desigualdad de oportunidades de los ciudadanos y de sus organizaciones, como en el pasado prevaleció, sin embargo, ello puede y debe revertirse. La vigencia de la laicidad garantiza un régimen incluyente que fomenta el libre y responsable actuar de las personas, en igualdad de derechos y obligaciones. De ahí la trascendencia de fomentar el reconocimiento del aporte sociocultural de las diferentes religiones, y el de garantizar a toda persona el libre ejercicio de los derechos y libertades en materia religiosa, así como favorecer la relación interinstitucional con las asociaciones religiosas.
Tales restricciones vistos a la luz de la libertad religiosa, deben ser sometidos a la opinión pública con el propósito de redefinir sus alcances. Asimismo, este tema debe debatirse a partir de criterios de igualdad de oportunidades, evitando caer en algún tipo de privilegio. Dado que no existe restricción constitucional al respecto, es deseable y factible que se regule debidamente la actividad de los agentes religiosos en los medios de comunicación masiva, en congruencia con el carácter no lucrativo de las asociaciones religiosas. Se debe trabajar, entonces, en un proyecto que tenga por objeto derogar la prohibición a las asociaciones religiosas y ministros de culto prevista en el referido articulo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para adquirir, administrar o poseer medios masivos de comunicación no impresos, incluyendo concesiones de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación. Para asegurar que no se desvíen los fines de carácter religioso, la propuesta deberá establecer como condición para realizar este tipo de actividades que los ingresos obtenidos en virtud de las mismas sean destinados al objeto de la asociación religiosa.

Al derogarse la restricción, quienes decidan participar en el manejo de medios masivos de comunicación, deberán sujetarse a las reglas generales previstas al efecto, en congruencia con la naturaleza religiosa que les da sustento a las asociaciones religiosas y sus ministros. En segundo lugar, otro aspecto que se debe considerar, es lo relativo a establecer categóricamente en el artículo 21 de dicha ley, como derecho exclusivo de las asociaciones religiosas, transmitir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos.
Esto debido a que el Estado conoce las bases fundamentales de sus doctrinas y cuerpo de doctrinas, las cuales son presentadas a la autoridad administrativa para efectos del registro de las asociaciones religiosas. A diferencia de dicha obligación, las iglesias y agrupaciones religiosas que no cuentan con registro constitutivo como asociación religiosa, no tienen el deber de registrar ante la autoridad su doctrina. Con esto, se pretende resguardar a la población de posibles acciones oportunistas y poco serias. En tercer lugar, se debe derogar la necesidad de solicitar y obtener de la Secretaría de Gobernación, la autorización para transmitir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos, prevista en el propio artículo 21, párrafo segundo.
Entonces, se considera que este tema debe ser discutido ampliamente, ya que no es una situación que incumbe a la generalidad de asociaciones religiosas, y de haber una mayoría de apoyos, se impulsen las reformas necesarias para actualizar el marco legal en esta materia. En México, a lo largo de los catorce años de vigencia de las reformas constitucionales en materia religiosa, las asociaciones religiosas, académicos del Derecho Eclesiástico del Estado e investigadores del fenómeno religioso, han reiterado su interés en entrar al análisis del tema. Estos grupos, están a favor de ampliar los márgenes de derechos y libertades. En cambio, están en contra de seguir con un modelo de restricciones y de exclusiones.

El objetivo principal de una iniciativa de esta naturaleza, es traducir las demandas de estos grupos en unos preceptos jurídicos, de orientación democrática, con la convicción de reconocer este derecho y fomentar el uso responsable y congruente a la naturaleza no lucrativa de las asociaciones religiosas. Debemos ser optimistas en este sentido, porque se ha alcanzado en mi país un aceptable nivel de madurez en el sistema jurídico en materia religiosa, por eso, es momento de fomentar un fuerte impulso que nos lleve a ampliar el reconocimiento y tutela de la libertad religiosa. Una forma de lograrlo es, como aquí se ha plasmado, permitiendo a las asociaciones religiosas y a los ministros de cultos ejercer libremente este derecho fundamental de libertad religiosa.
Esto se lograría, como ya se anticipó, derogando la parte conducente del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a efecto de eliminar la prohibición a las citadas entidades para poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio o televisión. Por tanto, se debe revisar la conveniencia y modalidades de integrar un marco regulador que permita la participación de las asociaciones religiosas en la administración o posesión de medios masivos de comunicación no impresos, a través del régimen de permisionarios, el cual no conlleva el carácter lucrativo, al igual que los fines de las asociaciones religiosas.
En tal caso, se deberá cuidar el factor de proporcionalidad, estableciendo algún criterio de ponderación, por ejemplo: número de feligreses de las asociaciones religiosas o la fundación de entidades colegiadas integradas por varias asociaciones religiosas del mismo credo. Más allá de que los medios de comunicación masivos, constituyan un instrumento de difusión de las doctrinas religiosas, se debe tener en cuenta –asimismo– la trascendencia del servicio comunitario que las asociaciones religiosas hacen a favor de la sociedad en su conjunto. Finalmente, una apertura bajo los parámetros aquí expuestos, vendría a abonar –indefectiblemente– a la democracia mexicana, porque implica eliminar aspectos de control o de discrecionalidad que –hoy por hoy– resultan obsoletos y prescindibles, por lo que es fundamental analizar este tema y sus aristas, con toda pertinencia y responsabilidad, así como con sentido histórico y visión de futuro. Sabemos bien, que en este sentido, la academia, los estudiosos de estos temas, y las asociaciones religiosas, principalmente, tienen mucho que aportar al respecto.
Confiamos en que, a la postre, el proceso de análisis y debate nos ofrezca a los mexicanos, cómo resultado, un amplio y sólido acuerdo que se traduzca en la ampliación de la esfera de protección y garantía de la libertad religiosa.
Por su atención, muchas gracias.

Prof. Alberto de la Hera

2008-07-24T11:16:00.000-07:00

CONFESIONES RELIGIOSAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Prof. Alberto de la Hera
Universidad Complutense de Madrid

Me ha correspondido, en el Programa de este VI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, ocuparme de las Confesiones Religiosas y los Medios de Comunicación desde un punto de vista general. Entiendo que no se trata de presentar y analizar una normativa determinada: las normas de proyección internacional, o las leyes nacionales de uno o varios países concretos, que toquen de algún modo esta materia. Tal es el cometido de otras varias de las Ponencias, que asumen la perspectiva social y jurídica que es propia en este terreno de las diferentes naciones que integran el ámbito latinoamericano. Por mi parte, pienso que debo afrontar la cuestión desde un enfoque teórico y doctrinal, intentando en lo posible elaborar una visión de cuáles pueden ser las líneas maestras de la relación entre ambas realidades, las Confesiones y los Media. Se tratará, pues, de unas reflexiones en voz alta, al hilo de la problemática que nos ofrece el mundo actual en relación con la presencia del tema religioso en los medios de comunicación.

La sociedad presente puede ser calificada como una sociedad de la información; no es tan sólo que se tienda a que estemos informados de todo cuanto sucede, en cualquier ámbito del mundo, tan pronto como sucede, ni que se nos conduzca a interesarnos por lo que los media deciden que nos tiene que interesar. Todo eso son coordenadas de este momento de la historia que, para aceptarlas o rechazarlas, tenemos en todo caso que asumir. Pero se va más allá. El actual concepto de sociedad de la información ha superado incluso esos parámetros, y las redes de telecomunicaciones –no sé si es acierto o ignorancia el identificar éstas en especial con “internet”- son hoy un importantísimo vehículo de formación de los seres humanos, con mayor influencia en las mentes que la familia, la escuela o la universidad; lo que fundamentalmente hoy sabe el hombre actual es mucho más lo que le enseñan los medios que lo que le enseñan los maestros, empleando esta palabra en su acepción más amplia. Y esa “información formativa” que nace de los medios de comunicación alcanza también la temática religiosa.
Y, a partir de aquí, cabe hacerse una pregunta: la importancia y la influencia que alcanza cada tipo de información ¿responde a la demanda social, o son los medios los que crean, u orientan, esta demanda para satisfacerla luego?

En concreto, la demanda social de información y de formación religiosas ha de ser satisfecha en buena parte por las Confesiones, obligadas en consecuencia a la utilización de los modernos medios de comunicación. Éstos poseen la posibilidad de satisfacer tal demanda, de desviarla, de orientarla en diversos sentidos, de reducirla; la libertad de las Confesiones para ejercer el derecho de manifestación, expresión y enseñanza puede verse así comprometido en un grado mayor o menor. Toca al Estado velar para que tal cosa no tenga lugar, debiendo prestar las garantías oportunas al respecto, en la medida en que, a) posee canales propios de información; b) ha de garantizar a las Confesiones la posesión asimismo de sus propios canales; c) y ha de atender también a que otros canales privados no utilicen su libertad de expresión para violar las normas internacionales e internas que garantizan el respeto a la verdad. En tales condiciones, la demanda social de información religiosa será la que realmente sea y obtendrá la respuesta en los medios que realmente demande.
La garantía por parte del Estado a que acabamos de aludir supone la protección de la libertad de comunicación y manifestación, del pluralismo, del bien individual y colectivo, del acceso libre a los programas y fuentes de contenido religioso, del respeto a los valores y las convicciones. Y si todo ello ha de estar proclamado y reconocido como derecho de los individuos y de las colectividades por parte de los poderes públicos, toca a éstos muy particularmente la sanción penal, cuyo doble sentido preventivo y punitivo supone la más eficaz tutela de la justicia.

Si lo antedicho, en su evidente y superficial generalización, es de lógica e inmediata aplicación a los medios de comunicación que hasta fechas recientes han cubierto este mercado social –prensa, radio, televisión...-, su eficacia ante los nuevos medios resulta problemática en una medida del todo particular. Como empezábamos diciendo al iniciar estas líneas, los nuevos cauces de la informática están en buena medida ocupando un panel preponderante en cuanto hace a la información. La posibilidad de navegar por internet –si utilizamos una expresión que hoy es ya un lugar común en nuestro lenguaje- nos abre a todos vías de acceso a la información incomparablemente superiores a las conocidas hasta hoy, con la peculiaridad de que somos ahora nosotros mismos los que creamos la información y nos la procuramos. Los canales abiertos son miles y miles, y cada uno de nosotros, cada institución, cada confesión, cada entidad, puede crear otros muchos. Y apenas si cabe impedir que cada navegante acceda sin control a los que desee.
La sociedad de la información, en su sentido actual, resulta ser de todo punto nueva, y ha sucedido a la sociedad industrial; podría ser definida como la sociedad de la centralidad mediática, e internet como el estandarte del cambio. Así, se da lugar a nuevas formas de pensar en el marco de una auténtica revolución cultural, pues el ser humano, ante la avalancha de vías abiertas ante su mente, fácilmente se perderá en ellas, se sentirá inclinado a renovarse y abandonará valores aceptados y sólidos para seguir novedades que se le presentan como el último grito de la moda en el campo del pensamiento.
Pero la mejor manera de definir la moda es decir que es aquello que enseguida pasa de moda. La cultura de la última propuesta será olvidada mañana; es una cultura efímera. Los propios medios, en su versatilidad, dependientes de la iniciativa de todo creador de un cauce nuevo navegable, así lo imponen. Y es fácil suponer que tales improvisaciones que cada día nacen, deslumbran y pasan, es difícil que estén adornadas de las dos primeras cualidades que la cultura clásica atribuye al ser: la verdad y la bondad. Tal vez sí de la tercera, la belleza, pero en el reino de lo efímero la belleza se marchita pronto.

No sólo, pero sí muy particularmente en el terreno religioso, lo efímero está extrañamente relacionado con el mal, que es de por sí deslumbrante pero mentiroso, prometedor de una felicidad falsa y vacía. Es curioso, pero la mejor cita que se me viene a mano en apoyo de esta tesis no la he tomado de fuentes científicas, sino de una novela policíaca: “Se me ocurrió de pronto pensar –escribe Agatha Christie en “El misterio de Pale Horse”- que el mal era, quizá, más impresionante que el bien. Y esto siempre y necesariamente. ¡Tenía forzosamente que convertirse en espectáculo! ¡Tenía que sobresaltar, adoptar una actitud de reto! Era la inestabilidad atacando a lo estable”.
La inestabilidad atacando a lo estable. Nada más estable que los dogmas y los valores religiosos, los de cualquier religión. Nada más inestable que la actual cultura mediática. ¿Cómo hacer que perdure, influya y actúe sobre los hombres lo estable navegando en brazos de lo efímero, cuando cada uno de nosotros se puede ver invitado a la duda desde los más inesperados reclamos? Y más si se tiene en cuenta que la duda, en este caso el mal que sobresale, sobresalta y ataca nuestra estabilidad interior, se presenta como una exigencia de modernidad frente a la acusación de quedarnos anclados en una cultura caducada. Hay que derribar viejos dogmas, se nos dice. Todo es relativo, se nos predica. ¿Cómo vencer esa incompatibilidad entre lo sumamente estable y lo extremadamente pasajero?

Los propios medios nos ofrecen una respuesta: lo estable no puede perdurar porque es incompatible con el mundo que ahora está naciendo. En el mundo de los siglos futuros la religión no será un valor, ni siquiera será. Basta echar un vistazo al cine y la novela futuristas.
En la serie de “La Guerra de las Galaxias”, asistimos a un mundo inmenso -sus distancias se miden en años luz, sus mundos habitados se cuentan por millones- en el que la religión no está presente. Nunca se habla de Dios. En su lugar, el Bien está representado por una realidad misteriosa, la “Fuerza”, que se reduce a un arma digamos “espiritual” que determinadas personas poseen para evitar la tiranía y establecer la justicia terrenales. En el primer episodio, la madre del niño Anakin, a la pregunta de quien es el padre, responde que no lo sabe, que se encontró al niño en su vientre. La alusión es muy clara, pero Anakin, convertido en un adulto, no llegará a ser el líder del Bien, sino Lord Vaider, el instrumento del mal.

En la serie de novelas del ciclo de la “Fundación”, Asimov prescindirá por completo de Dios. Lo único que de nuestros tiempos hace llegar a los siglos futuros es la lucha por el poder: tiranía frente a justicia, y nada más. Detrás de los defensores de la justicia está la ciencia de un Doctor eminentemente sabio, no la enseñanza y la llamada de la Divinidad.
En las “Crónicas de Narnia”, el León que encarna al Bien será traicionado por uno de los suyos, entregado a sus enemigos, y asesinado, para resucitar luego y restablecer el orden y acabar con la tiranía -otra vez un concepto meramente temporal de la felicidad-. No cabe mayor claridad en el paralelismo: pero no estamos ante un mundo sobrenatural, ante una llamada y una exigencia de salvación, sino ante un mundo meramente natural y por tanto efímero, en el que la felicidad se mide en bienestar, no en santidad.
En la serie de Harry Potter, en el colegio de Magos se celebra cada año solemnemente la Navidad, recurriendo a todos los símbolos actuales de la misma: el árbol, los regalos, la cena... Pero ¿qué están celebrando? Navidad significa nacimiento: ¿quién ha nacido? ¿por qué hay que celebrar una fiesta vacía de motivación? Allí se pretende que existe la bondad, pero tampoco está presente Dios. Es cierto que ya hoy, en muchos lugares y entre muchísimas personas, la Navidad se celebra así, sin reparar ni meditar en cuál es su razón de ser. Justamente lo que los nuevos media transmiten, la imagen sin símbolos, la celebración y no lo celebrado, el mal que vive entre nosotros y que desplaza deprisa al Bien que todavía ahora podemos sin embargo encontrar, pero cuya pervivencia no interesa a la cultura de lo efímero.

Se está así creando un hombre desprovisto de valores. Y cuando el ciudadano está vacío de valores, es presa fácil de todo totalitarismo, precisamente porque carece de razones para resistir. En este sentido, la cultura de lo estable es una gran fuerza frente al poder tiránico: la religión lo es especialmente, en cuanto que posee un concepto de justicia estable, inconmovible, ya que su fuente es la Divinidad. Por el contrario, el consenso universal en unos mínimos éticos, que definirían un concepto humano de justicia, y que hoy es una constante en la predicación de los media, ha demostrado ser una entelequia inalcanzable: llevándolo al extremo, nos encontraremos con el terrorismo, en su faceta de muerte de inocentes considerada un medio justo para obtener un fin justo, y tendremos que reconocer que sus defensores no van a llegar a ponerse de acuerdo con sus víctimas sobre unos mínimos éticos que garanticen la convivencia. Podremos denominarles criminales, pero ellos se consideran luchadores por la justicia, y la ética común es imposible. Sin tener que mencionar el aborto, la eutanasia o la clonación, por poner ejemplos cotidianos en los que quienes tienen fe en una Revelación divina, quienes consideran la vida humana como un don de Dios del que el hombre no es dueño, difícilmente llegarán a un consenso ético de mínimos con quienes no poseen aquella fe. Y se está demostrando que el mejor camino para establecer el reinado de la ética mínima e inestable –cuyos únicos valores son de carácter material: poder, riqueza y orden- consiste en allanar, mediante los media, el camino a la tiranía.
Hemos mencionado al hombre sin valores. El vacío previamente provocado mediante la eliminación de los valores religiosos lo están llenando otros valores impuestos, que suicidamente aceptamos. El producto es un hombre al que se ha vaciado de su condición de creatura salida de las manos de Dios –por lo que es titular de una dignidad de carácter superior e intangible-, es decir, un hombre deshabitado de sí mismo. El propio ordenador con el que estoy ahora escribiendo estas páginas me ha subrayado la palabra creatura; me señala que debo corregirla, que no es correcta, que no figura en su diccionario. Lo ha programado alguien que no ha tenido en cuenta la creación; criatura sí, porque se cría, creatura no, porque se crea. Para defender que el hombre es una creatura, tengo que imponerme al ordenador, porque de por sí -en el marco de este medio, de esta cultura mediática- ya no poseo el derecho al uso de aquello en que tengo fe.

Deshabitado el hombre de sí mismo, pasa a verse habitado por un ideario de origen estatal –Estado sí, sociedad no- cuya única perspectiva es un sistema cerrado y efímero. Un caso paradigmático de ello es el comunismo soviético, un sistema político que contó con un alto número de teóricos desde Marx en adelante, que se extendió por múltiples países y se mantuvo largo tiempo vigente. Pero sus horrores pudieron menos que sus errores. Y es que su firmeza era sólo aparente: un gigante con pies de barro, que inesperadamente y en muy poco tiempo se vino abajo. Medio siglo de existencia. La más nueva de las religiones tiene mucho más tiempo tras de sí, y va a durar mucho más pese a todo. El hecho es revelador de cuanto vengo argumentando.
Y no es menos revelador de que vivimos en una sociedad cobarde, o ciega, que incongruentemente se deja desnudar de sus valores, el hecho de que el sistema marxista, efímero de por sí y ya caduco, se mantiene en algunos países, con voz y voto en los foros internacionales, al par que aceptamos grupos políticos que patrocinan aquella doctrina, radicalmente totalitaria y negadora de las libertades, en nuestras tolerantes democracias, que no toleran en cambio el crucifijo o el velo islámico y piensan que así aseguran la libertad y la igualdad. No son los únicos ejemplos posibles, pero sí que resultan bastante relevantes en relación con lo que puede resultar del hecho de privar al hombre de la fe y entregarle a la nada, tarea en que claramente se enfrentan en los medios de comunicación el concepto sobrenatural de la vida que propugnan las Confesiones y el meramente natural a que quieren reducirnos muchos creadores de opinión en todo el mundo.

La nueva situación de la información interpela a los poderes públicos y a los ciudadanos; interpela también directamente a las Confesiones. Éstas entienden con frecuencia que su presencia en los medios, a que justamente consideran tener derecho, posee sobre todo una finalidad proselitista. Hoy por hoy, pienso que –sin renunciar por supuesto a sus derechos de manifestación y difusión- no debiera ser aquel el objetivo primordial, sino la defensa de los valores comunes a todas las creencias religiosas o, dicho de otro modo, la exposición y defensa de la necesidad de la religión en el mundo. Durante siglos el primer enemigo de cada religión lo eran las demás; esta realidad, origen de tantas guerras y persecuciones lamentables, solamente fue posible en una sociedad universal no desacralizada y en base a un desenfoque de su verdadera misión por parte de las Confesiones. Hoy ya no cabe. En un mundo en vías de una progresiva secularización, la primera batalla que las Confesiones tienen que librar no es tanto su propia -la de cada una- expansión, sino la defensa del valor religioso de la vida humana, de la presencia de la idea de religión en el mundo. La apostasía ha sido tradicionalmente el paso de una religión a otra; hoy es el abandono de toda fe. Lo cual es mucho más grave, para el hombre mismo, para su felicidad terrena y eterna, y para la estabilidad de la sociedad en un marco de justicia.
En enero del año 2000, la International Religious Liberty Association convocó en Madrid a veintisiete expertos internacionales en el campo de la Libertad religiosa, para que estudiasen el tema del Proselitismo y enunciasen unos principios que pudieran inspirar la acción proselitista de las Confesiones en el mundo presente. Los reunidos habían sido invitados en razón de su personal competencia -internacionalmente demostrada mediante sus publicaciones, su participación en foros científicos y sus notorias actividades en defensa de la libertad religiosa y de creencias- y procedían de dieciséis países (Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Noruega, Polonia, Rusia, Senegal, Suiza, Túnez y Venezuela); los había musulmanes, judíos, y cristianos de varias confesiones. El resultado de su trabajo se hizo publico en formas de unos “Guiding Principles for the responsible Dissemination of Religion or Belief”, remitidos a todos los principales centros religiosos, culturales y políticos. Evidentemente, no eran normas jurídicas sino principios éticos; no los avalaba un poder político sino el prestigio científico y moral de sus autores. Y a la par que señalaban caminos para un proselitismo confesional ponían de relieve la actual trascendencia de la proyección social de los principios religiosos; de ahí se deducían unas normas de comportamiento ético de cada Confesión para con las demás, apoyando el lógico esfuerzo en que todas se hayan comprometidas a favor, como es lógico, de su propia expansión y, al par, de la realización en el hombre y en la sociedad del plan divino de la salvación.

En tal base se apoya la necesidad de una acción común de las Confesiones, que no supone un sincretismo que borre sus diferencias; el credo de cada una tiene su propio contenido irrenunciable y el derecho a considerarse salvífica le es connatural a todas ellas. El respeto al juicio definitivo de Dios sobre la conducta humana supone la no condena de religión alguna ni el desprecio de ninguna por parte de las demás; el proselitismo es siempre y por tanto una acción que no puede apoyarse en la minusvaloración de los demás; y el común denominador de todos los movimientos religiosos ha de conducirles a un apoyo indeclinable a la proclamación y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana como don de Dios. En este contexto, obviamente lo inaceptable sería la ofensa, ya que la perspectiva histórica revela unas posibilidades ciertas de instrumentalización del proselitismo a favor de una actitud excluyente y peyorativa de los otros credos, detrás de la cual puede esconderse un empeño -del que también podemos alegar ejemplos- en utilizar la religión como una fuente de poder social, económico y sobre todo político. Los supuestos, por desgracia, no faltan en los momentos que vivimos.
Hay que racionalizar, pues, el uso de los nuevos medios técnicos en orden a evitar daños y a obtener beneficios, y ahí juega un primer papel el Derecho, llamado a proteger los valores sociales e individuales. El cometido del Derecho se ha polarizado en la regulación de la titularidad y el acceso a los medios de comunicación, al par que de la utilización que de los mismos se hace por sus titulares: contenidos y límites. De modo que, al llegar a este plano de lo jurídico, una vez planteado con anterioridad el plano de la ética, lo primero a preguntarnos es: ¿quién emana ese Derecho? ¿de dónde procede? O ¿quién lo inspira? La pregunta transciende las fronteras nacionales, pero no sólo para atraer nuestra atención sobre los organismos creadores del Derecho internacional, sino para hacernos reflexionar en que el papel directivo en este campo está hoy en gran medida en manos de corporaciones mediáticas transnacionales, que poseen el control económico e ideológico de los media más allá de los gobiernos y las fronteras.

Ante esta cesión encubierta de soberanía de los Estados -no encubierta por poco patente, sino por cuanto hacen los Estados por mantener la cada vez más obvia ficción de su poder omnímodo-, y ante el paulatino trasvase del poder mediático a organismos supraestatales, las Confesiones religiosas tienen que caer en la cuenta de que ellas son precisamente entidades de tal tipo, supraestatales, y calcular las posibilidades que está realidad les ofrece. Hasta hace muy poco, lo que la historia nos mostraba eran Iglesias de Estado, interesadas en mantener la confesionalidad de Estados concretos, o su propia supremacía en países determinados. La existencia de Iglesias nacionales -empleo ahora el término Iglesia en un sentido muy amplio, para mayor simplicidad-, apoyadas en una fuerte unión entre el poder político y el religioso, ha sido durante siglos el sueño de muchos regímenes políticos y el modelo ideal de muy variadas Confesiones. El actual pluralismo ha borrado del mapa este fenómeno, hoy de carácter residual, siendo de lamentar que algunos sectores religiosos no lo estén comprendiendo así. Y en una sociedad pluralista las Confesiones han de olvidar el viejo sueño de las confesionalidades para tomar conciencia de aquella condición -la de ser organismos supraestatales- notoriamente ventajosa que poseen y de la que podrán obtener notables beneficios para la causa de la religiosidad en el mundo.
En concreto, toca a las Iglesias cristianas del ámbito occidental-universal -sin menoscabo de la función de otras Confesiones, y por referirnos al espacio cultural y social en que nos estamos moviendo- el cometido de ser las grandes defensoras de la libertad, que en el campo a que ahora nos estamos refiriendo ha de ser la libertad de información, de pensamiento, de creencias, de conciencia, de expresión y manifestación. Ello es una consecuencia directa del hecho de que son las protagonistas del hecho religioso en aquel sector de la humanidad en el que han visto por vez primera la luz la proclamación y el reconocimiento de los derechos humanos, las que hoy llaman los especialistas libertades de primera generación, a partir de la Declaración de Virginia de 1776 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Esta función ha de llevarse a cabo en el campo de la doctrina, por obra de dirigentes religiosos y de estudiosos, pero también les toca en la misma un importante papel a los medios de comunicación. Se trata del tema de la Religión como materia constitutiva del mensaje que los media difunden en todo el mundo. Lo cual nos pone en relación con la tarea que toca a las Confesiones en cuanto que integrantes de la sociedad civil, en la que son o han de ser -como se ha apuntado más arriba- las inspiradoras del concepto de justicia, ya que sin ellas este concepto se relativiza y se vacía de contenido. Lo cual las convierte, en relación con el mensaje mediático, en objeto y sujeto al par: son -han de ser- sujetos de la titularidad de algunos medios, necesarios para asegurar su deber y su derecho de comunicación, y objeto de la información y la opinión que difunden otros medios ajenos. Es aquí -también se ha aludido a ello con anterioridad- donde al ordenamiento jurídico de los Estados, con apoyo en la normativa internacional, le corresponde un deber de garantía y protección que lamentablemente falta o deja de operarse en múltiples países. Todos conocemos casos de medios de comunicación de todo tipo que impunemente ofenden y denigran sea al fenómeno religioso sea a diferentes manifestaciones del mismo; la reacción de alguna Confesión está consiguiendo por la vía del terror evitar esas ofensas, en contraste con la pasividad de otras cuyos creyentes soportan sin reacción la calumnia o el desprestigio. Ni la violencia ni la pasividad son los mejores caminos para afianzar en el mundo la efectiva responsabilidad que toca a las Confesiones en la defensa de los valores que promueven, que en gran medida les son comunes, y que suponen la única opción ética posible en el seno del relativismo negador de la existencia misma de la verdad.

Aldir Guedes Soriano

2008-07-23T19:20:00.000-07:00

MÍDIA E A COLISÃO DE DIREITOS ENTRE A LIBERDADE RELIGIOSA E O SENTIMENTO RELIGIOSO

Aldir Guedes Soriano[1]

Sumário: 1. Introdução – 2. Inter-relação entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa – 3. Luta da Ortodoxia Protestante contra a liberdade de expressão – 4. Luta da Ortodoxia Muçulmana contra a liberdade de expressão – 5. Luta da Ortodoxia Católica contra a Liberdade de Expressão – 6. Liberalismo Político como Marco Teórico – 7. Resurgimento do liberalismo político em John Rawls (1921-2002) – 8. O liberalismo político na Constituição Federal de 1988 – 9. Deslinde da colisão entre liberdade de expressão e liberdade religiosa – 10. Argumentos a favor da liberdade de expressão – 11. Conclusão – Bibliografia.

1. Introdução

A cidade do Rio de Janeiro faz jus ao título de cidade maravilhosa. Quando se pensa nessa linda cidade, além do Corcovado, da Gávea e do Pão de açúcar, não se pode deixar de considerar duas personagens fascinantes: o jurista baiano Rui Barbosa e o escritor Machado de Assis. Ambas as personalidades tiveram as suas vidas ligadas à cidade do Rio de Janeiro. A casa de Rui Barbosa localizada à Rua São Clemente, nº. 134, no bairro de Botafogo, faz parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Por outro lado, a maioria dos contos machadianos foi ambientada nas pitorescas ruas cariocas do século XIX, como a do Ouvidor e Matacavalos.
Rui Barbosa trouxe, como se sabe, uma grande contribuição para o avanço da liberdade religiosa no Brasil. Ele também teve um papel decisivo na consolidação do regime republicano. Foi ele quem redigiu o decreto 119-A, que estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado.[2] Além disso, teve participação decisiva no advento da primeira Constituição Republicana de 1891 e conseqüente ampliação da cidadania e da liberdade de Culto.
As palavras de Rui ecoam até os nossos dias. Ele revela a sua concepção jusnaturalista ao afirmar: “De todas as liberdades sociais, nenhuma é tão congenial ao homem, e tão nobre, e tão frutificativa, e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filha do Evangelho, como a liberdade religiosa.”[3] “Desde 1876 que eu escrevia e pregava contra o consórcio da Igreja com o Estado; mas nunca o fiz em nome da irreligião: sempre, em nome da liberdade. Ora, liberdade e religião são sócias, não inimigas. Não há religião sem liberdade. Não há liberdade sem religião.”[4]
Interessante notar que em um de seus contos, mais precisamente aquele que foi intitulado “Miss Dollar”, Machado de Assis cita o livro Vida de Jesus de autoria de Ernest Renan.[5] Logo após o lançamento desse livro, polêmicas foram suscitadas uma vez que o autor afirmava, entre outras coisas, que Jesus teria nascido em Nazaré, contrariando as Escrituras Sagradas. Em 1864, Machado saiu em defesa da obra questionada, em face dos escândalos e, também, dos ataques desferidos pelo clero. Esse episódio tem a ver com o tema da nossa exposição, pois reflete, sem embargo, a tensão entre a liberdade de expressão e o sentimento religioso, frequentemente observada ao longo da história.
A polêmica provocada a partir da publicação do livro de Ernest Renan no século XIX guarda, mutatis mutandis, algumas semelhanças com as que foram desencadeadas com a ficção de Dan Brown O Código Da Vinci, pelo menos no que diz respeito à tensão entre a liberdade de expressão e o sentimento religioso.[6]
Como se pode observar, o tema a ser desenvolvido também é atual. No início do ano de 2006 (mês de fevereiro), os violentos protestos dos muçulmanos mais radicais (fundamentalistas) contra a publicação de charges do profeta Maomé num jornal dinamarquês revelaram a importância e a atualidade do tema escolhido. Muitos perderam a vida nas ondas de protestos desencadeadas em Estados islâmicos. No entanto, segundo o Sheik da Liga Mundial Islâmica no Brasil, Mohsin B.M. Alhassani, aquele que comete violência não é muçulmano porque Islã significa paz. (Palestra proferida por ocasião do Encontro Brasileiro de Direitos Humanos, na cidade de Curitiba, em 03 de agosto de 2006). Sob esse ângulo, a violência também representa uma negação tanto do cristianismo quanto do judaísmo.
A partir desse fato, não se pode deixar de refletir acerca da importância da colisão de direitos entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, em face da rapidez com que as informações são veiculadas por todo mundo globalizado. Tanto é assim que “o comissário de Justiça, Liberdade e Segurança da União Européia, Franco Frattini, sugeriu, na quarta-feira (8/2), a criação de um código de conduta para que a mídia do continente europeu se comprometa a ter ‘prudência’ ao cobrir temas como o Islã e outras religiões – e a não privilegiar nenhuma delas”, como informa o site Observatório da Imprensa em artigo publicado no dia 10/02/2006. O desafio de conciliar essas duas importantes liberdades públicas não é um problema exclusivo da União Européia. Trata-se de um problema global.
Ainda mais recentemente (setembro de 2006), algumas declarações do Papa Bento 16 acerca do problema da violência empregada pelo Profeta Maomé com o emprego da palavra jihad provocaram a ira dos muçulmanos, revelando elevado grau de intolerância diante de críticas e objeções. O incidente motivou sérias ameaças contra a Igreja Católica. “Os intensos protestos contra as palavras do papa - incluindo ataques a várias igrejas na Cisjordânia e na faixa de Gaza - são sinal de uma das maiores crises internacionais em que se envolveu o Vaticano nas últimas décadas” (Folha de S. Paulo 16 de setembro de 2006).

2. Inter-relação entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa

Ao abordar o tema historicamente recorrente da colisão entre a liberdade religiosa e o sentimento religioso é preciso, em primeiro lugar, ter em mente que nenhuma liberdade pública positivada na Constituição Federal e nos tratados internacionais existe isoladamente. Nesse sentido, Gilberto de Mello Kujawski propugna que: “Nenhuma liberdade existe isolada, mas integrada num sistema de liberdades.” [7] Por conseguinte, existe uma intricada inter-relação entre as diversas liberdades ou direitos fundamentais. Por exemplo, entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa ocorrem intrincados fenômenos sócio-jurídicos, como as colisões de direitos e, também, freqüentes e complexas concorrências de direitos.
Na prática cotidiana, uma única situação de fato pode resultar na conexão de dois ou mais direitos fundamentais. São situações em que o indivíduo exerce mais de dois direitos fundamentais ao mesmo tempo. Uma única conduta pode estar protegida por dois ou mais direitos fundamentais. Assim, como exemplifica Gilmar Mendes, uma procissão tem o amparo constitucional dos direitos à liberdade de crença, culto e de reunião.[8]
John Rawls observa que “... a liberdade de associação é indispensável para que haja liberdade de consciência; pois, a menos que tenhamos liberdade de nos associar como outros cidadãos que pensam como nós, o exercício da liberdade de consciência será negado. Essas duas liberdades fundamentais andam juntas”.[9]
Como se vê, podem ser observadas diversas concorrências entre a liberdade de expressão e os direitos de religião, o que demonstra mais uma vez que não existem direitos isolados. Daí por que é preciso examinar a fundo a inter-relação entre os diversos direitos fundamentais que são, como se sabe, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, conforme a Declaração de Viena de 1993.[10]
Quando um ministro do evangelho, rabino, Sheikh ou qualquer outra autoridade religiosa faz a sua preleção, ocorre a concorrência de diversos direitos. No momento da cerimônia religiosa vislumbra-se uma série de direitos ou liberdades públicas, como o direito de reunião, o direito de expressão do pregador e a própria liberdade de culto. Sob o ângulo do pregador, ele exerce as liberdades de crença, de culto e de expressão e comunicação. Sob o ponto de vista da audiência, as liberdades de consciência, de crença, de culto também são exercidas, além do já mencionada liberdade de reunião e, por vezes, de associação.
A inter-relação entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa também pode ser facilmente observada nas lutas históricas das ortodoxias religiosas contra a liberdade de expressão das religiões dissidentes. Tais lutas resultam da marcante propensão à intolerância das religiões, sobretudo das grandes religiões monoteístas.[11] Foi neste contexto de lutas e enfrentamentos, diga-se de passagem, que se originaram tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade religiosa.

Cumpre ressaltar o caráter ambíguo das religiões. Nesse sentido, não se podem olvidar as enormes contribuições das religiões como, por exemplo, o legado do princípio da dignidade da pessoa humana, que foi positivado nas constituições e nos tratados internacionais de direitos humanos. Por outro lado, também não se podem olvidar as violências e as atrocidades históricas que foram praticadas em seu nome.
A luta pela liberdade de expressão revela o problema da intolerância existente nas religiões, mormente nas monoteístas. Isaiah Berlin observa que “os períodos e as sociedades em que se respeitaram as liberdades civis e se tolerou a diversidade de opinião e a fé têm sido escassos e esporádicos – oásis no deserto da uniformidade, intolerância e opressão humanas”.[12] Por isso, não foram raras as vezes em que a face intolerante das religiões se voltou contra a liberdade de expressão, em razão de sua tendência ao exclusivismo. A batalha das religiões contra a liberdade de expressão é antiga. Nesse sentido, o constitucionalista português Jónatas Machado observa que “as autoridades políticas e religiosas desde cedo procuram subordinar a imprensa aos seus próprios interesses e desígnios, dessa forma minimizando o seu poder de articulação de pensamento crítico”.[13] Por vezes, esse enfrentamento levou ao obscurantismo, à intolerância e à fogueira, que ceifaram vidas e idéias.

3. Luta da Ortodoxia Protestante contra a liberdade de expressão

O precedente de Areopagítica: discurso pela liberdade de imprensa ao Parlamento da Inglaterra, redigido por John Milton, em 1644, talvez seja o mais importante, paradigmático e significativo apelo liberal a favor da liberdade de expressão.[14] Milton escreveu o seu discurso contra a censura da liberdade de expressão religiosa ou mais especificamente contra a Ordenação de 1643 (Parliamentary Ordenance for Printing or Licensing Act), que intentava, sobretudo, a proibição de livros ofensivos à religião e ao governo ao passo que determinava a necessidade de autorização e registro para a publicação de material impresso.[15]
Havia uma disputa parlamentar entre os puritanos e os presbiterianos. Estes tentavam impor a sua concepção religiosa e política enquanto que aqueles, por sua vez, propugnavam, entre outras coisas, pela autonomia da Igreja. O pano de fundo dessa disputa também tinha o seu viés metafísico, uma vez que Areopagítica rechaçava a doutrina da predestinação dos presbiterianos e valorizava o livre arbítrio.[16]
A ortodoxia protestante lutou contra a liberdade de expressão na república de Oliver Cromwell. O discurso de John Milton (Areopagítica-1644) representa um manifesto contra a intransigência protestante (presbiteriano) contra o pensamento dissidente.
Outro exemplo de resistência da ortodoxia protestante pode ser extraído a partir da proibição pelo Estado Holandês do Tratado Teológico-Político de Espinosa que ocorreu em 1674, através de um édito que vedava a circulação de livros contrários à religião oficial. Em 1678 um novo édito proibia a publicação póstuma das obras de Espinosa.

4. Luta da Ortodoxia Muçulmana contra a liberdade de expressão

Os muçulmanos também tentaram ao longo da história restringir a liberdade de expressão dissidente. A luta da ortodoxia muçulmana contra a liberdade de expressão pode ser ilustrada com a ação do Califa Omar ao destruir a biblioteca de Alexandria. O Califa recorreu à seguinte lógica para justificar a destruição:

“Os livros da biblioteca de Alexandria contêm ou não contêm os mesmos ensinamentos do Alcorão? No primeiro caso, são inúteis (e devem ser queimados). No segundo caso são maus (e devem ser queimados). Logo, em qualquer caso, devem ser queimados”.[17]

Mais recentemente, o problema da tendência à intolerância da religião muçulmana se manifestou no Irã. Após a revolução islâmica de 1979, os Bahá’ís foram brutalmente perseguidos, decapitados, enforcados, retalhados a golpes de machado ou enforcados. Outros tantos foram presos ou tiveram que deixar o Irã. Lamentavelmente, as hostilidades contra essa minoria religiosa não cessaram.
Com a liderança do fundamentalista Aiatolá Khomeini, a revolução islâmica derrotou o xá Reza Pahlevi e instituiu um governo teocrático caracterizado pela união entre a mesquita e o Estado. Logo o governo – agora xiita e fundamentalista – passou a controlar a imprensa e a restringir a liberdade de expressão. Então, em fevereiro de 1999, adveio a fatwa (sentença de morte) contra autor do livro Versos satânicos, Salman Rushdie, considerado ofensivo a fé muçulmana. Essa sentença de morte assinala de forma inequívoca a luta do fundamentalismo muçulmano contra a liberdade de expressão.

5. Luta da Ortodoxia Católica contra a Liberdade de Expressão

Como se sabe, a ortodoxia católica também enfrentou a liberdade de expressão das heterodoxias religiosas dissidentes.[18] A doutrina exclusivista da libertas ecclesiae não se conformava com outras concepções religiosas além dos cânones da igreja.[19] Desde Constantino, o consórcio entre a Igreja e o Estado foi assinalado por uma tentativa de monopolizar a religião através de instrumentos políticos e legais. A política e o Estado eram conformados por uma mentalidade antiliberal, absolutista e, por vezes, autoritária e despótica.

Em 1543, foi criado o famoso Index que consiste numa relação de livros proibidos. Nesse sentido observa Marco Aurélio: “Ainda uma vez sob enfoque histórico, forçoso é trazer à lembrança outro exemplo, ligado à época da Inquisição. Por causa do avanço desmedido da religião protestante - já estendida a dois terços da Alemanha, metade da Holanda, parte da Áustria, da Hungria e da Boémia, um quarto da França, ocorrendo ainda a adesão da Inglaterra, da Escócia e da Escandinávia -, o Papa Paulo III deu início a um movimento, conhecido como Contra-Reforma, no qual se adotava uma série de medidas com o objetivo de conter o progresso do protestantismo. Então, criou-se em 1543 a Congregação do Index, cuja finalidade era a veiculação de lista dos livros contrários à doutrina Católica - Index livrorum proibitorum - e, portanto, proibidos para os cristãos, a fim de evitar que idéias heréticas corrompessem o espírito dos fiéis. Listas e mais listas restaram publicadas, sucessivamente, símbolo talvez de uma das maiores intolerâncias que a humanidade já conheceu. No rol dos livros vetados, constavam obras de Gil Vicente, Luís de Camões e do Padre António Vieira. Somente em 1966 a Congregação para a Doutrina da Fé anunciou que o índice não mais seria publicado. Tamanha violência não foi apenas intelectual, mas resvalou para a física: aos escritores considerados hereges, caberia o julgamento pelo Tribunal da Inquisição e, condenados, morreriam queimados nas fogueiras”.[20]

6. Liberalismo Político como Marco Teórico

Diante do problema da colisão entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, cumpre indagar como solucionar o problema. Como dirimir as recorrentes colisões de direitos?
Nesse propósito ou tarefa, uma abordagem jurídica impõe a aplicação de princípios adotados pela Constituição Federal de 1988 e pelos tratados internacionais de direitos humanos. Vale lembrar que o liberalismo político é um princípio amparado pela Carta Política de 1988 (Constituição da República Federativa do Brasil), como se verá no momento oportuno.
O Estado liberal, do ponto de vista histórico, possui duas raízes: uma francesa e a outra inglesa. Pode-se dizer que o Estado constitucional liberal surge após a Revolução Francesa e consagra a primazia da liberdade individual em detrimento do Estado. Os direitos fundamentais são então concebidos como uma restrição do poder estatal em favor dos particulares. Tais direitos estariam salvaguardados com a simples abstenção do Estado na esfera de liberdade – autodeterminação – dos indivíduos. Assim, acreditava-se que bastaria a omissão estatal para que todos os direitos individuais fossem concretizados.

Para o pensamento liberal a participação ou interferência do Estado na sociedade deve ser a menor possível. O Estado é apenas admitido como um mal necessário. O Estado não deve interferir na economia nem na religião. Daí a idéia de que o Estado deve ser neutro, laico ou não-confessional.[21]
O liberalismo, como se sabe, influenciou fortemente a economia, assim como a Revolução Industrial. Nesse terreno econômico, aliás, surgiram críticas no sentido de que a livre iniciativa, sem a interferência do Estado, pode favorecer a exploração dos mais fracos. Na Inglaterra, o liberalismo foi assinalado pela revolução puritana de Cromwell, que estabeleceu um curto período republicano até restauração do parlamento, em 1688. Após o breve período republicano, a monarquia absolutista foi substituída pela monarquia parlamentarista, mesmos centralizada do que a monarquia absolutista.

7. Resurgimento do liberalismo político em John Rawls (1921-2002)

John Rawls estruturou o seu pensamento partindo de um pressuposto denominado fato do pluralismo, que divide a sociedade com as suas profundas e intransponíveis diferenças religiosas, filosóficas, políticas e morais.[22] A partir dessa constatação advém a pergunta ou o problema central de sua reflexão: como a sociedade pode ser odernada para que os indivíduos, livres e iguais, possam conviver pacificamente apesar das profundas diferenças mencionadas.[23]
Ralws não se conformava com a idéia de que a liberdade e a igualdade são valores inconciliáveis e que se colidem resultando no sacrifício de um ou de outro. Tampouco se conformava com o utilitarismo Clássico (século XIX).
Diante dessas perplexidades, em 1971, John Rawls publicou uma obra em que apresenta a teoria da justiça como eqüidade (Justice as fairness), em que ele pretende conciliar os mencionados valores conflitantes e também permitir a convivência pacífica das diferentes concepções filosóficas, políticas ou religiosas existentes na sociedade.
Conforme o pensamento de Rawls a democracia constitucional admite todas as concepções religiosas razoáveis (diversas concepções razoáveis do bem em termos razoáveis). É essa a idéia central do primeiro princípio do filósofo de Harvard: “Todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível com todos os demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor equitativo garantido”.[24] Não se admitem comportamentos antisociais e incompatíveis com a convivência pacífica, como, por exemplo, uma religião que preconize o sacrifício humano.
O liberalismo político pode ser definido como um sistema facilmente associado ao iluminismo do século XVIII, aos ideais da Revolução francesa e à filosofia do direito natural. Segundo John Rawls, o liberalismo político permite a coexistência das diversas concepções do bem.[25]
O filósofo rechaçava o utilitarismo. Para ele o utilitarismo estatal não pode prevalecer quando se trata da proteção da pessoa humana. Os direitos humanos fundamentais têm primazia sobre o interesse social e, também, estatal. Segundo John Rawls, “numa sociedade justa as liberdades da cidadania igual são consideradas invioláveis; os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais”.[26]

8. O liberalismo político na Constituição Federal de 1988

O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado Democrático de Direito deve assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais, a liberdade, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Assim sendo, a Constituição brasileira vigente adotou o liberalismo político de forma irrefutável. Portanto, a CF/1988 não contém apenas uma mera declaração de direitos. Ela preconiza, com efeito, que cada cidadão possa exercitar ou, efetivamente, exercer os direitos fundamentais por ela positivados.
Por conseguinte, o direito à liberdade religiosa assegurado pela CF/1988 garante ao cidadão o direito de escolher e de exercitar a sua crença religiosa. Ao prescrever, em no inciso VI do art. 5º, que é inviolável a liberdade de consciencia e de crença, a CF se coloca em sintonia com o próprio liberalismo político. Assim sendo, não há duvidas de que a Constituição de 1988 foi fundada nos princípios do liberalismo político.

9. Deslinde da colisão entre liberdade de expressão e liberdade religiosa

Como observa o Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Marco Aurélio, o deslinde das colisões de direitos entre a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais ou com a dignidade da pessoa humana deve ser realizado diante dos casos concretos e não de forma abstrata.[27] Daí a impossibilidade de engendrar uma formulação abstrata. Assim sendo, cumpre realçar que o precedente histórico do julgamento do HC 82.424/RS não pode ser argüido no sentido de se generalizar a restrição à liberdade de expressão em face de outro direito ou da dignidade da pessoa humana de forma abstrata. A ponderação dos dois direitos há de ser realizada no caso concreto.
O problema do deslinde das colisões de direitos considerados no presente estudo não é algo que se possa por um ponto final, optando simplesmente pelo sacrifício de um dos direitos em conflito. Todavia, seguem alguns argumentos a favor da liberdade de expressão.

10. Argumentos a favor da liberdade de expressão

O liberalismo político, como princípio informador do direito constitucional, confere uma certa primazia da liberdade de expressão em face de outros direitos fundamentais. Ora, se o sistema permite as diversas consepções razoáveis do bem, todas elas devem ter direito à expressão. Ademais, não pode existir liberdade religiosa sem liberdade de expressão.
Por ser considerada a pedra angular do sistema democrático, a liberdade de expressão já foi considerada insusceptível de censuras ou restrições.[28] Na verdade, tal pensamento não encontra eco nem mesmo na corrente liberal. Embora a liberdade de expressão nos Estados Unidos seja um direito preferencial, que recebe proteção praticamente absoluta, ainda assim pode sofrer restrições, sobretudo judicialmente. Nesse sentido, Greenawalt observa que diferentes crimes como os de perjúrio e de fraude criminal são definidos em termos da comunicação.[29] Nessa esteira, o direito brasileiro segue fundamentalmente a mesma tendência do direito estadunidense.
Critérios para a restrição da liberdade de expressão: Césare Beccaria é o mais conhecido representante do iluminismo italiano. Suas idéias liberais o levaram a escrever “Dos Delitos e das Penas” (1764). Ele defendeu penas mais brandas e proporcionais a serem aplicadas ao réu ao passo que condenou o uso da tortura e da pena capital. Beccaria foi brilhante ao formular o princípio segundo o qual o direito de punir do Estado só deve ser exercitado quando necessário. Senão vejamos: “Assim sendo, somente a necessidade obriga os homens a ceder uma parcela de sua liberdade; disso advém que cada qual apenas concorda em pôr no depósito comum a menor porção possível dela, quer dizer, exatamente o necessário para empenhar os outros em mantê-lo na posse do restante”.[30] Esse pensamento também pode ser aplicado, mutatis mutandis, quando se está diante do problema da limitação de direitos fundamentais. Ora, tais direitos só podem ser restringidos quando isso for absolutamente necessário para se evitar danos relevantes a outrem. A liberdade de expressão pode ser restringida quando violar direitos personalíssimos, art. 5º, inciso X, da CF/1988.
O pensamento de John Milton se baseia no livre arbítrio. Assim, pode-se aduzir que a liberdade de conhecer aliada ao direito de escolha são as mais elementares liberdades humanas. Assim sendo, é forçoso reconhecer o elemento metafísico no discurso liberal de Milton, em um de seus trechos mais famosos: “Dai-me a liberdade para saber, para falar e para discutir livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades”.[31] Esse trecho evidencia a liberdade cognitiva como conseqüência do livre arbítrio. Além disso, essa liberdade para saber ou conhecer estaria acima de todas as liberdades.
Interessante notar que Jonh Stuart Mill fez veemente alerta, alusivo à perseguição jurídica à liberdade de expressão religiosa, que também deve ser considerado nos dias hoje. Vejamos: “Dirão que hoje não condenamos à morte os introdutores de novas opiniões; não somos como nossos pais, que assassinavam os profetas: até mesmo construímos-lhes sepulcros. É verdade que não mais condenamos os heréticos à morte, e todas as punições que o sentimento provavelmente toleraria, mesmo contra as opiniões mais detestáveis, não são suficientes para os extirpar. Mas não nos incensemos por estarmos ainda livres da mácula, mesmo da perseguição jurídica. Ainda existem por lei penalidades relativas à opinião ou, pelo menos, à sua expressão; e sua aplicação, mesmo nesta época, não é esporádica a ponto de tornar absolutamente inacreditável que se possa certo dia revivê-las com toda a força. No ano de 1857, nas sessões de verão do tribunal no condado da Cornualha, um infeliz homem, cuja conduta em todos os relacionamentos da vida era considerada inatacável, foi sentenciado a vinte e um meses de prisão por emitir e escrever num portão algumas palavras ofensivas a respeito do cristianismo”.[32]
A liberdade de expressão era muito valorizada por Mill, em razão da sua utilidade na formação de um povo intelectualmente ativo. O utilitarista considerava que essa liberdade civil como extremamente necessária para que o homem pudesse alcançar a verdade. Ele estabelece três conclusões: 1) quando alguém silencia (censura) uma opinião está a se colocar na condição de infalibilidade. 2) Mesmo que a opinião seja errônea, frequentemente contém uma parcela da verdade e 3) Mesmo uma opinião verdadeira deve ser recebida com contestação e judicioso exame, sob pena de ser aceita apenas como um preconceito.[33]
Talvez uma das maiores contribuições de Voltaire esteja relacionada com a sua frase mais famosa: “Não concordo com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo”. A frase foi cunhada a partir de um desentendimento com o filósofo Rousseau. Tais palavras refletem um alto nível de tolerância alcançado a partir de uma reflexão amadurecida e sofisticada. É muito fácil tolerar os pensamentos que se amoldam às pré-compreensões pessoais. Por outro lado, a verdadeira tolerância compreende a aceitação de idéias contrárias e, por vezes, recheadas de críticas e, até mesmo, de ataques ofensivos.[34]

11. Conclusão

Por fim, uma pergunta crucial não pode deixar de ser suscitada, até mesmo como forma de provocação de futuras reflexões. Será que a liberdade religiosa impõe um dever jurídico de tolerância tal que proíbe as possibilidades de críticas e objeções em relação às religiões?
De acordo com o pensamento liberal a resposta é negativa. Além disso, a verdadeira tolerância, conforme Declaração sobre os Princípios da Tolerância de 1995, não significa condescendência ou ausência de críticas. Daí porque deve haver tolerância até mesmo em relação às críticas religiosas. As religiões devem tolerar umas às outras até mesmo no que diz respeito às críticas. Nessa esteira, deve haver uma ampliação no conceito de tolerância. Muitas violências e desatinos poderiam ser evitados se as religiões fossem mais tolerantes e abertas ao livre pensamento.
A convivência pacífica das diferentes religiões e confissões religiosas exige a adoção de uma postura mais neutra e flexível nos espaços públicos. Isso não significa uma ruptura com a metafísica ou com a ortodoxia de cada organização religiosa, mas um resgate dos princípios liberais dos filósofos iluministas, que possibilitaram a construção da democracia constitucional. Tais pensadores não romperam totalmente com a metafísica. Eles conciliaram os fundamentos racionais da liberdade com a base metafísica dos direitos naturais, que pode ser traduzida na locução livre arbítrio. John Locke, conhecido como o pai do liberalismo, estabelece uma nítida diferença de conduta que uma organização religiosa deve assumir nos âmbitos interno e externo. Tais organizações podem exercer a sua ortodoxia no âmbito interno ou privado, mas jamais no plano externo ou público.[35] Maior nível de neutralidade é exigido das autoridades públicas tanto do executivo quanto do legislativo e do judiciário. Os princípios constitucionais liberais da separação entre a Igreja e o Estado e da neutralidade estatal exigem que elas façam todos os esforços para se desvencilharem de seus pré-conceitos e pré-compreensões, como sugere Gadamer. As autoridades públicas devem ser muito cuidadosas em relação aos direitos humanos. Isso porque, como ensina o filósofo alemão, a pessoa humana está condenada a ver o mundo segundo o seu próprio ponto de vista. Por conseguinte, ao exercer uma função pública o indivíduo leva consigo os seus pré-conceitos e as suas pré-compreensões, inclusive de natureza religiosa. Por isso, essas autoridades devem se lembrar de que estão vinculadas ao dever de respeitar o direito à liberdade religiosa e, por conseguinte, a diversidade religiosa existente na sociedade.
Nenhuma religião, confissão religiosa ou crença pode pretender uma blindagem em relação às críticas ou objeções. A mídia deve ser livre e a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível para que o pensamento crítico não sofra restrição. De acordo com o pensamento liberal, argumentos metafísicos não podem ser argüidos para censurar uma opinião religiosa.
Diante de críticas e objeções as religiões devem ter a coragem de dizer com Voltaire: “Não concordo com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo”.[36]

Bibliografia
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[1] – Advogado no Estado de São Paulo; Vice-Presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania – ABLIRC; Membro da de Comissão Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo. Presidente da Comissão de Redação da Carta Brasil 2007 de Liberdade Religiosa e autor de diversos trabalhos sobre direitos humanos e liberdade religiosa, entre livros, capítulos de livros e artigos em jornais e revistas. Site do autor www.aldirsoriano.com.br.
[2] Tal separação trouxe benefícios tanto ao Estado quanto à Igreja.
[3] BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. Vol. 4, t. 1, 1877. p. 419.
[4] BARBOSA, Rui. Idem. Vol. 30, t. 1, 1903, p. 381.
[5] ASSIS, Machado de. Contos: uma antologia. Vol.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 142 e 143.
[6] A diferença fundamental reside no fato de que o livro de Dan Brown é uma ficção, enquanto que o de Ernest Renan não obstante tenha sido citado por Machado como se fosse um romance, não era uma obra fictícia. Contudo, não se pode refutar a polêmica que ambos provocaram em épocas e contextos históricos diferentes, respectivamente Republicano (Século XX e XXI) e Imperial (século XIX).
[7] Apud JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 338.
[8] MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 106 e 107. Ainda sobre concorrência de direitos, vide pp. SILVA, Chistine Peter da. Hermenêutica de direitos fundamentais: uma proposta constitucionalmente adequada. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, pp. 109 e 108.
[9] RAWLS, John. Liberalismo político. 2ª. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 368.
[10] A Declaração de Viena de 25 de junho de 1993 dispõe em seu § 5°: “Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente, de maneira justa e equânime, com os mesmos parâmetros e com a mesma ênfase.”
[11] O historiador Toynbee observa que as três grandes religiões monoteístas têm uma origem comum, postulam o monopólio de uma verdade ao mesmo tempo absoluta e definitiva e, por conseguinte, estão propensas à intolerância e ao exclusivismo. (TOYNBEE, Arnold Joseph. Historia e a religião. Rio de Janeiro : Fundo de Cultura, 1960, p. 25 e ss)
[12] BERLIN, Isaiah. Introdução. In MILL, Jonh Stuart. A liberdade; Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.VII.
[13] MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 40.
[14] Cf. GARVEY, John H. and SCHAUER, Frederick. The first amendment. 2ª. ed., St. Paul, Minn: West Publishing, 1996, p. 1.
[15] Cf. FORTUNA, Felipe. John Milton e a liberdade de imprensa. In: MILTON, John. Areopagítica: discurso pela liberdade de imprensa ao parlamento da Inglaterra. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, pp. 12 e 13.
[16] FORTUNA, Felipe. Idem, 13 e 20.
[17] NASCIMENTO, Edmundo Dantès. Lógica aplicada à advocacia: técnicas de persuasão. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 131.
[18] Segundo John Milton, “a censura foi instituída e depois posta em prática pelo mistério e malícia anticristã com o firme propósito de extinguir, se possível fosse, a luz da Reforma e instaurasse a falsidade.” MILTON, John. Areopagítica: discurso pela liberdade de imprensa ao parlamento da Inglaterra. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, p. 151.
[19] Sobre a doutrina da libertas ecclesiae vide MACHADO. Jonatas. Sobre a doutrina da libertas ecclesiae vide MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva, Coimbra: Coimbra Editora, 1996, pp. 14-50.
[20] MELLO, Marco Aurélio Mendes de Farias. Liberdade de expressão. In: Direito constitucional contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides (Fernando Luiz Ximenes Rocha e Filomeno Moraes – ORGS). Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 596. Segundo Johnson: “No ocidente, o clero havia começado a reivindicar um direito exclusivo de interpretação - na verdade, de custódia - da Bíblia já no século IX; além disso, desde cerca de 1080 havia instâncias freqüentes por parte do Papa, concílios e bispos no sentido de proibir não apenas traduções vernaculares mas também toda e qualquer leitura, por leigos, da Bíblia como um todo. Em certo sentido, esse era o aspecto mais escandaloso da Igreja latina medieval. Após os valdenses, as tentativas de estudar a Bíblia constituíam prova circunstancial de heresia - a pessoa podia ir para a fogueira só por isso -, e, ao mesmo tempo, os heterodoxos estavam cada vez mais convencidos de que a Bíblia era incompatível com as reivindicação do pontífice e do restante do clero.” (JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago, 2001, p. 329)
[21] Nesse sentido, BASTOS, Celso Ribeiro. Teoria geral do Estado e ciência política. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 139.
[22] “A cultura política de uma sociedade democrática é sempre marcada pela diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e morais conflitantes e irreconciliáveis. Algumas são perfeitamente razoáveis, e essa diversidade de doutrinas razoáveis, o liberalismo político a vê como o resultado inevitável, a longo prazo, do exercício das faculdades da razão humana em instituições básicas livres e duradouras. Por conseguinte, a segunda questão consiste em saber quais são os fundamentos da tolerância assim compreendida, considerando-se o fato do pluralismo razoável como resultado inevitável de instituições livres.” (RAWLS, John. Liberalismo político. 2ª. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 45)
[23] “A combinação dessas duas questões nos leva a perguntar como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade justa e estável de cidadãos livres e iguais, mas que permanecem profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis”. RAWLS, John. Liberalismo político. 2ª. ed. São Paulo: Ática, 2000, pp. 45-46.
[24] RAWLS, John. Liberalismo político. 2ª. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 47.
[25] RAWLS, John. Idem, p. 358.
[26] RAWLS, John. Idem, p. 4.
[27] Cf. MELLO, Marco Aurélio Mendes de Farias. In: Crime de racismo e anti-semitismo: um julgamento histórico no STF: hábeas corpus no. 82.424/RS. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2004, p. 178.
[28] Celso Bastos menciona essa idéia equivocada, em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. (BASTOS, Celso Ribeiro. BASTOS, Celso e GARCIA, Maria. Censura e liberdade de expressão. In: Revista jurídica, Porto Alegre, v.40, n.181, p.29-30, nov. 1992, p. 29)
[29] GREENAWALT, Kent. Speech and crime. In: GARVEY, John H. and SCHAUER, Frederick. The first amendment. 2ª. ed., St. Paul, Minn: West Publishing, 1996, p. 37.
[30] BECCARIA. Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. 11ª ed. São Paulo: Hemus, 1995, p. 15.
[31] MILTON, John. Areopagítica: discurso pela liberdade de imprensa ao parlamento da Inglaterra. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, p. 173.
[32] MILL, Jonh Stuart. A liberdade; Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 46 e 47.
[33] MILL, Jonh Stuart. Idem, 80 e 81.
[34] Esse é sem dúvida um grande exemplo a ser seguido por todos aqueles que amam tanto a liberdade quanto ao próximo. Sob a perspectiva cristã isso significa mostrar a outra face. Uma pessoa amadurecida há de ser tolerante até mesmo com os intolerantes.
[35] “Porque cada igreja é ortodoxa para consigo mesma e errônea e herege para as outras. Seja no que for que certa igreja acredita, acredita ser verdadeiro, e o contrário disso condena como erro.” ... “Ademais, se fosse possível esclarecer qual das discordantes se apoiou em corretas opiniões religiosas, nem por isso seria conferido à igreja ortodoxa nenhum direito, para destruir as outras. Pois as igrejas não possuem qualquer jurisdição em questões temporais, nem a espada e o fogo são instrumentos adequados, para refutar os erros ou esclarecer e converter o espírito dos homens.” (LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. In: Discursos, Ensaios e Conferências. São Paulo: Abril Cultural, 1973, pp. 15 e 16)
[36] Apud BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental: do homem das cavernas às naves espaciais. 6ª ed., Vol. 2. São Paulo: Globo, 1990, p. 462.

Dra. Carmen Asiaín

2008-07-23T19:15:00.000-07:00

Libertad de Expresión y Derecho de Expresión
de las Confesiones Religiosas en el Uruguay

I. Planteo:

Analizaremos la regulación jurídica que la libertad de expresión en general recibe en nuestro derecho, incluyendo las libertades de comunicación y de información, tanto de fuente internacional como del derecho interno -constitucional, legal y reglamentario-, y su tratamiento e interpretación por la doctrina y jurisprudencia nacional.
Identificaremos los derechos derivados de la consagración jurídica de la libertad de expresión y los deberes y garantías asumidas por los poderes públicos que conjugan la tutela de dicha situación jurídica. Será de particular interés el estudio de las responsabilidades civiles y penales atribuibles por el ejercicio abusivo o ilícito de dicho derecho de expresión a través de los medios de comunicación masiva. Trataremos de centrar el enfoque en lo aplicable a las confesiones religiosas.
Al analizar la tensión norma – realidad en el ámbito de la libertad de expresión, relevaremos el desfasaje que se produce en nuestra sociedad entre el plano de las libertades, derechos y garantías ampliamente consagrados por el ordenamiento jurídico (goce y titularidad) y el plano de su efectivo ejercicio, desde el punto de vista de la virtud del ordenamiento jurídico para plasmar una efectiva tutela del ejercicio del derecho de expresión. Intentaremos detectar los condicionamientos –de orden económico, cultural, histórico y político- que obran de presupuestos para que la libertad de expresión proclamada y tutelada por el deber ser normativo, permitan el pleno y efectivo ejercicio del derecho de expresión en el ser de la sociedad, especialmente cuando sus titulares son confesiones religiosas o miembros de ellas.
Ilustraremos acerca de la presencia de las confesiones religiosas en los medios de comunicación y sus modos de expresión.
Destacaremos un caso particular en que ante el ataque a la libertad religiosa de una confesión minoritaria, ésta en lugar de reclamar el amparo al el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, ha recurrido a los medios masivos de comunicación como ámbito donde ventilar el conflicto.
II. ¿Por qué interesa la Libertad de Expresión a las Confesiones Religiosas?
Toda religión supone la creencia en lo trascendente, trascendente que es la divinidad, aún cuando se eluda tal denominación de “Dios”. Presupone de parte de las personas y los grupos sociales la opción por religarse y religar al mundo con Dios”[1].
Parte de la premisa de que existe una verdad objetiva que el hombre puede conocer y aceptar como tal. Así, la persona adherirá a un conjunto de creencias, del que se derivará un orden moral o conjunto de normas de conducta que se le impondrá como la consecuencia natural y lógica de haber abrazado esa fe. Por haber descubierto la Verdad, albergará sentimientos de veneración hacia la divinidad, y le rendirá culto a través de diversos rituales.
Creyendo en la verdad alcanzada, la vocación de toda religión es a su vez trascender –salir de sí hacia los demás-. Es un reclamo óntico de la opción de “religar al mundo con Dios”, el “religarse” con los semejantes, para trasmitirles esta verdad alcanzada. Creyendo en lo trascendente, la vocación de la religión es trascender. El proselitismo –anuncio e intento de convicción a los demás para que éstos a su vez aprehendan la verdad, adhieran a la creencia y alcancen así el camino de la salvación- es inherente a su ser.
Por ello es misión primordial de toda religión lograr la conversión de los demás, partiendo de la convicción de poseerse la verdad y de que esta verdad es un bien compartible. Esta pretensión de considerarse a sí misma como el camino exclusivo de salvación[2] es común a todas las religiones, aún de aquellas que preceptúen la endogamia como requisito de pertenencia, las que de todas formas se postulan como poseedoras de la verdad frente al resto. Y esta misión de trascenderse –salir de sí mismas- y de trasmitir y lograr la adhesión a la fe de los congéneres se ejerce e instrumenta a través de la expresión de ideas -comunicación de hechos y de pensamientos elaborados, enseñanzas y modos de interpretar lo natural y sobrenatural.
El reconocimiento de la libertad de expresión –común a todo ser humano- es connatural a las confesiones religiosas -consideradas como comunidad o individualmente en sus fieles, asentándose el derecho a expresarse en el sentido mismo de su existencia.
Los hombres religan al mundo con Dios y se religan a través de su expresión. La divinidad no necesita la comunicación con la creatura (en el sentido de que puede prescindir de la misma, por definición); el hombre necesita comunicar su relación con Dios a y con los demás.
Estas disquisiciones parecerán obvias y redundantes. Y lo son. Sin embargo, se vuelven pertinentes luego de que la manifestación pública de las convicciones religiosas fuera cuestionada por el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, considerando que lo religioso debe permanecer en la “esfera privada”[3], por ejemplo y ante la postura de algunos líderes de opinión que se congratulan de que en el preámbulo de la Constitución Europea no se mencionen las "raíces cristianas" de Europa y que, según su interpretación, el proyecto enmarcara “a la religión y la vida espiritual de los europeos en el ámbito que le corresponde: lo privado”[4].
De modo que no es vano, aunque implique haber retrocedido unos cuantos casilleros en la evolución de los derechos humanos, volver a enfatizar la vocación pública de toda religión y la comunicación de sus creencias como razón de su existencia.

III. Marco Jurídico de la Libertad de Expresión:

Nuestro país ha suscripto los instrumentos internacionales de reconocimiento y protección del derecho de expresión.
De los Tratados “madre”[5] es de particular destaque el preámbulo de la Declaración Universal de DDHH, que parte de reconocer “como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; así como la inclusión, como parte integrante o desarrollo del derecho de expresión, el derecho a la información y el de comunicación (art. 19[6]), también recogidas expresamente por el Pacto Internacional de DDHH[7], al tiempo que por este se responsabiliza a sus usuarios por la lesión que puedan ocasionar a los derechos de los demás. El art. 27 del Pacto[8] ata la libertad religiosa a la libertad de expresión, por su carácter de inescindibles.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica[9]) contiene similares previsiones[10]. Como novedad respecto al resto, veda la censura previa de forma explícita, previsión que ya había sido recogida por nuestra Constitución de 1967 (art. 29) y condena el abuso de derecho que puedan cometer por vías fácticas los medios de comunicación –mediante el control, el monopolio o cualquier acción de hecho que redunde en la limitación o impedimento del derecho a los demás, todo lo cual analizaremos, junto con la implantación que hace el Pacto y que recoge nuestra legislación, del derecho de rectificación y respuesta[11].
La Convención sobre Derechos del Niño[12] consagra estos derechos en referencia al niño (art. 2), comprometiendo en primer lugar a los Estados parte a tomar medidas tendientes a evitar la discriminación de los niños a causa del ejercicio del derecho de expresión de sus guardianes, centrando el foco en la protección del derecho de expresión del niño como titular del derecho subjetivo de expresarse y de informarse (arts. 12 y 13). La Convención prescinde del concepto de capacidad jurídica -que implica un mínimo de edad- y atendiendo en vez a la madurez del niño como criterio de atribución de estos derechos[13].
La Constitución vigente (de 1967, con las reformas de 1989, 1994, 1997 y 2004) consagra la libertad de expresión de forma específica y explícita en el art. 29 y las libertades anexas de forma genérica e implícita en los arts. 7 (amparo de derechos fundamentales), 10 (fuero íntimo y principio de legalidad), 72[14] (incorporación a la Constitución de los derechos, deberes y garantías inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno) y 332 (garantía genérica).
Asimismo protege la libertad de expresión en otras disposiciones no referidas exclusivamente a la acción de “expresar” los pensamientos: libertad religiosa (art. 5); inviolabilidad y secreto de “los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica de cualquier especie” (art. 28); derecho de petición de todo habitante para ante todas y cualesquiera autoridades de la República (art. 30); libertad de trabajo, industria y comercio, reconociéndose expresamente la libertad de la conciencia moral y cívica de los trabajadores (arts. 36 y 53); libertades de reunión y asociación (arts. 38 y 39); libertades propias del derecho colectivo del trabajo –sindicales, gremiales- (arts. 57 y 58); libertad de enseñanza (arts. 68 a 70); amén del conjunto armónico de garantías estatuidas para el ejercicio de los derechos y deberes políticos en mecanismos de democracia directa (referéndum contra los actos legislativos e iniciativa popular ante el Poder Legislativo, art. 79 (2) y plebiscito (art. 331 en más de un supuesto) y sufragio e indirecta (art. 4). La irresponsabilidad de los legisladores en lo referido a sus votos u opiniones (art. 112) se extiende al Presidente de la República (art. 171) y a los Ministros (178) en lo pertinente. Las normas del debido proceso, por su parte (arts. 12 a 22) aseguran el “día ante el tribunal” a toda persona, tanto para intervenir en salvaguarda de las libertades tuteladas en caso de atropello, cuanto para servir de ámbito donde expresar su “casus” o “litis”, manifestaciones ambas del derecho de expresión.
La propaganda y los avisos de carácter religioso ha sido exenta de tributos departamentales, junto con la misma de carácter político, gremial, cultural o deportivo (art. 297 Const.)
Volvamos a la norma madre del derecho de expresión:
Artículo 29.- Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.
El art. 29 regula de forma bastante acabada el goce de la libertad de expresión, asentándola sobre tres bases fundamentales para su pleno ejercicio:
· declara enteramente libre toda la materia de comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación;
· Veda la censura previa;
· Atribuye responsabilidad al autor y en su caso, al impresor o editor por los abusos que eventualmente se cometan en el ejercicio de la libertad de expresión, delegando en la ley la regulación de dicha responsabilidad.
El contenido de las libertades amparadas: hay una referencia expresa a un ángulo de la libertad de expresión, cual es la emisión del pensamiento (“comunicación”). Parte de la doctrina[15] ha entendido que el derecho a la información queda también abarcado por la norma, en cuanto la comunicación de un pensamiento presupone que haya un emisor y un receptor. Este receptor será el titular del derecho a informarse. Otro sector de la doctrina, no hallando una referencia explícita al derecho a la información “veraz” en la norma específica, encuentra la fuente de estos derechos en la previsión del art. 72, en cuanto tutela genéricamente los derechos humanos[16]. De una forma o de otra, se puede afirmar que nuestra Constitución despliega una amplia protección de estas libertades, que luego la ley se encarga de reglamentar.
Prohibición de la censura previa:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos lo prevé en su art. 13 (2), permitiendo la aplicación de responsabilidades ulteriores a quienes cometieren abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Nuestra Constitución es de fecha anterior y ya había consagrado el principio, que recibe un tratamiento acabado mediante la incorporación del Pacto a nuestro derecho en 1985 (antes de esa fecha podía considerárselo imperante como ius cogens, con la salvedad del período del gobierno de facto junio1973-febrero 1985). La ley Nº 16.099 reiteró la prohibición dentro del nomen iuris “Exclusión de medidas preventivas” (art. 2º), extendiéndola a la veda de la previa autorización o prestación de caución alguna.
Durante el quiebre institucional del período “de facto” aludido, se instaló la censura previa por dos vías –por lo menos- distinguibles: desde el plano jurídico, por la suspensión del acatamiento a la Constitución y su sustitución por otras normas que rigieron de hecho, lo que habilitaba a la previa censura, aún cuando no siempre fuera ejercida por la autoridad ilegítima. Y por la vía fáctica, debido a la convicción colectiva de la sociedad de que ate un desborde que atentara contra el statu quo, las consecuencias serían tan perjudiciales que se optaba por abstenerse. De modo que, además de casos puntuales en los que se ejerció la previa censura, pulularon los casos de auto-censura, en conocimiento y previsión de la represión reinante.
Las confesiones religiosas no quedaron ajenas a este fenómeno. Como ocurrió en algunos países de Latinoamérica, parte de la Iglesia Católica -mejor dicho, movimientos o grupos de sacerdotes dentro de ella- habían adherido a las ideas del movimiento guerrillero, en mayor o menor medida, aún cuando no apoyaran el uso de la fuerza para alcanzar los ideales compartidos. Hubo sacerdotes perseguidos, exiliados y controlados. La Iglesia estuvo vigilada de cerca de forma no explícita, pero perceptible de todas formas. El celo se extendía hasta a los sermones. Indicador de todo ello fue que la presencia de la Iglesia en los medios y en el ámbito público en general durante ese período se redujo a lo estrictamente litúrgico. En ciernes de la apertura hacia la democracia, fue protagonista activa y propiciadora de reacciones populares pacíficas contra el régimen, como los llamados “caceroleos”.
La censura previa bajo la forma de la represión llegó a los centros educativos en todos los niveles, mediante la prohibición de textos, persecución de docentes y filtración de los contenidos educativos. En este sentido, las confesiones religiosas tampoco quedaron ajenas a esta forma de censura.
La censura previa –sobre todo a los medios de prensa- constituyó uno de los principales reproches a la dictadura, sobre todo antes de conocerse el resto de las violaciones a los derechos humanos.
Sanción de los abusos cometidos en el ejercicio de estas libertades.
La Constitución ha delegado en la ley la determinación de lo considerado “abuso”, así como las sanciones a aplicar en caso de infracción. Al decir de Cassinelli Muñoz[17], la remisión a la ley para que esta determine los casos de abuso configura una protección “menos clara y precisa en este derecho que el de la libertad física.”
A pesar de remitir a la ley para la determinación de los casos de abuso y su sanción, la Carta Fundamental provee un supuesto que podría encuadrarse como un caso de abuso del ejercicio del derecho de expresión en el art. 80, al prever como una de las causales de suspensión de la ciudadanía legal (la otorgada a extranjeros) el formar parte de organizaciones que por medio de la violencia o de propaganda que incite a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Para definir dichas bases, remite a la parte dogmática de la Constitución, que contiene los derechos fundamentales y la forma de organización democrático-republicana de gobierno.
La no confesionalidad del Estado está contenida en la parte dogmática de la Constitución (primeras dos previsiones del art. 5) “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.” Por tanto, es esta una de las bases fundamentales de la nacionalidad. Aplicaría a quienes mediante propaganda “que incite a la violencia” tiendan a implantar, por ejemplo, un Estado confesional, o un Estado donde no se respetara la libertad religiosa. Pero mientras esta propaganda no incitase a la violencia ni fuera usado un medio violento, no habría abuso del derecho de expresión ni se configuraría la causal de suspensión de la ciudadanía legal.
Otra limitación de fuente constitucional está dada por el art. 58, en sede de funcionarios públicos. Para éstos “queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”. La prohibición se circunscribe a la actividad de los funcionarios públicos “en los lugares y horas de trabajo”, por lo cual no podrá extenderse a quienes no se encuentren comprendidos en los supuestos normativos. Cassinelli Muñoz[18] al comentar esta norma sostiene que nos brinda un argumento “a contrario”, para decir que según el criterio constitucional, el proselitismo en si mismo –que define como la expresión del pensamiento destinada a convencer a otros y a hacer prosélitos- sólo está prohibido en los lugares y horas de trabajo respecto a los empleados públicos. Adhiriendo a esta interpretación podemos afirmar que el proselitismo religioso, fuera de los específicos supuestos de la norma constitucional prohibitiva, es legítimo y conforme a nuestro derecho interno más allá del amparo internacional del derecho humanitario.
El Pacto de San José de Costa Rica en su art. 13 (2) agrega que las responsabilidades derivadas del abuso en ele ejercicio de la libertad de expresión, además de ulteriores deben estar tipificadas legalmente y previstas con el fin de salvaguardar el respeto por los derechos de los demás (principio de que mi derecho termina donde comienza el de mi semejante) y la protección de bienes considerados supremos como la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas, bienes ante los cuales las libertades de expresión deben ceder.
Nuestro país ha reglamentado el art. 29 de la Carta mediante diversas leyes que tipifican delitos: de difamación e injurias (art. 333 y sigs. del Código Penal y Ley 16.099 de 3/11/89, art. 27) que analizaremos.
Además, ha penalizado la exhibición pornográfica (art. 278 C. Penal); la incitación a la violencia mediante la apología del odio nacional, racial, religioso o la orientación sexual (art. 149 C.P. en la redacción dada por la Ley Nº 17.677), la instigación pública a delinquir y a desobedecer las leyes, la apología del delito (arts. 147 a 149 C.P.) etc. Pero los casos considerados “abuso” por la ley no resultan suficientes para conjugar una verdadera protección del destinatario de la comunicación del pensamiento, bastando que el emisor consiga los medios adecuados para ello[19].
En los delitos de difamación e injurias (333 a 336 del C.P.) el bien jurídico tutelado es el honor (delitos contra la personalidad física y moral del hombre). “(Difamación. El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado …”. (Injuria) “El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado …” La comisión de estos actos “con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público” son circunstancias agravantes del delito.
No pocas veces se ha atentado contra el honor de ministros de culto, de los fieles y de las confesiones religiosas –ya sea por la comisión del delito contra personas individualmente consideradas, ya contra el ente colectivo o abstracto, que tiene una honorabilidad colectiva que aunque hace difícil el ejercicio de la acción penal, no inhibe a cada uno de sus componentes de ejercerla a título personal, por haber sido violentados por transitiva, por atentado contra la fe que profesan o la comunidad a que pertenecen-. En los casos de tipificación del delito contra estos sujetos pasivos colectivos, se entiende por parte de la doctrina penalista[20] que debe admitirse que cada uno de los componentes del ente colectivo tiene derecho a ejercer la acción a título personal. La tesis llamada intermedia sostiene que sólo en casos excepcionales las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de estos delitos[21], fundándose en el inc. 3º del art. 338 del C.P. cuando refiere a “En los casos de ofensa contra una corporación social, política o administrativa” disponiendo que “sólo se procederá mediante autorización de la corporación ofendida o de su jefe jerárquico, cuando se trate de autoridad que no se halle colegialmente organizada”. Ha sido la tesis recogida mayoritariamente por la jurisprudencia nacional. Lo que Cairoli afirma es que de la ley penal no surge la exigencia de que el sujeto pasivo lo sea exclusivamente una persona física –ni las consideradas por el inc. 3º del art. 338- por lo que entiende que cualquier “persona” puede ser ofendida, incluyendo las personas jurídicas sin límite alguno. A su juicio el inc. 3º del art. 338 viene a completar su razonamiento, partiendo de la base de que las personas corporativas pueden ser ofendidas y pidiendo para tales casos que la instancia del ofendido sea ejercitada de determinada manera.
Han sido vastos los ejemplos, que se suceden día a día de tipificación de estos delitos (letras de canciones agraviantes, insultos dirigidos a ministros de culto en los medios, atribución de hechos que pueden dar lugar a procedimiento penal o disciplinario, exposición al odio o desprecio público de instituciones o comunidades religiosas) pero pocas veces se ha movilizado la instancia del ofendido, que obra como presupuesto procesal de la acción penal. Volveremos sobre un caso de ofensa a un culto en que la corporación ofendida no hizo uso de estas herramientas legales para defenderse de los ataques, sino que recurrió a los medios de comunicación como “sede” y “árbitro” de su litis[22].
La exceptio veritatis, es decir la excusa absolutoria consistente en probar la veracidad de los hechos atribuidos, sólo se admite como excepción en supuestos taxativamente enumerados (art. 336), excluyéndose en dichos casos la punibilidad. Entre las posibles pruebas liberatorias figura el que por los hechos atribuidos estuviere pendiente un procedimiento penal contra el ofendido (numeral 2º), como sería el caso de los ministros de culto procesados por delitos sexuales, a los que paralelamente se los difama en los medios masivos de comunicación. El ministro de culto imputado estará sujeto a dos procesos punitivos paralelos, pero cuyos fines y motivos distan mucho entre sí: la jurisdicción interna de su confesión religiosa (eclesiástica, generalmente) y paralelamente a la justicia estatal (llamada ordinaria, penal, además de las eventuales responsabilidades en el orden civil). Entonces la difusión de la imputación y la publicidad de los detalles a través de los medios de comunicación pueden obrar de interferencia perniciosa para uno u otro orden de jurisdicción, tanto que la debida defensa del ministro puede verse vulnerada en el orden religioso o civil alternativamente, o cuanto la misión pastoral de la jurisdicción eclesiástica puede quedar frustrada por lo irreparable del daño causado por la vasta difusión de la “noticia”. En el caso de que el imputado sea absuelto, de todas formas se habrá producido un daño irreversible en la imagen y reputación de la globalidad de la confesión religiosa de pertenencia. Y sin embargo, constituye una de las excepciones legales al principio general que rige los delitos contra el honor, cual es el principio de Interdicción de la prueba de la verdad “exceptio veritatis”, por el hecho de que existe en el tiempo de la difamación o injuria, un proceso penal en trámite.
Otra excepción a la regla que merece nuestro análisis es la del numeral 4º: “Cuando el querellante pidiere formalmente que el juicio se siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad que se hubiere atribuido.” Ahora bien, más allá de que el ministro de culto difamado pueda ejercitar este derecho ante la justicia ordinaria –estimando que el procesamiento develará lo falso de la acusación y difamación- pueden existir causas dentro de la justicia eclesiástica que aconsejen lo contrario. Ya que “El derecho no sólo hace justicia a una sociedad herida por el delito que pide la vindicación, sino también que debe tutelar los derechos subjetivos de cada uno de sus miembros, etiam reo[23]”, entre los que se encuentran la protección que ejerce el Obispo como pastor sobre sus ministros, a pesar de la voluntad del ministro. Además, a veces obran motivos pastorales de protección de la comunidad religiosa en su conjunto, que pueden colidir con el derecho de fuente estatal que tiene el ministro de que se ventile una causa ante la justicia ordinaria, con la publicidad implícita y la pérdida de confianza sobre el imputado que la sola imputación puede acarrear. Es más, puede pesar una obligación de mantener la confidencialidad de algunos hechos –secreto del oficio[24]-, por motivos pastorales, impuesta también sobre el imputado, en el sentido de no hacer investigaciones para no alarmar inútilmente a la comunidad y no provocar escándalo, medida notoriamente fundada en los fines de la confesión religiosa, que son diversos de los fines –legítimos, por cierto- que persigue la justicia ordinaria, y fundada también en la protección del ministerio, más allá de los derechos de la persona humana que lo ejerce. Mientras que la justicia ordinaria penal persigue como fin la paz y seguridad pública y privada y el respeto por la persona humana, y por ello tutela determinados bienes jurídicos mediante la tipificación de delitos y la aplicación de penas a sus infractores –castigo que se discute tiene función ejemplarizante, reeducativa, protectora del resto de la sociedad frente a la peligrosidad del infractor, o las combinaciones imaginables de estas-, la ley suprema de la justicia eclesiástica de la casi totalidad de las confesiones religiosas, tomando como prototipo a la católica, es la salvación de las almas[25].
Otro tipo penal que reglamentando el art. 29 de la Constitución configura un caso de abuso del ejercicio de libertad de expresión está previsto por los arts. 149 BIS y TER del C.P., dentro de los delitos contra la paz pública. Castiga al que “públicamente mediante cualquier medio apto para su difusión pública, incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será …” (en las sucesivas redacciones de las leyes Nº 16.048 y 17.677). Junto con la “incitación a” se penaliza “la comisión” del delito, en lo mismos términos. A juicio de Cairoli[26] (autor del proyecto que redundó en ley) la comisión de actos de segregación, como por ejemplo el colocar en lugares públicos carteles como “Entrada a judíos prohibida”, que a su juicio no suponen actos de desprecio o violencia, no ameritan sanción penal, entendiendo que tales discriminaciones deben ser objeto de regulación administrativa a través de sanciones impuestas por la autoridad municipal. Agregamos que a la luz del derecho humanitario y del alcance de la libertad religiosa, tales actos constituirían, si no un delito, una lesión a la libertad religiosa, en cuanto conculcarían el principio de no discriminación por motivos religiosos, amén de su potencialidad ofensiva y sensibilizadora.
La Ley de Prensa o de Medios de Comunicación:
Nuestro derecho ha reglamentado separada y específicamente los casos de abuso en el ejercicio de la libertad de expresión pasibles de ser cometidos mediante o por los medios de comunicación a través del Decreto-Ley Nº 15.672 y la Ley 16.099[27], que deroga el referido.
Se reiteran las libertades constitucionales de comunicación de pensamientos y libertad de información (ésta de forma explícita), por cualquier medio de comunicación que sea, comprendiéndose la libertad de fundar medios de comunicación, consagrándose el amparo al secreto profesional de los periodistas respecto de sus fuentes de información y excluyéndose la censura previa (arts. 1 a 3 de la Ley), todo ello dentro de los límites impuestos por los derechos de los demás, especialmente, la privacidad.
El Decreto-Ley 15.672 había innovado reconociendo el derecho de respuesta. La Ley 16.099 regula (arts. 7 a 17) este derecho de toda persona física o jurídica, pública o privada para ejercer ante el Juzgado competente el derecho de responder a una publicación o cualquier otro medio de comunicación pública que la haya afectado por informaciones inexactas o agraviantes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles (y penales, se debe agregar).
Analizado el instituto por el penalista Cairoli[28], la norma implica que el autor de un artículo periodístico o el redactor responsable del medio de comunicación, pueden cometer no sólo los delitos de difamación e injurias –que ya estaban tipificados en el Código Penal- sino también los de “desacato, simulación de delitos, extorsión, instigación pública a no pagar tributos, instigación pública a delinquir y cualquier otra figura que esté prevista en la ley penal”, siendo los bienes jurídicos tutelados variados.
Estima el doctrino, en punto al ya que nos refiriéramos que “lo importante de este decreto-ley dictado en plena época de facto es que, a pesar de eso, consagra soluciones que tiende a contemplar la situación creada por reiteradas clausuras de órganos de difusión, así como la exclusión de prisión preventiva a los responsables de los artículos periodísticos”. En los estertores de la dictadura se introducen garantías del debido proceso y se viene a paliar la práctica de las clausuras dispuestas a medios de comunicación dentro del marco de la censura previa reinante. El decreto-ley en estos puntos es retomado por la ley posterior.
El proceso de rectificación y respuesta: volviendo al derecho de rectificación y respuesta, la ley instaura un proceso muy breve para hacerlo valer (art. 8), consistente en la presentación de la solicitud por el agraviado, la citación de ambas partes dentro de las veinticuatro horas, la celebración de un audiencia pública dentro de las cuarenta y ocho horas y el dictado de sentencia en la misma, la que otorgará el derecho de rectificación y respuesta disponiendo la publicación o emisión de una respuesta de por lo menos el doble de extensión que la impugnada, o lo denegará. La segunda y última instancia es también muy breve.
La respuesta se emitirá en el mismo medio en que ocurrió el agravio y con las mismas características, dentro de las cuarenta y ocho horas de dictada la sentencia.
Se excluye especialmente de esta acción a los artículos o programas de crítica literaria, histórica, artística o científica, salvo si fueren usados como medio ostensible o encubierto para injuriar.
Existe una previsión que atañe particularmente al Derecho Eclesiástico en el art. 15 (Conjunto de titulares): “Si una publicación o emisión afectare a un conjunto de personas accidentalmente congregadas con cualquier objeto lícito, una sola de ellas, o cierto número de las mismas que el Juez limitará a su arbitrio, pueden asumir oficiosamente la representación del grupo, no pudiendo tramitar más que un solo texto en respuesta, el que será seleccionado por el Juez”.
La disposición está hecha casi a medida de las confesiones religiosas. Decimos “casi” porque la inclusión del adverbio de modo “accidentalmente” junto a “congregadas” puede llegar a excluir algunos supuestos de configuración del tipo penal, dejándolos desprotegidos.
Por ejemplo, si a través de un medio de comunicación se agravia a un conjunto de personas congregadas por el objeto lícito de una procesión religiosa o por un acto de culto previamente planificado, podría llegar a considerarse que tal congregación de personas no es “accidental” como exige el tipo –porque se trata de una fiesta litúrgica, como la Procesión de Corpus Christi en el culto católico, o la Fiesta de Yemanjá en afroumbanda-, o porque fue convocada con antelación –como la manifestación de la Confederación de Iglesias Cristianas y la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, guiadas por el Pastor Ille que protestó ante la erección de la estatua de Juan Pablo II al pie de la Cruz en Tres Cruces, Montevideo[29]-, por lo que habiendo sido tales congregaciones planificadas, tradicionales, “no accidentales”, quedarían fuera del supuesto legal. En tal entendido, no cumpliéndose uno de los elementos del tipo, el agravio a los feligreses durante una misa dominical, por ejemplo, podría quedar desamparado, si se arguyera que tal congregación de personas es estable, programada, con carácter permanente, y por consiguiente “no accidental”. Considerramos que no fue ésta la intención del ciudadoso legislador de esta norma en especial, sino que lo que quiso fue ampliar el espectro de las situaciones amparables, cubriendo, además de a las personas jurídicas legalmente constituidas (incluidas en el enunicado general del art. 7), a cualquier reunion espontánea o esporádica de personas con un objeto lícito y común. Podrá decirse que en el caso de los feligreses agraviados durante una misa, la agraviada es la persona jurídica Iglesia Católica (en rigor, la diócesos de que se trate), que queda amparada por el enunciado general del art. 4º. Pero no todas las confesiones religiosas se han constituido en persona jurídica. Podrá decirse que en tales casos, posee legitimación activa cualquiera de las personas físicas agraviadas. Pero no será posible la procuración oficiosa prevista en el art. 15, sino que tendrán que accionar todos los que individualmente fueren afectados. La norma procesal civil que prevé la representación en caso de intereses difusos (arts. 42 y 220 del Código General del Proceso) podrá esgrimirse por analogía aún en este ámbito penal por virtud del art. 5º del Código de Proceso Penal sobre interpretación e integración, por tratarse de una cuestion procesal y no de fondo.
La ley define como delito de comunicación cometido a través de los medios de comunicación (art. 19) la ejecución en medios masivos, de un hecho calificado como delito por la ley penal, siempre que quede consumado.
Tipifica nuevos delitos: la divulgación a sabiendas de noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública o grave perjuicio a los intereses económicos del Estado o a su crédito exterior, y la institgación al vilipendio de la Nación, del Estado o sus Poderes (literales A y B del art. 19).
Se estaría consagrando una protección especial del derecho a la información y no cualquier información, sino la veraz.
Las responsabilidades en todos los casos son penales, sin perjuicio de las civiles, previéndose la reparación de los daños (art. 22), y son atribuibles al autor de la comunicación y eventualmente al responsable del medio de comunicación (art. 25). Se plasma así el principio que rige a estos delitos de comunicación: el de responsabilidad escalonada o por cascadas, o sistema Belga[30], que en nuestro derecho se circunscribe sólo a estos dos escalones: el autor de la publicación y el redactor responsable, sobre el cual pesa la obligación de revelar la identidad del autor, bajo apercibimiento de tipificársele el delito de encubrimiento, quien estaría facilitando al autor el eximirse de su responsabilidad penal al no denunciarlo[31].
A solicitud de la parte interesada, se ordenará la difusión de la sentencia respectiva de forma gratuita.
Se exime de pena al autor de un delito contra el honor que se retractare antes de la acusación fiscal (art. 27).
Otra reforma de importancia fundamental es el castigo con pena privativa de libertad de los delitos de difamación e injuria cometidos a través de la prensa, siendo el hecho de haberse cometido a través de los medios de comunicación un agravate de la responsabilidad penal[32].
Con pena de multa se sanciona a quien difunda actuaciones, documetos o sentencas relativas a casos de filiación ilegítima, impugnación o contestación de estado civil, adulterio, o delitos contra el pudor, reglamentándose de esta forma otro tipo de “abuso” en el ejercicio de la libertad de expresión, que obra como límite al derecho.
Desde la sanción de la ley ha sido frecuente la citación judicial a periodistas y en general, personas vinculadas a los medios de comunicación, así como el ejercicio de la acción tendiente a efectivizar el derecho de respuesta. Han proliferado en los medios, ya sea prensa escrita, como radial y televisiva, los espacios que en cumplimiento de la ley 16.099 el medio de comunicación se vió obligado judicialmente a ceder al accionante, promotor de la acción, para que estampara su respuesta a los agravios. Se destaca que no ha ocurrido lo mismo en los tribunales en relación a las condenas a los denunicados por los delitos de comunicación, a pesar de haber estado en juego la difusión de informaciones de interés público. Las sentencias absolutorias se fundaron en que este tipo de delitos constituyen una excepción al principio de libertad de expresión, por lo que se impone una interpretación restringida[33].
Así, se ha priorizado jurisprudencialmente el derecho a la información, sobre todo en cuestiones de interés público, sosteniéndose que “La injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en la causa de interés público, en el del interés general; precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honor ajeno) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre asuntos sociales, económicos, políticos, etc. que, en definitiva, posibilita la participación consciente y responsable del ciudadano en la vida política"[34]. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que “En los estados democráticos este derecho es uno de los pilares del sistema constitucional. Se trata entonces de derechos (se refiere a investigar, difundir y recibir información) tan trascendentales que pueden ser ubicados en un plano superior al de los otros derechos civiles, pues ello depende de la estructura de las relaciones entre el poder y la libertad”[35]
Se recoge jurisprudencialmente la doctrina de la real malicia respecto del autor del delito imputado, imponiéndosele al accionante la carga de acreditar la falsedad de la información, así como la intención de publicar una falsedad con animo perjudicial. Una vez desechado este ánimo mailicioso, se privilegia el ejercicio del la libertad de expresión por sobre el derecho al honor del agraviado. Así, en otro caso, luego de establecerse que la noticia divulgada no era producto de la invención del imputado, sino de una legítima investigación periodística, que le determinó una convicción de veracidad de los hechos publicados[36]. Analizando los límites al derecho de libre expresión y a los de informar y estar informado, el dictámen fiscal detectó una colisión “planteada entre el derecho al honor garantizado constituconalmente y tutelado por la ley penal (arts. 333 y 334 C.P.) y la libertad de expresión”[37]. Considera la fiscal que la tensión no sólo se registra entre el sujeto agraviado y el periodista, sino que “hay un tercer actor en juego, que es la sociedad toda, interesada en que se le garantice el libre acceso a las noticias” siendo “la transparencia de la gestión pública” ... “la forma más adecuada de constribuir al fortalecimiento de las instituciones”.
En este y otros casos existían además de los antedichos otros derechos-deberes de corte constitucional en juego, como las libertades de trabajo, comercio e industria (art. 36, 53 y sigs.). La puesta en práctica de la libertad de trabajo de que es titular el periodista supondrá necesariamente el cumplimiento de obligaciones profesionales esenciales a la labor desplegada.
La colisión o conflicto de derechos humanos en juego nos lleva a otras reflexiones relacionadas con la jerarquía de dichos valores entre sí en nuestro sistema jurídico, y la priorización de unos sobre otros que necesariamente se deriva de tales premisas.
Preguntándose acerca del alcance de la noción de “interés general” -que es frecuentemente invocada para subyugar derechos frundamentales reconocidos-, el Prof. Dr. Mariano Brito[38] plantea “¿Cómo afirmar” ... “la noción de interés general que actúe la dimensión social, sin menoscabo de la referencia personal esencial que llamamos la dignidad humana? ¿Cómo se vinculan interés general y bien particular? ¿Cuáles serán los atributos del interés general que eviten por igual los riesgos del individualismo atomizante del bien comunitario, y la exacerbación de un interés general absolutizado, transpersonalista o totalitario?”. Luego de desarrollar los contenidos de este interés general según la regulación constitucional, resalta el principio conforme al cual “la supraordenación del interés general y su preeminencia se restringe a la esfera de los fines respectivos de cargo del Estado”, principio recogido en el ordenamiento positivo uruguayo que cita: “La satisfacción de necesidades colectivas debe ser compatible con la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad humana o los que se derivan de la forma republicna de gobierno (art. 7º y 72 de la Constitución)[39]. Entre otras conclusiones de Brito, destacamos la advertenca de “la necesidad de una justificación racional, que transcurre por aquello que el hombre es” a la hora de evaluar los eventuales conflictos de intereses o derechos, y la afirmación de que “El reconocimiento y la afirmación de la libertad, conllevan el reconocimiento de las situaciones de deber y responsabilidad personales consiguientes”, que “no adquiere naturaleza y carácter absoluto y totalitario, porque el acabado perfeccionamiento del hombre siempre deja a salvo la esfera de incomunicabilidad (la vida interior)”, en aras de la “acabada realización en perfección de las partes del todo social”.

IV. El recurso a los Medios de Comunicación Masiva como Medio Alternativo donde Ventilar los Conflictos:

Habíamos adelantado la ocurrencia en nuestro país de casos de ataque a la libertad religiosa de algunas confesiones religiosas –en este caso por el ejercicio abusivo o ilícito de dicho derecho de expresión a través de los medios de comunicación- que no obstante reunir todos los elementos típicos para la configuración de un delito de comunicación, no fueron ventilados por las personas agraviadas ante los órganos jurisdiccionales, sino que –por motivos diversos- se optó por su denuncia, reclamo y en definitiva, su dilucidación por y a través de los medios masivos de comunicación, que vinieron a cumplir la función de árbitros informales del litigio.
Caso Umbanda c/ Iglesia Universal del Reino de Dios
Nicolás Guigou y Yamila Rovitto en la compilación “Las Religiones en el Uruguay”[40] dan cuenta de lo que denominan “Guerra religiosa en el Uruguay”, denunciando que “en todo momento la IURD” (neopentecostales cuya consigna central es “Pare de sufrir”) “ha confrontado directamente a las religiones afro-brasileñas (y a otras creencias consideradas “demoníacas”)”. Los citados antropólogos sostienen que es contra la invasión del espacio público perpetrada por la IURD que los líderes afro-umbandistas se pronuncian, invocando a la Ley y reclamando el amparo estatal en su calidad de guardián de la libertad de culto, intentando protegerse bajo lo que denominan el “sagrado manto laico”.
Así, es frecuente la emisión de comunicados de prensa del grupo umbandista “Atabaque” (que dirige una revista del mismo nombre) expresando su malestar por los agravios infligidos por los pastores de la IURD[41]. Los líderes religiosos de la IFA (Instituciones Federadas Afroiumbandistas) se quejan en los medios de prensa de que “vienen soportando desde hace más de una década” estos ataques, que se han incrementado desde la televisión por medio de los programas que a diario se emiten en Uruguay. En artículo de prensa titulado “Umbandistas y Reino de Dios enfrentados”, la citada publicación recoge la defensa de un miembro de la IURD, quien niega por falsas estas acusaciones, al tiempo que asimila macumba, brujería y umbanda “son lo mismo”. Umbanda se queja también de las acciones deliberadas de la IURD de intentar por medio de la televisión captar fieles de su culto. Se los acusa de “fiasco”, de “estafa” o “negocio religioso”, de amnipulación psicológica que deriva en peligrosidad para el individuo y la sociedad[42].
El hecho religioso se toma como bien objeto del comercio de los hombres, centrándose los reclamos en lo que podría considerarse como “competencia desleal” de parte de quien detenta los medios económicos para alcanzar de forma extensiva sus objetivos sumando adeptos. La desacreditación del contrario no se basa en fundamentos doctrinales ni dogmáticos, sino en la demonización del contrincante (los argumentos de la IURD) o en la perjudicialidad de las prácticas para sus “consumidores”. Los discursos asumen una óptica y contenidos socio-económicos, vinculados a las relaciones de consumo y derechos del consumidor, con términos propias de las prácticas comerciales, más que en cuestionamientos de fe verdadera versus herejía.
Ante la esterilidad de los reclamos, un grupo de umbandistas (Atabaque) ha optado por incorporarse a un partido político (Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría) buscando amparo, por un lado, y posicionamiento político para poder alcanzar sus reivindicaciones en el plano legal.
Lo particular de esta estrategia es el uso de instrumentos alternativos a los jurídicos (ley de comunicación y los delitos previstos, derecho de rectificación y respuesta, tipos penales perseguibles a instancia del ofendido, eventual responsabilidad de los medios, y amparo genérico de la libertad religiosa a que el Estado está obligado constitucionalmente y en virtud del Derecho Internacional.
Así, el uso recurso a la libertad de expresión se da en dos planos:
i. el uso de la libertad de expresión a través de los medios masivos de comunicación como instrumento hábil para comunicar ideas, denunciar hechos, ventilar litigios, apelar al “juicio” del conglomerado social (nivel proactivo, de iniciativa de la confesión religiosa);
ii. el ejericicio del derecho de expresión de la confesión religiosa como sustituto de las acciones judiciales (amparo jurídico del Estado), por diversos motivos (nivel de reacción frente a una provocación, de defensa o respuesta).
i. El primer plano constituye el ámbito natural tanto de la libertad de expresión, como de los cotenidos de lo comunicado a través de los medios masivos (ideas, confrontaciones, opiniones, denuncias).
ii. En cambio, en el seguno plano se da la particularidad del recurso a los medios de comunicación como herramienta alternativa de la acción procesal y del amparo jurisdiccional, que es el ámbito natural para la solución de los conflictos, habida cuenta de que nuestro derecho ofrece vías procesales y garantías idóneas para la protección de los bienes jurídicos religiosos.
Las razones que pueden existir dentro de las confesiones religiosas para optar por esta vía alternativa a la jurisdiccional como árbitro de sus conflictos puede ser variada. Se ha alegado la ineficacia de los medios de tutela jurídica. Al respecto, ha de decirse, que si bien todo instituto es perfectible, nuestro derecho consagra una amplia tutela de los bienes jurídicos como el honor y la libertad religiosa que pueden ser son objeto de agravio mediante los medios masivos de comunicación. Los tipos penales consagrados son extensivos en cuanto cubren la casi totalidad de las hipótesis de agravio posibles, y concomitantemente el sistema penal prevé sanciones, al tiempo que acciones como las de rectificación y respuesta para restaurar los daños ocasionados, proveyendo institutos como la represetación de intereses difusos y el recurso de amparo en caso de no existir otros mecanismos procesales administrativos para la salvaguarda del bien jurídico en cuestión[43] o a las fuentes supletorias de la Constitución (garantía genérica del art. 332) en la eventualidad de que la hipótesis de agravio o lesión no estuviere prevista tampoco por esta ley[44], o aún contra la Administración por omisión de su deber de tutelar la libertad religiosa de determinada confesión atacada de forma ilegítima por otra[45].
La situación rememora la actitud que en otros tempos pretéritos tuviera el movimiento obrero antes de la autonomía del Derecho Laboral. La falta de conciencia social o de su condición (laboral) de los trabajadores, antes del desarrollo del Derecho Laboral protector de sus reclamos, los llevaba en una primera etapa a buscar medios alternativos de protección dentro de la sociedad civil, por medio de acciones aisladas de protesta, manifestación, incluso huelga, pero no organizada como movimiento sindical debido a la falta de conciencia de clase y falta de consecuente organización. Este movimiento, junto con una toma de conciencia por parte de los estamentos políticos y jurídicos de la necesidad de plasmar una protección de la parte considerada más débil en la relación laboral –con la influencia incuestionable de la Encíclica “Rerum Novarum”- redundó en el desarrollo del vasto Derecho Laboral, al que acuden los trabajadores de forma eficaz, sin desmedro de las acciones fácticas que continúan ejerciendo en la sociedad civil.
Falta, entonces, por un lado, una toma de conciencia dentro de las confesiones religiosas –o por lo menos de algunas de ellas- respecto a los derechos de que son titulares y de los medios que el Derecho ofrece para su tutela; y por otro lado, una conciencia de su ser, conciencia de su condición de confesión religiosa, como estamento dentro de la sociedad, comunidad intermedia digna y acreedora de protección por el Estado, cuyo fin primordial es propeder a su desarrollo.
Un caso tomado como indicador de otra posición frente a los agravios: la Conferencia Episcopal Uruguaya frente al ataque al honor del Papa:
Este caso, como se indica, no pretende ser estereotipo de la actitud de la Iglesia Católica ante delitos contra el honor. Simplemente, se toma el caso puntual como indicador de otra postura frente al agravio.
La Universidad Católica de Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga denunció públicamente al semanario “Voces del Frente” (de filiación política del partido de gobierno “Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría”) por haber agraviado al Papa Benedicto XVI con el apelativo de “Führer”, en un hecho que “denigra su imagen personal” y “ataca a todos los católicos”[46]. A pesar de que el Área Penal de la Facultad de Derecho de dicha Universidad elaboró y publicó un informe sosteniendo que “las expresiones agraviantes, verbales y gráficas” contra el Papa, violan “preceptos constitucionales garantes de la libertad y respeto por la libertad de cultos religiosos” y que “dichas conductas presentan clara apariencia delictiva”, por “posiblemente” ir contra dispositivos que protegen bienes jurídicos “como el honor de Jefes de Estado extranjero, la paz pública y la libertad de culto religioso”, amparados en los artículos 138, 149 y 360 del Código Penal, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya informó que tras las aclaraciones respectivas no iniciaría ninguna acción penal contra los responsables, invitando en cambio a recorrer “el camino de la reflexión serena, del diálogo constructivo y del debate respetuoso como medios para fortalecer la convivencia”.
No ha sido el único caso planteado, ni una excepción a la actitud general de las confesiones religiosas ante estos desbordes. No puede hablarse aquí de desconocimiento de las herramientas que presta el derecho para la tutela de los derechos y libertades –se contó con un informe jurídico-. Se trata de una decisión de la confesión religiosa –legítima, por cierto- tomada a conciencia, de no movilizar la instancia del ofendido para iniciar la acción penal contra los agresores y optar en cambio por apelar a la condena social, política y moral de la comunidad a tales hechos reprobables, que con eficacia logran los medios masivos de comunicación. Nuevamente, los motivos pastorales y los fines de las religiones distan de aquellos del Estado y hasta del Derecho que es instrumento al servicio de las personas, pues como observa Brito “ni el Estado <>”[47].
Una actitud radicalmente opuesta: la Comunidad Judía frente a una imputada discriminación:
El evento es bien reciente (de 13 de septiembre de 2006) y con respecto al mismo sí podría afirmarse que constituye prototipo de la reacción de la comunidad judía frente a los embates, cuya fuerte reacción de defensa, denuncia y reivindicación provienen ya de la B’nai B’rith, ya del Comité Central Israelita, ya de otras instituciones comprometidas con la identidad judía. Estos casos sí llegan con frecuencia ante los Tribunales, dando lugar a profusa jurisprudencia.
Según relatan los medios de prensa[48], se detuvo a tres personas que acababan de hacer pintadas callejeras. El graffiti era dirigido contra el Director General de Rentas de la Dirección General Impositiva (de la colectividad judía), acusándoselo de corrupto y haciendo alusión a un caso en que se había seguido un proceso administrativo tributario contra un principal supermercado de plaza, se pintó la leyenda “TE VENDÉS CON LOS JUDAS DE TIENDA INGLESA”.
El Director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, presentó denuncia por los hechos, que derivó en el apresamiento del Edil[49] del Partido Colorado (Lista 15) que había encargado la pintada, “por el delito de desacato por ofensa” (art. 173 inc. 1º, delito cuyo sujeto pasivo es un funcionario público), o por el delito de discriminación religiosa (art. 149 BIS del C.Penal, ya analizado). Se dispuso el procesamiento con prisión del Edil por el primer delito imputado (art. 173 inc. 1º del C.P.).

El Comité Central Israelita incoaría demanda penal sobre los mismos hechos, arguyendo que “la agresión no fue solamente a Z” (como se conoce al Director de Rentas), “sino a toda la colectividad”, “sometiendo al escarnio público”, en una franca acción popular (“class action”) incoada en representación de intereses difusos (art. 42 C.G.P. y 5º del C.Proced.Penal).
La acción del Comité Central Israelita resulta interesante en cuanto toca diversos aspectos de nuestra materia.
En primer lugar, la apelación a la sensibilidad del receptor de la incitación que se siente lesionado al enervar la acción y su inclusión dentro del tipo penal. El accionante invocó el antisemitismo que la pintada callejera trasmitía, de lo que se derivaba la tipificación del delito previsto en la “Ley Antidiscriminatoria” (art. 149 BIS del C.P., en la redacción dada por la ley 17.677). La leyenda no contenía referencias genéricas peyorativas a la comunidad judía en sí. Decía “te vendés con los judas de Tienda Inglesa”, sin expresar en el texto un insulto a los judíos, ni una desacreditación, por sí. Desprovistos de prejuicios, podríamos sostener que sería equiparable a pintar “gringos” o del mismo supermercado[50]. Pero los accionantes consideraron lesiva la conceptualización que se encontraba detrás de le leyenda. No se puede desconocer que la alusión “juda” tiene en nuestro medio una connotación negativa, diversa de la exclusiva referencia al origen racial o a la práctica religiosa judía. Mientras “juda” hiere a la colectividad, por su actual connotación negativa, por la forma en que se ha usado el término, la calificación “judío” no lo hace y alude solamente al origen racial o práctica religiosa. Por ello, el apelativo “juda” puede llegar a configurar el tipo penal por ser la pintada callejerera un “medio apto para su difusión pública” y habiendo su autor incitado mediante el mismo “al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual …”
La sensibilidad herida del agraviado ha sido considerada por el legislador, independientemente de que prospere o no la acción penal punitiva. El delito “se consuma apenas la instigación (incitación) es percibida por un número indeterminado de personas[51].
Similares apreciaciones podrían hacerse respecto al calificativo “yanqui” que tiene implicancias peyorativas distintas –o puede tenerlas, según cómo se use- en comparación con “norteamericano” o “estadounidense”; o “sudaca” frente a “sudamericano”, entre otros ejemplos.
En segundo lugar, el análisis de los límites de la libertad de expresión de quienes ejecutaron (directa o indirectamente) la manifestación gráfica de la idea, opinión o denuncia. Y los límites se encuentran en este caso precisados por ley (el tipo penal descripto, y eventualmente los delitos contra el honor) independientemente de que surgirán también de la armonización del ordenamiento jurídico en su conjunto (derechos, deberes y garantías inherentes a la personalidad humana o que se deriven de la forma republicana de gobierno, con regulación específica o genérica). Y los límites tienen que ver en este caso con la máxima del derecho que impone ejercer mis derechos y mi libertad en tanto no lesione los derechos y libertades de los demás.
En tercer lugar, resulta novedosa la invocación de la legitimación activa de la institución denunciante, en cuanto estaría compareciendo en representación de intereses difusos (art. 42 C.G.P. y 5 C.P.P.). El Comité Central Israelita no actuó como persona jurídica en representación procesal de sus asociados, sino que lo hizo en nombre de un grupo subjetivo indeterminado: la colectividad judía en el país, repercutiendo su actuación procesal sobre la situación de cada uno de los interesados, miembros, parte de ese colectivo[52].
Se plantea otra dificultad vinculada al alcance subjetivo de la cosa juzgada. Pues en este tipo de procesos en que se comparece en defensa de intereses difusos, se da la particularidad de que la sentencia dictada tiene eficacia general (art. 220 C.G.P.). Se está plasmando la ficción legal de la participación en el juicio de todas las partes potencialmente involucradas o aunadas por dicho interés difuso, sin que éstas hayan comparecido, ni hayan sido emplazadas, ni siquiera individualizadas, y hasta puedan oponerse al objeto de la pretensión.
En materia penal, obrarán sólo como denunciantes o eventuales testigos, prosiguiendo el proceso entre fiscal, imputado y juez. Pero en relación a los efectos civiles del ilícito, podría plantearse un problema a la hora de definir a los beneficiarios de una indemnización pecuniaria por los daños y perjuicios provocados por el accionar ilícito del imputado.
En cuarto lugar, interesa la actitud de esta colectividad, que demuestra plena conciencia de pertenencia a una misma confesión religiosa a la vez que a una raza, y que reacciona pronta y eficazmente contra los desbordes, utilizando las herramientas jurídicas vigentes como medio para alcanzar de forma legítima sus objetivos. Ha sido una actitud constante, efectiva e imitable.

V. Análisis Crítico de la Efectividad en el Ejercicio de la Libertad de Expresión:
Libertad Proclamada sin Goce Efectivo de Derechos es Ineficaz

Hemos comprobado el amplio manto abarcado por la proclamación de la libertad de expresión en nuestro derecho, entre cuyas fuentes se destacan las normas de más alto rango jerárquico como los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional. Desde el punto de vista dogmático, la protección podría calificarse de perfecta.
Pero una libertad proclamada de forma tan amplia, sin el sustento de los mecanismos hábiles para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos derivados de tales libertades, la torna vacía o virtual.
Sin llegar a tal extremo, desde el Derecho Religioso del Estado caben críticas a nuestro ordenamiento jurídico en cuanto no logró conformar un acabado sistema de concreción de la libertad de expresión, por carencias en la igualdad de oportunidades para todas las tendencias, por la falta de las condiciones económicas, por los monopolios de hecho en la propiedad de los medios de comunicación masiva, por influencias políticas, en definitiva, por la omisión del cumplimiento de una función primordial del Estado, cual es la de propender a la libre comunicación de todos los estamentos sociales, no sólo permitirla.
Estamos aún en la etapa propia de la concepción de Estado del siglo XIX, en que éste Juez y gendarme solamente, proclamaba las libertades, dejando a los libres en tanta libertad, que ésta quedaba anulada por falta de los condicionamientos necesarios para ejercerla.
En sede de libertad religiosa no podemos denunciar censura alguna, pero tampoco podemos jactarnos de la existencia de habilitaciones oficiales para que las confesiones religiosas puedan divulgar lo que es esencial a su ser: su fe y su postura frente a las diversas interpelaciones que continuamente se plantean por la vida y existencia de los hombres en el planeta.
Estas carencias afectan derechos humanos fundamentales estrechamente ligados a la libertad de expresión, como la libertad de comunicación y de información. El titular del derecho a la información es un sujeto intrínsecamente dependiente: dependiente de que “alguien” le comunique algo, de “qué” le comunique, de “cómo” se lo comunique y de que el contenido de lo comunicado sea veraz. El titular del derecho a comunicar depende también de que alguien lo escuche.
Se constatan grados de libertad diversos en las diferentes áreas.
El propietario de un medio de prensa (transmisor) tiene un grado de libertad para comunicar, debiendo ajustarse a la veracidad de la información, a los límites legales que pautan el abuso del derecho, eventualmente a sus patrocinadores y anunciantes, de quienes depende económicamente. La información que brinda tendrá un grado relativo de calidad. Alcanza, sin embargo, a gran número de receptores. – información ++ efectividad
El educador goza de libertad de cátedra, pero debe ajustar los contenidos comunicados a la verdad y a los programas académicos, además de a la escala de valores de la institución a la que pertenece. La calidad de su información es superior y veraz (al menos en el deber ser). Alcanza a menor número de receptores, con efectividad en cuanto a la credibilidad de los contenidos trasmitidos. +información + efectividad
En el ámbito familiar se da el máximo de libertad de expresión que tiene la virtud de repercutir en el máximo de calidad de información y credibilidad, pero con un reducido ámbito subjetivo de recepción. ++información -efectividad
Las observaciones precedentes llevar a concluir que donde existe más libertad de expresión (ámbito privado) es menos eficaz en términos de alcance. Donde la libertad de información es más efectiva, en términos de aptitud formadora, es donde tiene menor alcance. Donde hay menor intervención de la autoridad para propiciar la expresión, ésta será más libre, pero menos efectiva desde la óptica del receptor.
Por ello se impone una actitud proactiva de parte del Estado, no bastando que vigile el cumplimiento de las disposiciones dogmáticas, sino asegurándose de su efectivo ejercicio y goce por los titulares de los derechos en cuestión. “El hombre necesita, sin remedio, del concurso y el auxilio de la sociedad y del estado, y de la seguridad para desarrollar todos los atributos de su personalidad”[53], en cuanto el Estado tiene un ser “instrumental para el interés general”, es “carente de existencia sustantiva, sólo es un ser para otros, para que los componentes del cuerpo social puedan alcanzar plenamente sus fines propios. De aquí su radical naturaleza y función subsidiaria.”[54]
Las omisiones se constatan fundamentalmente en el cercenamiento de la libertad de expresión de las confesiones religiosas en el ámbito educativo oficial, en el que tienen vedado (legal[55], no constitucionalmente) siquiera informar acerca del credo de las diversas religiones, en contravención a lo dispuesto por el derecho humanitario y por la Constitución[56] asemejándose este impedimento a una censura previa. No goza del derecho el comunicador, al que se le veda expresar, ni tampoco el receptor, que queda sin informarse (sin conocer el dato) y sin la posibilidad de “formarse en” una concepción de vida (in-formarse).
Cassinelli Muñoz da cuenta de los problemas económicos de la comunicación de pensamientos[57], advirtiendo de los múltiples intereses contrapuestos y de la serie de dificultades, incluso materiales, que son difíciles de superar mediante normas jurídicas. Destaca las inversiones de capital que suponen los medios materiales de divulgación de las ideas, la presencia de un tercer sujeto –el empresario de la emisión- que en sí no ejerce libertad de expresión sino de empresa (art. 36 Constitución), y otras dificultades, de las que se deriva que “tampoco hay garantía de que se pongan a disposición de la persona que tiene un pensamiento que emitir, bienes o servicios que no estén a su alcance económico como para hacer efectiva la difusión de esas ideas o informaciones que la persona tenga interés en hacer conocer.” Denuncia la ausencia de normas que controlen la veracidad de las informaciones. Citando el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[58], trae a colación la solución que en el derecho comparado se ha dado al problema, poniendo estos medios a disposición de los distintos sectores de opinión, cada vez que se plantea un tema de interés general, tendiendo a una distribución equitativa.
No sería más que la aplicación, hacia el conjunto de las confesiones religiosas, de los principios de pluralismo e igualdad, entendida ésta última como justicia desigualmente igualitaria.
Volviendo a Cassinelli, señala una excepción a esta situación de falta de distribución equitativa de las horas o espacios radiales o televisados en beneficio de las distintas corrientes de opinión, y la excepción es la Ley 17.045 que otorga a los candidatos presidenciales de los partidos políticos con representación parlamentaria el derecho a disponer gratuitamente de un espacio en las radiodifusoras y televisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).
Se ha planteado sucesivamente en varios períodos legislativos la iniciativa de leyes como las de despenalización del aborto y eutanasia, la manipulación de embriones humanos y clonación, la asimilación de las uniones homosexuales al concubinato heterosexual a los efectos patrimoniales, entre otras. El derecho a la información veraz ya surge truncada ab initio desde que se nomina la ley “de Salud Reproductiva”, cuando despenaliza el aborto. Se trata del derecho a expresarse respecto a una medida legislativa que reforma profundamente nuestro sistema jurídico, eliminando un delito que atenta contra la vida del elenco de los tipificados. Se trata en todos los casos de cuestiones que atañen a la esencia y principales dogmas de las confesiones religiosas, que querrán expresar su postura frente a un tema que atañe a todos. La conquista de la Ley 17.045 que habilita a los partidos políticos a captar votos en miras de las elecciones debería trasladarse a estos estamentos religiosos a la hora de pronunciarse sobre reformas fundamentales que también serán dispuestas por los mecanismos de la democracia directa o indirecta, al igual que la elección de los gobernantes.
En igual sentido se pronuncia Mariano Brito[59] al analizar el régimen jurídico de la Radiodifusión en el Uruguay (Decreto-Ley 14.670[60]). “Los servicios de radiodifusión participan de la naturaleza de medio para la libertad de información y expresión”, constituyendo éste un “límite sustantivo a la conducta estatal, para la que el acto habilitante del uso por particulares” (de la frecuencia) “para la libre expresión del pensamiento, constituye un acto debido De ahí que “toda disposición interna de los estados que pretenda desconocer que el derecho a utilizar una frecuencia se encuentre en la esfera de la libertad –sujeta, esto si, a autorización por razones de policía de orden público- podría considerarse en contradicción con el derecho internacional público”[61]. Destaca como una de las virtudes de Decreto-Ley 14.670 la subsistencia de un régimen pluralista de concurrencia, para la explotación, excluyente de un monopolio estatal o privado, que estaría siempre reñido en nuestro sistema jurídico con su sustantivo valor de medio para la libre comunicación del pensamiento y derecho a la información.
“Ante la omisión o el exceso de la libertad personal o de los grupos intermedios, se vuelve necesaria la acción reguladora y controladora del Estado. Esto será así especialmente cuando la concentración del poder económico sea de tal magnitud que produzca conductas abusivas.”[62]
“No basta ni es tan fácil proclamar simplemente en la Constitución la existencia de determinadas libertades si no se las completa con garantías adecuadas”[63].
Reflexión Final:
Es una misión esencial de toda fe convertir adeptos, “pescar almas”, para el propio bien de los hombres, tarea que se realiza a través del instrumento de la palabra, para anunciar al “verbo” mismo.
“Al principio existía la Palabra, y la Palabra existía con Dios, y la palabra era Dios” (Jn. 1, 1).
Así se nos encarga por el verbo hecho carne la transmisión de la Buena Nueva a nuestros semejantes.
“Y les dijo: «Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación”. (Mc. 16, 15) y “Así que id, haced discípulos a todas las naciones” (Mt. 28, 19).
No es que a la Fe le sea imprescindible una colaboración de parte del Estado para lograr propagarse, de hecho, ha debido prescindir del César y hasta actuar de forma clandestina de la autoridad, sin desmedro de la evangelización.
Es la autoridad política la que tiene el deber, por respeto de la dignidad humana, de propender a que el individuo pueda alcanzar la Verdad en un ámbito de Libertad.
[1] Juan G. Navarro Floria, El Derecho a la Objeción de Conciencia, Ed. Abaco, Argentina, abril 2004, pág. 12, citado por María Angélica Gelli en el prólogo de la misma obra.
[2] Juan G. Navarro Floria, “Sectas” o Nuevos Movimientos Religiosos ante el Derecho Argentino, Anuario Argentino de Derecho Canónico T IX, 2002, 155-194, Pontificia Universidad Católica Argentina
[3] http://www.aciprensa.com/, 24 Feb. 06
[4] Mario Vargas Llosa, Europa laica y creyente, El País, 11/07/04. “Pero, así como no se puede acabar con la religión, sí se puede, y éste es el gran triunfo de la cultura de la libertad, desestatizarla y confinarla en el ámbito de la vida privada…”
[5] Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10/12/048 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.General de la O.N.U., 16/9/66; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.G. ONU, 16/12/66, así como todos sus protocolos y convenciones afines.
[6] Decl. Univ. DDHH art. 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
[7] Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
[8] Art 27 “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”
[9] de 22 de noviembre de 1969, incorporada a nuestro derecho por Ley Nº 15.737 de 8 de marzo de 1985
[10] Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
[11] Art. 14. Derecho de Rectificación o Respuesta. 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
[12] Aprobada por Ley Nº 16.137 de 2 de setiembre de 1990. 2.2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
[13] Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal f in, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Art. 13 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho Incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir Informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
[14] Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.
[15] Cassinelli Muñoz, Horacio, “Derecho Público”, F.C.U., 2002, pp. 104 a 112
[16] Korseniak, José, “Derecho Público. Derecho Constitucional”, F.C.U. Mvdeo 2006, p.336

[17] Cassinelli Muñoz, H., Derecho Público, op. Cit. p. 104
[18] Cassinelli Muñoz, H. “Derecho Público”, op. Cit., p. 109
[19] ídem, parafraseado
[20] Cairoli Martínez, Milton (ex-presidente de la Suprema Corte de Justicia), “Curso de Derecho Penal Uruguayo” Tomo III, F.C.U., Mvdeo, 1998, pp. 153 y sigs.
[21] Rompani, Santiago, “Los delitos de difamación e injuria”, ctado por Cairlo
[22] Ver caso “Umbanda” ante los ataques de la Iglesia Universal del Reino de Dios, más adelante
[23] Busso, Ariel David, “La dimisión del estado clerical”, Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol IX, U.C.A., 2002, pp. 39-50
[24] Damián G. Astigueta S.J. “La persona y sus derechos en las normas sobre los abusos sexuales”, A.A.D.C. Vol. XI, 2004, pp. 11-56
[25] Zenon Card. Grocholewski, “La especificidad del Derecho Canónico”, A.A.D.C. Vol. XII, U.C.A., Bs.As, 2005, pp. 217-232 “Salus animarum suprema semper lex esto”, (can. 1752, C.I.C.), considerado como un coronamiento de todo el Códgo y como principio que se refiere no solamente a este documento legislativo, sino que es necesario para la comprensión correcta de toda la legislación eclesiástica.
[26] Cairoli, Milton, “Curso de Derecho Penal Uruguayo” T IV, F.C.U., Mvdeo., 1989, pp. 63 y sigs.
[27] Ley 16.099 de 3/11/89, redactada por la comisión de estudio y reforma de la ley de imprenta, integrada por destacados catedráticos profesores de Derecho, Dres. Ramón Valdés Costa (D. Financiero), Mariano Brito (D. Administrativo), Alberto Pérez Pérez, D. Constitucional), Dardo Preza (D. Procesal) y Milton Cairoli (D. Penal). Cairoli, op. Cit, T. III, p. 170
[28] Cairoli, Milton, op. Cit., T. III, pp. 167-172
[29] Por Decreto Nº 31273 de la Junta Departamental de Montevideo, con motivo del fallecimiento del Papa Juan Pablo II y en su homenaje se erigió una estatua de bronce al costado de la Cruz que se había levantado el 1º de abril de 1987 en el lugar donde el Papa había celebrado una misa en oportunidad de su primer visita al Uruguay.
[30] Cairoli, op. Cit. T III, p 171 citando a Tornaría, “Delitos de Imprenta” p. 103
[31] ídem, citando a Manheim, cit. Por Tornaría, p. 114
[32] Cairoli, op. Cit. T. III, p. 169
[33] http://www.forocom.org.uy/Coloquios/03052006_DelitosPrensa/index.htm
[34] Sentencia 44/94, Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, F 431/98.
[35] S.C.J, Sent. Nº 253/97, “Schupp J.C. – Emb. de la Rep. de Paraguay c/La República”
[36] Juz. Letr. Penal 3º T. Sent. Nº 75/03 de 22.4.2003. Torres Collazo, “Arean, Mario c/ Israel, Sergio” F 31/03, confirmada por el Tribunal de Apelaciones respectivo.
[37] Brito, Mariano R. citando a la fiscal Mirtha Guianze en este mismo caso, “Derecho Administrativo. Su Permanencia – Contemporaneidad – Prospectiva”, Universidad de Montevideo, feb. 2004, p. 62, cita 15
[38] Brito, Mariano R., op. Cit. p. 59-63
[39] Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30/003, de 23.01.2003, art. 9º, inc. 2, citado por Brito en op. cit.
[40] “Las Religiones en el Uruguay”. Compilador Roger Geymonat, Ed. La Gotera, Mvdeo, 2004, “Más allá del bien y del mal: la Iglesia Universal del Reino de Dios en el Uruguay”, pp. 130-145
[41] Diario “El País”, Montevideo, 22/1/05, pág. 3
[42] “Las Religiones en el Uruguay” op.cit, p. 143
[43] Ley Nº 16.011 (Acción de Amparo) arts. 1 y 2
[44] Cassinelli Muñoz, H., Revista de la Administración Pública Uruguaya, Oct. 1989, Oficina Nacional del Servicio Civil, "Fundamentos y Alcances Constitucionales de la Acción de Amparo”, pp. 24 y sigs.
[45] Brito, Mariano R., Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político. Serie Congresos y Conferencias Nº 1, Seminario “El Poder y su Control”, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, agosto –setiembre 1989, “Acción de Amparo”, 4ª Jornada, 28/8/89, pp. 138-162.
[46] http: //www. Aciprensa.com/, 07 May. 05 (ACI)
[47] Brito, M. op. cit., p 61, citando también a Philippe Andre-Vincent
[48] “La República”, 13 de setiembre de 2006, portada y p. 3
[49] curul, miembro de la Junta Departamental de Montevideo, órgano legislativo departamental
[50] lo cierto es que, como un vocero del supermercado aclaró, sus dueños no son de origen ni religión judía, sino que son de origen anglosajón.
[51] Cairoli, M, “Curso de Derecho Penal Uruguayo” T IV, 1989, pp. 69-71, Bayardo, “Derecho Penal Uruguayo”, T IV, p. 131 y Salvagno Campos, “Curso de Derecho Penal”. P. Especial, Mvdeo, 1946, p. 208
[52] Varela – Méndez, Edgar J., “Curso sobre el Código General del Proceso”, T I, F.C.U., Mvdeo, 1989, pp. 70-71 y Barrios de Angelis
[53] Brito, Mariano R., “Derecho Administrativo”, op.cit., p. 223, con cita de MESSNER, Johannes, “la Cuestión Social”, Madrid, 1976, 2ª ed., p. 354
[54] Brito, op. Cit. con cita de Cagnoni, José A., “Estado y Sociedad. El principio de subsidiariedad, en cuadernos del CLAEH, Nº 29, Mvdeo, enero - marzo 1984.
[55] La “Escuela Laica, Gratuita y Obligatoria” se impone en 1909 dentro del proceso de secularización, a inspiración del reformista José Pedro Varela, con la supresión total de toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado y penándose gravosamente a los maestros transgresores de esta disposición.
[56] Art. 68 Constitución “Queda garantida la libertad de enseñanza. La Ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee.”
[57] Cassinelli Muñoz, H. “Derecho Público”, op. Cit. Pp 140-112
[58] “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones.”
[59] Brito, Mariano R., “Derecho Administrativo” op. Cit., pp. 179-205
[60] corresponde tener en cuenta el régimen resultante de la ley 17.296, acota Brito, op. Cit.
[61] Brito, citando con alcance limitado a Solé y Aguirre Ramírez en Derecho a la radiodifusión – Algunos conceptos básicos, Mvdeo, 1974, p. 47.
[62] Brito, op. Cit. p. 249
[63] Cassinelli, op.cit., p. 109

Cecilia Quitana Maita

2008-07-23T19:06:00.000-07:00

“RELIGIONES Y MEDIOS. ASPECTOS JURIDICOS”

CECILIA QUINTANA MAITA
PERU

Tomando en cuenta los tópicos sugeridos por el Presidente del Consorcio, desarrollamos cada uno de estos, con la información obtenida y recopilada con ayuda de la Jefatura de Prensa de la Conferencia Episcopal Peruana.[1]

I. Propiedad de los medios de comunicación por parte de las Iglesias o Comunidades Religiosas.

1.1. TELEVISION.

De la relación de televisoras, transmisoras o retransmisoras, enunciadas anteriormente podemos identificar que la gran mayoría son de propiedad de los gobiernos municipales, dentro de esta relación identificamos una televisora de propiedad de una entidad religiosa católica denominada TELEJUAN.
Pero esta televisora no es la única de propiedad de la Iglesia Católica en el Perú, sino que también encontramos otros tres canales de televisión con señal abierta, y son:
1. PAX TV.- Tiene su sede en Monterrico, en el Distrito de Surco, y tiene como Director al Sr. Hardi Montoya.
2. TELE JUAN.- Tiene su sede en el Distrito de San Miguel y tiene como Director al P. Manuel Rodríguez.
3. Un canal de televisión pequeño en la Ciudad de Tacna (al sur del país en el departamento limítrofe con Chile).

Los evangélicos también tienen a su cargo un canal de televisión de señal abierta que se conoce como CANAL 25 VETEL.

RADIOS.

Para dar a conocer sobre los propietarios o conductores de este medio de comunicación nuestra fuente es el Consejo Nacional de Radios, dentro de cuya base de datos visualizaremos el directorio de las radios a nivel de la República del Perú.

Identificaremos las radios de propiedad de las entidades religiosas, resaltando con color amarillo las que son de propiedad y/o conducidas o administradas por entidades de la Iglesia Católica.

A manera de ejemplo citamos algunas:
RADIO MARAÑON se encuentra a cargo del Vicariato de Jaén.
RADIO SANTO DOMINGO se encuentra a cargo del Obispado de Chimbote.
RADIO ONDA AZUL se encuentra a cargo del Obispado de Puno.
RADIO CUMBRE se encuentra a cargo del Obispado de Huancayo.
Adicionalmente a esta información obtenida del Consejo Nacional de Radios, encontramos una relación más actualizada que, en su mayoría, no ha sido registrada por dicho Consejo, entre las cuales podemos enunciar las siguientes radios de propiedad de entidades religiosas católicas. Estas son:

En Arequipa: OAX60, Radio San Martín 1380 (3,000) & FM 97.7. A cargo de los Padres dominicos; y OBX6T Radio Yaraví 930 AM (2,500 wats) & 106.3 FM. Rev. Padre Eloy Arribas Lázaro
Ayacucho: OBX5J Radio San Cristóbal de Huamanga 1550 AM (500 wats) y OAX5Y en 5020 khz (1,000 wats). Diócesis de Atalaya.
Callalli: OAW6A Radio San Antonio 3390 khz (1,000 wats) y OAW6B en 3375 khz. Parroquia de San Antonio de Padua, Asociación Promotora San Francisco Solano. Pbro. Franz Windischofer Raffetseder, director. Plaza Principal s/n, Callalli, Arequipa, Perú. Es Radio San Antonio que transmite desde la ciudad de Callalli para todos los oyentes, es una emisora católica de servicio para la comunidad.
Chachapoyas: OBX9K Radio Horizonte 5020 khz onda corta (1,500 w) y 99.9 FM. El Obispado de Chachapoyas. Jr. Ayacucho 1008 o Apartado 69, Chachapoyas.
Huamachuco: OAX2U Radio Los Andes 1030 AM (3,000 w) y OAZ2A 5030 khz (5,000 w) onda corta. El Prelado de Huamachuco. Casa Prelaticio, Paisaje Mons. Damián Nicolau 101, Huamachuco. Mons. Sebastián Ramis Torens, director.
Huancayo: OAU4V Radio Nuestra Señora del Valle 1240 AM (1,000). El Arzobispado de Huancayo, Casilla 245, o Jr. Puno 430.
Huancavelica: OAX5M Radio Virgen del Carmen 1580 AM (500 w) & OAX5M-FM 105.3 FM & OAX5X 4886 (800 w). El Obispado de Huancavelica. Virrey Toledo 468 o Apartado 92. Padre Samuel Moan Cardenas, director.
Huánuco: OBX3I Radio Luz y Sonido 1500 AM (1,000 wats), y OAW3A en 3235 khz (1,000 wats) y 105.7 FM. A cargo de la Diócesis de Huánuco. Jr. Dos de Mayo 1286, Of. 205, Galerías de la Catedral.
Jaén: OAX2E Radio Marañón 580 AM (10,000 wats) y OCX2E en 4835khz(inactiva). Estuvo a cargo de la Diócesis de Cajamarca.
Lima: OBX4I Radio Santa Rosa 1500 AM (10,000 w días, 5,000 w noches) y OCY4H 6045 khz onda corta (5,000 w). Apartado 4451, Lima 1, Perú. Padre Sokolich A., director. 24 horas. Hay programas también en inglés y quechua.
Lima: OAX4S Radio María Perú. 1300 AM (potencia desconocida). Calle Mama Ocilo 2058, Lince, Lima, Perú. correo electrónico: rmariap@acer.com.peTel (51-1) 265-1723, fax 470-9140. 0600-2300 horas. Noticias en audio en Internet: http://www.radiomaria.og; click en Perú.
Piura: OBX1U Radio Cutivalú 700 AM (10,000 w) & 100.5 FM, La Voz del Desierto. Cas. 165, Piura. Rodolfo Aquino Ruiz, director. A cargo del Obispado de Piura.
Puerto Maldonado: OBX7J Radio Madre de Dios 1230 AM (1,000 wats) y 92.5 FM, y OAX7I en 4950 khz (5,000 wats). Calle Daniel Alcides Carrión, o Apartado 37, Puerto Maldonado. En quechua y en otros dialectos propios.
Puno: OBX7B Radio Onda Azul 640 AM (10,000 wats) & OBX7C 4800 khz (1,000 wats) onda corta, & 95.7 FM. Cas. 210. Padre José Loits M. director. Programas en quechua y aymara. 0400-2300. Tel.: +51 (54) 351562, fax 352233.
Quillabamba: OAX7M Radio Quillabamba 1210 AM (1,000 wats) y OAX7Q en 5025 khz (5,000 wats). Ap. 76, Quillabamba. Padre Francisco Panera, director. Funciona en la diócesis de Cuzco.
Rodríguez de Mendoza: OBX1M Radio San Nicolás 5470 khz onda corta (500 w) y 1390 AM (500 w--cerrada) y OBX1M-FM 98.5 FM. Jr. Amazonas 114. Juan J. Grandez, director.
Santa Cruz: Radio La Inmaculada 5305khz onda corta (1,000 w); Parroquia de la Inmaculada Concepción, Frente al Parque Central. Padre Jorge Carrasco, director. 1500-2130 horas.
Sicuani: OAX7R Radio Sicuani 1365 AM (1,000 wats), 91.1 FM (8 wats), y OAX7T en 4835 khz (1,000 wats). La Prelatura de Sicuani. Jr. 2 de Mayo 206, Sicuani, Canchis, Cuzco; o Casilla 45, Sicuani. Mario Ochoa Vargas, director. 0430-2200; Quechua 0430-0600 y 1800-2200.
Sóndo: Radio San Francisco Solano 4750 khz onda corta (1,000 w) y 89.1 FM. "La Voz de la Parroquia de San Miguel de Sóndo y Sondoillo." Calle San Miguel 207, Sóndo. Fundada en 1995.
Tarapoto: OAX9R Radio San Martín 4810 khz onda corta (3,000 w cerrada) y FM 97.5. Jr. Progreso 225. Fernando Tofu Arevalo, director.
Villa Atalaya: OAW8A Radio San Antonio.

OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS.-

Hablar de MEDIOS DE COMUNICACIÓN CRISTIANOS es hablar de la WACC, por lo que nuestra fuente de información para conocer la WACC es la página Web www.wacc.org.uk/es que corresponde a la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana.

La WACC es una organización mundial de miembros con un enfoque en activismo sobre los medios y la reforma de medios.
La WACC (por sus siglas en inglés) es la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana
SUS ORIGENES.- Los orígenes de la WACC se remontan a 1950, cuando comunicadores cristianos de Europa y América del Norte estaban buscando lineamientos para el futuro de la radiodifusión religiosa. Varias organizaciones compartían las mismas preocupaciones, hasta que finalmente establecieron la WACC en 1968. El objetivo fue innovar y cambiar los medios de comunicación de masas a escala mundial, para lo cual su gran preocupación fue integrar el trabajo de la Agencia para el Desarrollo de la Literatura Cristiana, del Consejo Mundial de Iglesias, presentándose a una fusión en 1975, todo ellos creó la WACC como es conocida en nuestros días.
La WACC trabaja por la dignidad humana, la justicia y la paz. Ve la comunicación genuina como la base para la comprensión y la cooperación entre pueblos de credos y culturas diferentes. Promueve la libertad de expresión e información y la democratización de la comunicación.
La WACC es genuinamente ecuménica en su membresía y actividades comunicacionales. Alienta la cooperación entre comunicadores protestantes, ortodoxos y católicos romanos, y desafía a las denominaciones religiosas a buscar la base más amplia posible para sus actividades comunicacionales. La WACC promueve también la cooperación entre personas de diferentes credos e ideologías.
Estructura de la WACC.- La WACC está compuesta por más de 850 miembros institucionales e individuales en 115 países, organizados en ocho Asociaciones Regionales. Su órgano gobernante es un Comité Central, para el cual las Asociaciones Regionales eligen Oficiales y Directores.
El Comité Central de la WACC se reúne una vez al año para determinar prioridades y compromisos para el programa de actividades del año siguiente. Las Asociaciones Regionales se reúnen también anualmente para discutir sus necesidades y actividades comunicacionales.
La WACC ofrece orientación profesional sobre políticas comunicacionales, interpreta las innovaciones y cambios en las comunicaciones globales y discute las consecuencias que tales fenómenos tienen para las iglesias y comunidades en todas partes, especialmente en el Sur. La WACC trabaja por el empoderamiento de las mujeres y ayuda en la capacitación de comunicadores cristianos.
La Misión de la WACC.- La misión de la WACC aparece detallada en Los Principios Cristianos de la Comunicación.

Donantes de la WACC.- La WACC disfruta del apoyo de muchas contrapartes financiadoras y trabaja estrechamente con otras organizaciones y movimientos, formando alianzas.

Siguiendo con la información referente a las radios a cargo de otras confesiones religiosas tenemos como dato que en la Ciudad de Huanta, el departamento de Ayacucho, funciona en FM-Onda Corta, RADIO CULTURAL AMAUTA, en el 99.9 – 4955 del dial, actualmente dirigida por una asociación integrada por los presbiterianos y cuentan con una variada programación tanto en quechua como en español. Como referente histórico podemos enunciar que en 1942 llegó a Huanta la Misión Presbiteriana de los Estados Unidos de América para evangelizar a la población a través de la señal abierta de esta radio y desde esa fecha hasta la actualidad continúan con esa misión evangelizadora aunque más renovada y moderna.

La Coordinadora o Consejo Nacional de Radios agrupa radios de toda confesión religiosa y a través de ella podemos tener una noción más exacta, tal como se ha enunciado anteriormente que, la Iglesia Católica a través de sus distintas entidades y/o jurisdicciones que la integran tiene a su cargo mayor número de radios que otras confesiones religiosas.

II. Participación de los ministros de culto en medios de comunicación.

La participación de los ministros de culto católicos, sean obispos o sacerdotes, es muy activa en nuestra sociedad. A manera de ejemplo podemos citar entre los más conocidos a:
Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, Obispo Emérito de Chimbote, tiene un espacio radial en CPN RADIO.
Monseñor Juan Luis Cardenal Cipriani Thorne, Arzobispo de Lima tiene un espacio radial en RPP NOTICIAS.
P. Pablo Larrán García, sacerdote agustino, tiene un espacio radial como consejero en una radio dirigida a un público joven-adulto, de nombre RADIO RITMO.
P. Francisco Chávarry García, sacerdote diocesano, tiene un espacio radial en una radio local en donde se reciben entrevistas de corte cultural, educativo y actual, además de dar consejería radial. También es una emisora que se encuentra dirigida a un público joven y se denomina RADIO LA INOLVIDABLE.
A nivel de prensa escrita un caso cercano que puede ser visto como una “no participación” o “ausencia” es el caso del retiro de la columna dominical periodística de “Religión”, que estuvo a cargo del R.P. Joaquín Diez Esteban. Solía publicarse en la Sección C de El Diario El Comercio, uno de los más importantes del país, en donde se daba a conocer a los lectores cada domingo las lecturas y comentarios del Evangelio dominical y de paso se publicitaban los eventos de carácter religioso católico con el fin de crear interés, invitar y dar a conocer las bondades de dichos eventos a los lectores de dicho diario. Sin embargo, creemos que más que una no participación, existió una razón comercial que fue obviamente lo que empujó a los editores de este Diario prescindir de esta columna.
Así como se ha citado ejemplos a nivel de ministros de culto de la Iglesia Católica también hay miembros de otras confesiones religiosas que tienen a su cargo la dirección o editorial de un diario o la conducción de un programa televisivo y/o radial. Por lo que en este tópico concluimos que la participación es activa dependiendo del medio de comunicación del que estemos hablando.

III. Restricciones a los contenidos de la programación por razones religiosas.

Podemos decir que no existen restricciones en la programación cuando se tratan de fechas religiosas católicas o con motivos específicos:

a) En Semana Santa: Dentro de esta Semana de mucha importancia y fe para los católicos la programación del día Viernes Santo, tiene corte y contenido exclusivamente religioso, por lo que en estas fechas los canales de televisión local suelen hacer una concesión con sus patrocinadores para transmitir programas de corte exclusivamente religioso durante las 24 horas del Viernes Santo.

b) En celebraciones eucarísticas como parte de la agenda política del gobierno de turno, podemos citar las siguientes:
- Misa Te Deum; los 28 de Julio de cada año, que es transmitida en su totalidad por los canales de televisión local que cubren el evento político.

c) En celebraciones matrimoniales:
- Los matrimonios civiles comunitarios, dependiendo de cada gobierno local o municipalidad, se acuerdan celebrar conjuntamente con los matrimonios religiosos católicos, transmitiéndose en los noticieros sólo extractos de dichas ceremonias.

d) En fechas vísperas a la Navidad:
- Durante cinco días antes y cinco días después de Navidad suele transmitirse por lo menos una a dos veces al día un mensaje pastoral de paz y unión, a cargo del Arzobispo de Lima con motivo de estas fechas festivas para los que profesamos la religión católica.
En este punto también podemos enunciar que en nuestro medio existen producciones de corte religioso realizado por particulares (que pueden ser católicos o no) a manera de documentales que también tienen mucha acogida sobretodo para los estudiantes en edad escolar y para los turistas.
La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana no ha detectado ningún caso de restricción a nivel de programación por razones religiosas. Para esta oficina episcopal, se trata de una cuestión de negociación con los dueños o directores de los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión), quienes determinarán si el programa, documental o serie les resultó rentable o no transmitirla y/o difundirla, toda vez que si no tiene acogida por parte del público por más que tenga corte religioso no será restringida por su contenido, pero si, por lo que le falte a ese programa, documental o serie para tener aceptación.

IV. Conflictos entre libertad de expresión (a través de los medios) y libertad religiosa o sentimientos y creencias religiosas.

Remitiéndonos a la última década política del Perú, en donde nuestro país se puso en evidencia como país exportador de presidentes de la República, a raíz de la salida del Ex presidente Alberto Fujimori, como consecuencia de la mafia y corrupción en que se involucró su gestión gubernamental, comprometiendo a muchas personas de diversos niveles políticos, sociales e incluso de medios de comunicación televisivos y prensa escrita, como ya fue dado a conocer por estos medios en su momento; todo ello llevó a un malestar social generalizado por parte de la población peruana que se reflejó en protestas y promesas de cambio en todo sentido. Esta pequeña referencia prontuarial de aquel gobierno que los peruanos dejamos en el pasado y la asunción de un nuevo gobierno, con un compromiso de cambio y depuración, que tuvo a su cargo el Dr. Alejandro Toledo, se inició aparentemente en un ambiente de enmiendas por los excesos y errores del anterior gobierno, como casi siempre le corresponde a quien asume y ejerce la Presidencia de la República de un país.

En este ambiente de promesas, se tuvo mucha expectativa en las nuevas legislaciones que entrarían en vigencia en el gobierno de turno de aquel entonces, entre ellas la LEY DE TELECOMUNICACIONES que tuvo muchos proyectos e intentos por modificarla en su integridad, pero hasta la fecha se mantiene vigente. El reglamento de dicha ley es de data reciente (2004) e integra las modificaciones más importantes que serán dadas a conocer a lo largo del Consorcio. Una Institución que vale la pena citar, como muchas que se constituyeron en el Perú después de la caída de Fujimori, es Institucinocer a lo largo del Consorcioas de la poblacisiLa Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, integrada por ocho instituciones miembros y dos colaboradores[2] creyó oportuno dar a conocer a la ciudadanía las medidas y los sentidos ético comunicacionales en juego y mirar al país desde la perspectiva de un país realmente democrático en lo institucional y en lo ético; poner en orden libertades y derechos respondiendo a los cambios que se vive hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones.
Esta Veeduría ha desarrollado con mucho tino algunos conceptos e ideas de lo que es la libertad de expresión, por lo que hemos creído conveniente reproducirlas como parte de la presente ponencia.

Libertad de expresión: Derecho a comunicar sin trabas ideas y opiniones. Es la exteriorización de una libertad básica, en cuanto y tanto la naturaleza universal del ciudadano, es un derecho humano.
La Libertad de Información, a diferencia de la libertad de expresión, la libertad de información contempla los siguientes derechos:
a) A comunicar libremente información veraz por cualquier medio de comunicación; derecho que a su vez comprende el de buscar y obtener información (aspecto activo).
b) A recibir información en iguales condiciones (aspecto pasivo)[3]Estamos ante el derecho a expresarse e informarse que genera diferentes movimientos que incumben a los sectores que institucionalizaron la defensa de la libertad de expresión desde un quehacer profesional o empresarial y la de los ciudadanos y la sociedad civil.
No cabe duda que replantearse y cuestionarse si existe una recepción informativa en igualdad de condiciones para cada uno de los movimientos referidos anteriormente, sería entrar en un ámbito en el que colisionan libertades y derechos. Se percibe, así, un desequilibrio entre medios y ciudadanos como entre libertad de expresión y derecho a la información.

Ante todo esto, la Veeduría plantea una posible salida, cual es la referida a resaltar al ciudadano como el protagonista de mayor peso en el equilibrio del poder comunicativo y la legitimación de su derecho a asociarse para ser escuchado y la obligación de considerar su demanda como pensamiento y opinión libre y no como rating.
Al igual que todas las libertades, la libertad de expresión también tiene sus límites, desde el momento en que es ejercida como uno más de los derechos del que todo ser humano goza y ejerce. En ese sentido, cuando ejerzamos la libertad de expresión recordemos que existen otros derechos como el derecho al respeto de la intimidad; el derecho a la dignidad de la persona; a la no discriminación, a la libertad de expresión de quienes consumen medios; a la vida y a la seguridad; y también a la libertad religiosa y de conciencia, los cuales no pueden omitirse ni violarse.

Tras realizar una investigación ante las instituciones más serias y competentes que, en materia de medios de comunicación tiene el país, acudimos al Consejo de la Prensa Peruana, que funciona como una ONG(Organismo No Gubernamental) con personería jurídica propia, particular, autónoma e independiente, que funciona desde el año 1998 en nuestro país y que tiene su propio reglamento en donde establecen las reglas y criterios para las rectificaciones de quienes cometan abusos reñidos contra el ámbito de la moral o la ética que deben guardar los medios de comunicación social.
Una de las premisas fundamentales del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), desde su fundación, ha sido la autorregulación, de ahí que cuente con un Tribunal de Etica. Esto es perfectamente entendible pues son los medios de comunicación los que libremente deciden formar parte de esta institución y se someten a lo que su Tribunal de Ética -órgano con plena autonomía- decida con respecto a las quejas que se presenten en contra de alguno de sus integrantes. A nivel de este Tribunal orientamos nuestra investigación sin éxito, pues nos comunicaron expresamente que no tienen registrados denuncias ni antecedentes de resoluciones emitidas por el Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana referidos a un hecho religioso o a un tema vinculado a la libertad religiosa o a la objeción de conciencia, ni mucho menos que éstos se hayan puesto en cuestionamiento en algún medio de comunicación peruano.

Sin embargo y para concluir podemos mencionar que la libertad religiosa y la cláusula de conciencia si está regulada en el Código de Etica, actualmente vigente del Colegio de periodistas del Perú, del 27 de abril del 2005. A continuación una breve referencia a estas regulaciones:

En el Título I del Código de Etica, bajo la denominación “De los Principios del Servicio de Radiodifusión, de su finalidad y de los mecanismos de autoregulación”, se regulan los principios que se deben tener en cuenta en la prestación de los servicios de radiodifusión (Artículo 3º); de cuya enumeración y para fines de la presente ponencia señalamos el principio de el “respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural” (literal c), así como “la defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución Política”(literal d).
Asimismo y bajo el título VI se regula la cláusula de conciencia la misma que a la letra señala:
“Artículo 33º.- En los contratos de trabajo o de locación de servicios que celebren quienes ejerzan la actividad periodística con el titular de un servicio de radiodifusión regirá la Cláusula de Conciencia.En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que ejerza la actividad periodística tendrá derecho a solicitar la resolución de su contrato o el término de su vínculo laboral cuando hubiese sido conminado u obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o al presente Código de Ética establecido por el titular del servicio.
En los casos que no exista acuerdo entre las partes sobre la aplicación de la Cláusula de Conciencia, se podrá recurrir a la vía arbitral o judicial.”
Pero esta regulación no parece quedarse ahí toda vez que con fecha 19 de junio del 2006, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó en el Diario Oficila El Peruano, un proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Código de Etica para la prestación del servicio de radiodifusión en la modalidad comercial, educativa y comunitaria, con lo cual se pone en evidencia la preocupación de mantener esta línea de autorregulación y regulación de la cláusula de conciencia en cada uno de los servicios de radiodifusión; reflejando con ello que es un tema pendiente de legislar, estudiar y profundizar para que sea no sólo una ley escrita sino también goce de efectividad en la práctica del ser humano común y corriente que pueda verse involucrado ante una de estas situaciones.

[1] La Jefatura de Prensa de la Conferencia Episcopal Peruana recae en la persona de la Srta. Maria Elena Rojas Orellana.
[2] La Veeduría está formada por: A.C.S. Calandria; Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC); Comisión Nacional de Medios de Comunicación Social del Episcopado (CONAMCOS); Defensoría del Pueblo; Instituto de Defensa Legal (IDL); Asociación Civil Transparencia; Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social (APFACOM); Foro Educativo; y cuenta con el Apoyo de la Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos (WACC) y de la UNICEF del Perú.

[3] Defensoría del Pueblo “Situación de la libertad de expresión en el Perú”. Serie Informes Defensoriales. Informe n.48. Lima 2000. pág. 16.

Gabriel G. Merlano

2008-07-23T19:03:00.000-07:00

GABRIEL G. MERLANO

A Liberdade Religiosa e a Imprensa na Banda Oriental

De acordo ao título que nos convoca neste encontro,
onde pretende-se refletir sobre a liberdade religiosa num âmbito tão particular como é o dos meios de comunicação social, em seus aspectos jurídicos, devemos fazer alguma pontualização prévia que justifique nosso trabalho. Isso se deve às variadas dificuldades, entre elas à carência de suficiente normativa ao respeito, para abordar esta específica temática na realidade da República Oriental do Uruguai.
Por isso, acreditamos pertinente voltarmos às origens de nossa Pátria, onde sem dúvida podemos encontrar mais elementos que no presente, ao menos de interesse real. Mas não é história o que vamos fazer, já que não nos preocupa fazer um percurso no tempo, para observar como se desenvolveu o fenômeno da liberdade religiosa em relação à comunicação, mas simplesmente propor um texto crítico sobre o primeiro acontecimento que une estas duas realidades: a liberdade religiosa e o primeiro meio de comunicação que ia surgir na “Banda Oriental”.
Portanto, não se trata nem sequer de uma realidade estabelecida, senão de uma atitude assumida, diante de uma realidade por nascer. E nesta idéia surgia nem mais nem menos que o primeiro jornal que se pensou nestas terras, já que por volta de 1815 no “Cabildo de Montevidéu”, a partir de uma idéia originada por Artigas, se dispõe a editar “O Periódico Oriental” (na primeira imprensa que existiu). E o fato que suscita-se é que diante da aparição deste meio de comunicação, se oferece o cargo de revisor ao Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. Mas sua resposta, rejeitando o oferecimento, na que está toda a riqueza da questão, não é menor que sua figura e expressa: “estes povos não precisam de revisores dos escritos, somente um regime de liberdade é concebível”.[1]
É então nesta época, que aparece o primeiro texto, em que se relaciona a imprensa com a liberdade em geral, e que inclui sem dúvida a liberdade religiosa; na qual em suas diversas fases – também na parte jurídica – vai marcar a forma de interação dos mesmos ao longo de nossa história.
Mas antes de seguir, para uma melhor compreensão, localizamos brevemente o personagem central e seu contexto histórico; pois, quem era Dámaso Antonio Larrañaga? É muito o que podemos dizer de Larrañaga (1771-1848) se levarmos em conta que é considerado “o primeiro sábio oriental” especialmente pelos estudos cursados em ciências naturais, deixando uma obra de grande magnitude.
Embora, sem dúvida, o que mais conhecemos deste sacerdote, está relacionado à sua atuação nas primeiras lutas da independência. Atuação que levou-o, desde 1804, a ocupar importantes posições na história deste processo libertador, quando começou como Capelão dos militares, onde atuava Artigas. Sendo, portanto capelão do exército que em 1806 teve como objetivo a reconquista de Buenos Aires, de mãos dos invasores ingleses.
Em 1808 integrou o “Cabildo Aberto” de 21 de setembro que criou a “Junta do Governo” independente do vice rei de Buenos Aires, episódio que iniciou o chamado “Movimento Juntista” americano. Larrañaga foi designado como um dos integrantes dessa câmara de governo. Pelas idéias foi expulso pelo vice rei Elío, de Montevidéu em 1811, juntamente com outros padres patriotas a partir da vitória de José Gervasio Artigas na batalha das Pedras.
Tendo participado do Congresso de Abril de 1813 na zona de Três Cruzes, foi um dos deputados escolhido pelos orientais para assistir como Delegado à Assembléia Geral Constituinte das Províncias Unidas do Rio da Prata, em Buenos Aires, sendo portador das conhecidas instruções do ano XIII, expedidas por Artigas, àquelas que em seu artigo 3º expressavam: “Promoverá a Liberdade Civil e Religiosa em toda sua extensão imaginável”.
Em Buenos Aires, permaneceu durante dois anos cumprindo funções de vice - Diretor da Biblioteca Nacional, e por volta de 1815 retornou a Montevidéu, se desempenhou como Padre da Igreja Matriz, integrou-se ao governo “artiguista” da Província Oriental e de imediato propôs, ao “Cabildo”, a fundação da Biblioteca Nacional, da qual foi Diretor, logo de sua inauguração em 1816. Neste período, seria conhecido como colaborador muito próximo de Artigas, a tal ponto que se supõe, quase com certeza, que muitos dos documentos mais importantes produzidos pelo Prócer em sua atividade política, foram relatados com estreita participação do Presbítero Larrañaga.
Sua atividade em Montevidéu estendeu-se durante a dominação luso-brasileira, em que se aplicou a diversas tarefas de caridade. Em 1824 foi confirmado como primeiro Vigário Apostólico. Posteriormente, constituída a República com a primeira Constituição de 1830, foi eleito senador pelo Departamento de Montevidéu até 1835, destacaram-se seus projetos de lei, entre os quais encontra-se a abolição da pena de morte, a emancipação dos escravos e a fundação de cátedras universitárias que, sancionada como lei em 1834, é o primeiro antecedente das instituições universitárias no Uruguai.
Não queremos deixar passar a oportunidade de assinalar três elementos mais, que talvez deixaríamos de citar em outro contexto; pois esses dados referem-se diretamente à relação de Dámaso Antonio Larrañaga com esta cidade sede destas jornadas de conferências e com brasileiros em geral. Estamos nos referindo em primeiro lugar, a que se Larrañaga recebeu boa parte de sua formação no Real Colégio San Carlos de Buenos Aires e na Antiga Universidade de Córdoba, para culminar seus estudos eclesiásticos, viajou ao Rio de Janeiro, onde foi ordenado sacerdote, em 1799.
Em segundo lugar, no momento de finalização da causa “artiguista”, Larrañaga uniu-se à dominação portuguesa, até aceitar do humilhado “Cabildo de Montevidéu” a triste honra de transferir-se ao Rio de Janeiro, em missão de agradecimento ao rei João VI de Portugal. Em 1821 foi deputado ao Congresso Cisplatino convocado por Carlos Frederico Lecor no que se fez um acordo da incorporação definitiva da “Banda Oriental” à monarquia portuguesa.
E em terceiro lugar, devemos observar que o fato pelo qual não foi envolvido na revolução libertadora de 1825, é que sua postura eclesiástica o obrigava a ser respeitoso e fiel aos brasileiros, aos quais então o obedecia.[2]
Os dados deste personagem e o contexto histórico em que lhe tocou atuar, nos permitem compreender melhor sua resposta, diante da proposta que o “Cabildo de Montevidéu” lhe formulara, sendo que, agora nos permite analisá-lo com maiores detalhes e sentido crítico. São muitos e importantes os aspectos que podemos encontrar para o estudo nessas poucas palavras, ao ponto que é um dos primeiros textos que lêem os estudantes de Ciências de Comunicação em nosso país, quando iniciam esta profissão.[3]
A importância nasce em seu caráter histórico, na qual sempre é preciso ter presente este fato, especialmente porque quando olhamos para trás, percebemos que a comunicação tem provocado a liberação do homem até para poder pensar na revolução e o mundo novo que abriu a imprensa à humanidade, mas também sua escravização.
A comunicação e a ideologia estão estreitamente unidas, já que toda comunicação longe de ser neutra é um instrumento de persuasão, portanto, a causa à qual serve, o serviço de quem se oferece os meios e a intenção da mensagem, é algo muito ligado a uma concepção filosófica e política determinada. A comunicação se desenvolve numa realidade concreta, e portanto acontece sim, de uma forma pluralista, com acesso fácil para as pessoas e grupos, ver-se-á como libertadora, mas em troca o que prevalece é o excessivo controle, e como um meio escravizante.
Mas, além dos sistemas que não são o objetivo do presente trabalho analisar, o Uruguai, uma realidade concreta, que desde seu começo tem operacionalizado a comunicação, tem por tanto uma importante tradição nesta matéria. Esta tradição se identifica com o regime de liberdade plena, sem censura prévia e com responsabilidade ulterior pelos abusos que se cometem. É o regime que vêm das primeiras normas pré-constitucionais da assembléia de Florida e que passou aos dias de hoje ao artigo 29 da Constituição.[4] Podemos dizer então, sem temor que a gênese deste artigo constitucional encontra-se presente na resposta de Larrañaga, pois, de acordo com este regime “este país antes de existir como tal”, havia forjado no andar em direção à independência e à formação de uma nação, uma doutrina sobre a comunicação.[5]
Então, das mãos do Presbítero Larrañaga e a partir dele, os primeiros decretos do governo pré-constitucional, entre 1824 e 1828, assume-se esta posição por parte de todos os constituintes até a proclamação realizada por Ellauri (um dos criadores mais notáveis da constituição de 1830) sobre a liberdade de imprensa, considerando-a sentinela e vanguarda de todas as demais liberdades. Como vemos este regime de liberdade inaugurado por Larrañaga nos acompanha desde o início de nossa pátria. Portanto, “saibam que neste país a história de sua comunicação massificada começou dentro de um marco filosófico e legal de liberdade plena”.[6]
Considerando este marco histórico carregado de significados, poderíamos analisar esta frase, com a qual responde o Presbítero Larrañaga, a partir de diferentes pontos de vista, pois supõe e inclui uma variada temática: liberdade de imprensa; liberdade de consciência e pensamento; liberdade de expressão; posição da Igreja Católica frente às liberdades antes assinaladas; liberdade religiosa.
Destes âmbitos, partindo de onde se realiza uma análise e tendo presente o que já foi dito, acreditamos que o que mais interessa ao nosso propósito são os últimos aspectos, que revelam claramente a liberdade religiosa nos meios de comunicação e o papel da Igreja neles.
Mas, como vimos esta resposta, supõe uma proposta, que por sua vez, leva a uma determinada posição a respeito da Igreja Católica, como a liberdade de expressão no geral e a liberdade religiosa no particular; Quer dizer, se reconhece que a Igreja tem um papel moral que corresponde-lhe revisar a doutrina, própria de uma realidade onde se discute a confissionalidade, ou não, do Estado; a solução escolhida é a que imperava pois, na época nestes territórios, receberam o direto influxo da Espanha, portanto, a religião Católica Apostólica Romana é a preponderante.
Mas isso, não significa que as demais confissões sejam excluídas, pois como antes o assinalamos, as Instruções do Ano XIII, dadas por Artigas -dois anos antes da resposta de Larrañaga e levadas por este à Assembléia Constituinte de Buenos Aires- falam da liberdade religiosa em toda sua extensão. Entendendo-se esta expressão, no sentido que muitos deram ao interpretá-la com critério jurídico, como fato de que se está admitindo tudo o que pertence como próprio ao que se identifica como liberdade religiosa. E assim foi logo, na Constituição de 1830, quando apesar de ter-se consagrado uma solução juridicionalista, ao ter assumido o Estado, a religião Católica Apostólica Romana, não se excluiu, portanto a liberdade para outros cultos.
Porém, diante ao reconhecimento por parte do Estado do papel que lhe compete à Igreja, nos encontramos com a resposta do Presbítero Larrañaga. Nela advertimos uma concepção que perfeitamente podemos dizer que se adianta quase dois séculos, pois, sua postura revela uma opção pela mais ampla liberdade; Manifestando-se dita opção, nesse contexto, como própria da Igreja, à que ele representava. A Igreja então, defende a liberdade, não excluindo portanto a possibilidade de outras visões e opiniões, apesar de ter toda a autorização de limitar ao menos esta liberdade, concede-a, no entanto, como direito sem restrições. Entende-se claramente que a censura não libera, porém escraviza.
O que podemos dizer da liberdade no geral, podemos dizer da liberdade religiosa no particular, já que é à Igreja Católica como na realidade correspondia, na pessoa do Presbítero Larrañaga ao que se lhe solicita que exerça o cargo de revisor, mas este, opta pela liberdade e não pelo poder. Renuncia a constituir-se no poder, renuncia a ter um centro de poder, centralizando a opinião autorizando ou não o que devia divulgar-se através deste meio de comunicação, com tudo o que isto poderia significar de comunicação massiva de idéias. Quando existia a possibilidade de que somente o pensamento católico exercera autoridade, se renuncia a favor da liberdade da expressão, e neste caso, fundamentalmente da liberdade religiosa.
Se quisermos entender os elementos jurídicos implicados na liberdade religiosa nos meios de comunicação, aqui temos a referência originária do que tem sido o modo de ser nesta área. Isto deve-se então, à Igreja Católica pois, é a que consagra juridicamente a liberdade plena em matéria de imprensa em nosso país. A liberdade religiosa “em toda a extensão imaginável”, proclamada por Artigas e partilhada por Larrañaga manifesta-se como uma realidade palpável.[7] Também neste novo âmbito representado pelo meio de comunicação a ponto de nascer. Temos muito que aprender de Larrañaga, especialmente nestes dias em que o poder dos meios de comunicação social não está exclusivamente em mãos do Estado, mas de grupos privados, e muitas vezes de domínio, manipulação e ideologias. Mas há quase 200 anos, seguem oferecendo à Igreja Católica não o cargo de censura ou revisão, mas sim, uma opinião superior.
Basta uma simples olhada do que acontece ao nosso redor, para dar-nos conta que ainda há, diante dos assuntos de interesse, apesar do pluralismo reinante, e segue-se procurando a Igreja Católica e não a outras confissões religiosas, para que faça sua contribuição nos diferentes meios de comunicação.
Apesar disso, a relação da Igreja com os meios de comunicação e com o poder que os sustenta, salvando as distâncias, tem mantido sua essência, já que não reivindica nenhum direito de privilégio em sua opinião, com certeza diferente ao resto da sociedade, em muitos assuntos, porém segue manifestando-se aberta à diversidade crescente de manifestações religiosas presentes nos meios de comunicação.
A brevíssima, concreta e profunda resposta do Presbítero Larrañaga está mais vigente do que nunca, aliás, nunca deixou de estar tão vigente como agora, desde todo ponto de vista e especialmente do aspecto jurídico, pois, por volta de dois séculos, com a crescente tomada de consciência da importância dos direitos humanos, “somente a liberdade é concebível” para os nossos povos que “não precisam de censores ou revisores dos escritos”.

[1] Lamentavelmente não tem sido possível encontrar a fonte desta expressão, apesar das tentativas que não foram poucas, para a qual tomamos uma versão da mesma, como aparece citada (embora não refira-se a fonte) por Antonio Mercader. Comunicação massiva e características, ficha de estudo número 1 do curso de introdução na prática de comunicação, da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade da República.
[2] Esta breve história da figura e o contexto histórico de Dámaso Antonio Larrañaga, foi retirada da bibliografia existente ao seu respeito.
[3] Como já dissemos, trata-se da ficha de estudo número 1 do curso de introdução na prática da comunicação, da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade da República.
[4] A Constituição da República Oriental do Uruguai de 1967, em seu artigo 29 expressa: “É inteiramente livre em toda a matéria a comunicação de pensamentos por palavras, escritos privados ou públicos na imprensa, ou por qualquer outra forma de divulgação, sem necessidade de prévia censura, ficando responsável o autor e no caso, o impressor e emissor, com base na lei, pelos abusos que cometerem”.
[5] Antonio Mercader, o. cit. 4.
[6] Ibid. 5
[7] ”Liberdade Religiosa em toda sua extensão imaginável” é uma redação que pode ser interpretada em dois sentidos: “com um método histórico, como fazem alguns autores, pode-se estimar que procura-se uma liberdade a respeito do exercício do direito do patronato com relação a confissão oficial do Estado, a efeitos de que não ficasse centralizado em Buenos Aires o exercício de dito direito, ou pode-se interpretar como uma projeção técnico-jurídica, dando-lhe a expressão “liberdade religiosa” seu alcance preciso, pelo fato de que as Instruções estariam admitindo todas as manifestações que couberem dentro da liberdade religiosa”. E. Esteva Gallichio, Lições de Direito Constitucional 2. Volume 1. História Constitucional do Uruguai.Montevidéu 1993, 22.

Scott E. Isaacson, J.D.

2008-07-23T18:51:00.000-07:00

La Religión y los Medios de Comunicación en los Estados Unidos: Desafíos y Oportunidades en el Mercado Libre

Scott E. Isaacson, J.D.*

Agradezco al Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y al doctor Adam Kowalik por patrocinar y auspiciar esta conferencia en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Cuando les conté a mis colegas de Utah, en los Estados Unidos, que iba a asistir a una conferencia académica muy seria en Río, ellos no me creyeron, y señalaron que el Consorcio no era más que un club vacacional en lugar de un grupo serio de académicos. Les dije que la conferencia el próximo año se llevará a cabo en Provo, Utah, y entonces ellos tuvieron que reconocer que estaban equivocados.
Me han pedido que trate el tema de esta Conferencia, la Religión y los Medios de Comunicación, desde el punto de vista de los Estados Unidos.

INTRODUCCION

En los Estados Unidos, las libertades tanto para medios de comunicación como para la religión se mencionan en el mismo enunciado de la Constitución:
El Poder Legislativo no dictará ley alguna que adopte a una religión como religión oficial del Estado, o que prohíba la práctica libre de esta, o que limite la libertad de expresión o de publicación.[1]
Este enunciado se encuentra en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y expresa algunas de las libertades y derechos básicos que proclaman los norteamericanos como fundamentales. Sin embargo, aun cuando se mencionan prácticamente de manera simultánea, muy pocas veces se expresa la manera como estos dos derechos interactúan, aunque a menudo uno siente claramente la influencia y el poder del otro.
Por ejemplo, si el Poder Legislativo de los Estados Unidos dicta una ley que dice que las organizaciones religiosas no están autorizadas a publicar revistas, transmitir programas de televisión, patrocinar sitios de Internet, etc., esto infringiría en el libre ejercicio de la religión, porque se reconoce universalmente que el libre ejercicio de la religión incluye el derecho a publicar las creencias religiosas de alguien. Adicionalmente, aquella misma ley hipotética violaría además la garantía de libertad de prensa. La libertad de expresión y prensa sirven para proteger aun más a las organizaciones religiosas y a la expresión sin inhibición de ideas religiosas haciendo que las leyes basadas en contenidos religiosos sean difíciles de aprobar.
El lugar fundamental que estos derechos ocupan en la mente del público Norteamericano se manifiesta en la opinión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de 1940, Cantwell v. Connecticut:
En la esfera de la fe religiosa, y en aquella de la creencia política, se notan diferencias agudas. En ambos campos, los principios de un hombre pueden parecer el error más grande para su vecino. Como sabemos, cuando tratamos de persuadir a otros a nuestro propio punto de vista, a veces, el defensor recurre a la exageración, a la difamación de hombres que han sido, o son, prominentes en la iglesia o el estado. Pero la gente de esta nación ha ordenado que en vista de la historia y que a pesar de la probabilidad de excesos y abusos, estas libertades son, a largo plazo, esenciales para la opinión culta y la conducta apropiada por parte de los ciudadanos de una democracia. Las características esenciales de estos derechos son, que bajo su protección muchos tipos de vidas, caracteres, opiniones y creencias pueden desarrollarse en tranquilidad y sin obstrucción. En ningún lugar este escudo es más necesario que en nuestro propio país que está compuesto por personas de muchas razas y credos.[2]
Por lo tanto, la creencia en los Estados Unidos es que las religiones y los individuos son libres a usar televisión, radio, películas, libros, periódicos, revistas, internet, y cualquier otra forma de medios de comunicación que así decidan para expresar sus creencias religiosas. Existe un mercado libre cuando se trata de religión y los medios de comunicación en los Estados Unidos.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, de la cual soy miembro, es propietaria de un periódico que se publica a diario en Lago Salado (Salt Lake City), con una circulación diaria de alrededor de 75,000 copias. Es propietaria de una casa editorial de libros que publica muchos libros religiosos de todo tipo. También es propietaria de una estación de televisión, y cerca de 20 radiodifusoras localizadas en varias ciudades de los Estados Unidos. La Iglesia también está afiliada con la Universidad de Brigham Young, que es propietaria y opera varios canales educativos de televisión, algunos de los cuales están dedicados primordialmente a una programación religiosa. Esto no es inusual. Otras organizaciones religiosas en los Estados Unidos están en la misma situación y otras poseen aún más medios de comunicación. Entiendo que conforme a las leyes de algunos de sus países, las religiones tienen prohibido o están limitadas a la posesión y la operación de medios de comunicación. Pensé que podría ser interesante comparar el funcionamiento de las organizaciones religiosas en los medios de comunicación en los Estados Unidos con situaciones en sus países. Quizás será útil o interesante para todos ustedes el entender lo que ha funcionado bien o lo que no ha funcionado en cuanto a la relación que existe entre la religión y los medios de comunicación en mi país. Como ustedes verán, las leyes en esta área han cambiado enormemente durante la historia reciente.
Con este antecedente en mente, dividiré lo que resta de mi presentación en tres partes. Primero, hablaré de religión y los medios de publicación en los Estados Unidos, y cualquier reglamento existente en esta área. Después, hablaré de la religión y los medios de transmisión, enfocándome en la radio y televisión, y los reglamentos existentes en esta área. Finalmente, hablaré de algunos ejemplos de como las religiones utilizan los medios de comunicación y concluiré con pensamientos sobre la desafíos que enfrentan las religiones en un mercado libre de ideas.

MEDIOS DE PUBLICACION, RELIGION, Y REGLAMENTOS

En cuanto a los medios de publicación, ya sean revistas, periódicos, libros, o publicaciones académicas, las religiones básicamente tienen la libertad de poseer y manipular los medios de comunicación, para publicar y distribuir su literatura libremente.
Hay dos áreas extensas de limitación sobre esta libertad general: 1. Hay reglas sobre la propiedad de los medios de publicación que se aplican para asegurar que no hay un monopolio de propiedad. 2. Adicionalmente, aunque las restricciones de contenido y las limitaciones son inusuales, la Primera Enmienda no protege algunos tipos de discursos excesivos.[3]
En cuanto a la primera limitación, principalmente sobre la propiedad de medios de comunicación, estas reglas no están dirigidas hacia organizaciones religiosas, pero si se aplican a las organizaciones religiosas si estas poseen y operan medios de comunicación. La mayor parte de los periódicos grandes de los Estados Unidos son propiedad de compañías que también poseen alguna forma de medios de transmisión y casas editoriales.[4] Esta situación de carácter complejo relacionada con la propiedad de medios de comunicación es la fuente primordial para la creación de reglamentos relacionados con los medios de publicación en los Estados Unidos, en donde la preocupación de mantener medios de comunicación robustos con diversidad en una etapa de conglomerados es constante.
Las únicas regulaciones que posiblemente encuentren las religiones en relación con la propiedad son las mismas reglas aplicables a cada individuo. En un esfuerzo para fomentar la diversidad y la competencia, el gobierno estadounidense tiene varios reglamentos sobre el número total y la clase de organizaciones de medios de comunicación que una sola persona o grupo de personas puede poseer. Específicamente, desde 1975 la regla básica ha sido que se prohíbe la tenencia común de un periódico y una estación de televisión de servicio completo, si la audiencia del periódico y el canal es el mismo.[5] Sin embargo, la nueva legislación y las revisiones subsecuentes del reglamento original han mitigado considerablemente esta prohibición, sobre todo en mercados de comunicación grandes. Desde el 2003, se ha permitido la propiedad simultánea de ambos, periódicos y medios de transmisión, en mercados con nueve o más estaciones de televisión. Todavía están vigentes algunas limitaciones en mercados más pequeños y no se permite en lo absoluto la propiedad simultánea en mercados con tres o menos estaciones de televisión.[6] Por lo tanto, las religiones podrían estar algo limitadas en relación a los derechos de propiedad de medios de publicación conforme a estas reglas generales, pero no debido a la naturaleza religiosa de la organización, y más aún, estas limitaciones sólo aplicarían a la propiedad religiosa de medios masivos de mercado como periódicos de circulación general. Nunca limitarían el derecho de una religión a publicar sus propios materiales religiosos.
A pesar del contenido religioso, las organizaciones religiosas pueden o no poseer casas editoriales y publicar material religioso utilizando cualquier forma de medios de publicación que deseen. En efecto, muchas religiones en los Estados Unidos publican sus propias revistas, incluso revistas y periódicos, como un modo de complementar la predicación y enseñanza religiosa a sus fieles. Los periódicos religiosos nacionales como el Semanario Bautista, Jewsweek, y el Reportero Católico Nacional tienen un mercado específico con sus lectores religiosos.[7] También son comunes las publicaciones locales por grupos eclesiásticos, con periódicos religiosos publicados prácticamente en cada estado de la unión americana.[8]
La segunda limitación general sobre medios de publicación, repito, no está basada en ningún contenido religioso. Las únicas regulaciones basadas en el contenido mismo que las publicaciones religiosas o las historietas podrían encontrar son los mismos que encontraríamos para cualquier clase de expresión. Generalmente, las expresiones que incitan delito y violaciones de la paz, obscenidades, declaraciones insurgentes, y engaños no están protegidas.[9] Mientras que las organizaciones religiosas se abstengan de imprimir cualquiera material de este tipo, ellos no encontrarán ningún conflicto con la censura del gobierno o cualquier otra forma de regulación de contenido.
Por lo tanto, la religión no es la excepción a las leyes normales que se aplican a la prensa. En los Estados Unidos es casi imposible impedir a alguien que publique algo antes de la publicación misma a menos que se trate de asuntos de defensa nacional en época de guerra. Sin embargo, si alguien, incluyendo a las religiones, publica cosas que no son ciertas, pueden ser demandados por difamación y pueden ser obligados a pagar daños causados por dicha difamación. Estas reglas generales se aplican tanto a publicaciones religiosas como a otro tipo de publicaciones.
[De vez en cuando, las publicaciones utilizadas en escuelas públicas se encuentran con más problemas de intento de censura antes de que este sea distribuido a los niños. Los grupos tales como los Ciudadanos Nacionales para la Excelencia en la Educación, la Asociación de Educadores Cristianos, el Foro Águila (“Eagle Forum”), y Mujeres Preocupadas por América están siempre en la búsqueda de publicaciones que ellos consideran que son inadecuados para el plan escolar de estudios, bibliotecas escolares, y bibliotecas públicas.[10] Entre los temas típicos y contenidos que buscan estos grupos guardianes se incluyen racismo, antisemitismo, ideas satánicas, temas anti-cristianos, y ataques contra valores americanos.[11] Los esfuerzos más recientes de estos grupos tienen un énfasis decididamente religioso con un nuevo enfoque en libros de texto y el debate en las escuelas sobre la enseñanza del creacionismo versus la evolución.[12] Estas cuestiones, sin embargo, realmente no implican ninguna limitación en la religión y los medios de comunicación, pero tienen que ver más con cuestiones educativas sobre el control del plan de estudios dentro de las escuelas.
Además, los tribunales estadounidenses han sostenido que las publicaciones estudiantiles de la primaria y secundaria no están protegidas en su totalidad por la Primera Enmienda.[13] Los periódicos producidos y patrocinados por las escuelas reciben menor protección, luego siguen los periódicos producidos en las escuelas con el permiso de la escuela, pero sin el patrocinio directo. Las publicaciones estudiantiles producidas y distribuidas fuera de las instalaciones sin la participación escolar generalmente reciben mayor protección.[14] El criterio que se utiliza para decidir si la censura de periódicos estudiantiles y otras publicaciones es apropiada incluye la interferencia con la disciplina escolar, los derechos de los estudiantes, propiedad académica, salud y bienestar del estudiante, y obscenidad, vulgaridad, o indecencia.[15] Las publicaciones de las universidades públicas y escuelas superiores no pueden ser censuradas a menos que interfieran “material y considerablemente con la... operación de la escuela.”[16]]

MEDIOS DE TRANSMISIÓN, RELIGIÓN, Y REGULACIÓN

La Comisión Federal de Comunicaciones

Con relación a los medios de publicación, los medios de transmisión reciben un control y monitoreo del gobierno mucho más estricto. Y la manera como el Gobierno ha tratado a los medios de transmisión ha cambiado considerablemente con el tiempo y la evolución de la tecnología. Cuando comenzó la radio y pronto a raíz de eso la televisión, en el Congreso de los Estados Unidos se creó la Comisión Federal de Comunicaciones (“CFC” en Inglés, Federal Communications Commission) para asegurar que estos colaboren con el interés público. La justificación para regular la radio y la televisión, cuando básicamente no existía ninguna regulación para los medios de publicación, consistía en que los locutores utilizaban un bien público— las ondas de radio o hertzianas — y si las operaciones no fueran reguladas por el gobierno, con las frecuencias asignadas a diferentes estaciones, las ondas de radio no serían útiles al público. La CFC fue nombrada, mediante la Ley de Comunicaciones de 1934, como responsable quien reporta directamente al Congreso y está dirigida por cinco comisarios.[17] Estos comisarios son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado para servir por el período de cinco años. El Presidente elige a uno de los cinco para que actúe como Presidente de la CFC.[18] En un esfuerzo para asegurarse que las opiniones y los fallos de los comisarios de la CFC sean independientes, únicamente tres de los cinco pueden ser del mismo partido político. Además, ninguno de los comisarios puede tener ningún interés financiero en ningún negocio relacionado con la Comisión.[19] La Ley de la CFC está diseñada para regular los medios de transmisión, pero no para controlar específicamente ningún orden del día, sino para asegurar que se satisfagan los intereses del público en general
La Ley de Comunicaciones de 1934, declara que la CFC fue creada: “Con el propósito de regular comunicaciones comerciales interestatales y extranjeras vía cable o radio para poner a disposición, de la mejor manera, a todas las personas de los Estados Unidos, sin discriminación por raza, color, religión, nacionalidad, o sexo, un servicio rápido y eficiente por cable y radio con instalaciones adecuadas y con cargos razonables…[20] Para este fin, la Comisión Federal de Comunicaciones regula no sólo a las emisoras de radio y televisión, sino también cualquier comunicación por telegrama, satélite y cable.[21] La frase, “sin discriminación por raza, color, religión, nacionalidad, o sexo” se añadió en 1996.
Por sesenta y dos años, la Ley de Comunicaciones de 1934, se mantuvo prácticamente sin cambio, pero las nuevas tecnologías y una situación económica diferente llevó al Congreso a emitir la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que actualizó y enmendó la Ley original.[22] El enfoque actual de la CFC está resumido en el preámbulo, que dice que es una ley, “Para promover la competencia y reducir las regulaciones con el fin de obtener precios mas bajos y servicios de mejor calidad para los consumidores de telecomunicaciones [americanos] y para estimular el despliegue rápido de las nuevas tecnologías de telecomunicación.” Este método de promover la competencia y reducir las regulaciones surgió en los ochentas durante el periodo presidencial del Presidente Reagan y recibió aprobación legislativa con la aprobación de la Ley de 1996.[23] El nivel adecuado de gobierno y de regulación de la CFC aún es un asunto que se debate profundamente en los Estados Unidos.[24]
Con excepción de la enmienda del preámbulo de la Ley de 1934, la única mención específica sobre religión se encuentra en una disposición de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 relacionada con el establecimiento de un código de clasificación de programas de televisión que dice: “nada en este párrafo se interpretará para autorizar cualquier clasificación de programación de video basándose en su contenido religioso o político….”[25] Esta falta de regulaciones especificas con relación a la religión y los medios de comunicación es evidencia del alcance de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Otras leyes relacionadas con la religión y los medios de comunicación son innecesarias porque ya se encuentran protegidas adecuadamente.
La meta más importante de la CFC difundida en la Ley de Comunicaciones, en las audiencias de la CFC y las disposiciones de la corte sobre las acciones de la CFC, es la de proteger el interés público, por conveniencia, y necesidad.[26] Durante los ochenta y dos años de existencia de la CFC, la manera apropiada para definir y aplicar este modelo ha variado con el cambio de opinión sobre los reglamentos de medios de comunicación. Sin embargo, Don R. Pember, Profesor de Comunicaciones, dice que la CFC:
Aún profesa su creencia de que el servicio al interés público es fundamental para la operación de una estación de transmisión en los Estados Unidos. –No obstante, el gobierno ha adoptado recientemente el concepto de que se puede servir mejor al interés público por medio de una competencia activa entre los locutores y otros que deseen utilizar las valiosas ondas de radio o electromagnéticas. De acuerdo a los defensores de esta nueva filosofía de simplificación (o desregulación), las regulaciones impuestas por el mercado son mucho mas efectivas que las regulaciones del Congreso o de la CFC.[27]
La CFC ejerce su poder máximo sobre las transmisiones a través de la emisión de licencias de transmisión.[28] A pesar de que la Sección 326 de la Ley de Comunicaciones dice que nada en su contenido
se entenderá o interpretará para dar a la Comisión el poder de censura sobre las comunicaciones de radio o señales transmitidas por cualquier radiodifusora, y que ninguna regulación o condición serán promulgadas o establecidas por la Comisión que interfiera con el derecho de la libertad de expresión por medio de las comunicaciones de radio.[29]
la realidad es que la CFC puede enfocarse a la programación de la estación cuando toma decisiones sobre el otorgar o renovar las licencias de transmisión.[30]
Generalmente, la CFC otorgará una licencia de transmisión si determina que la estación servirá al interés público, que es conveniente y necesario.[31] Sin embargo, por la naturaleza limitada de las ondas de radio o electromagnéticas, han habido más conflictos con los reglamentos de religión y medios de comunicación, en los medios de transmisión que en los medios de publicación. El punto principal permanece igual, la libertad de expresión es valorada por encima de cualquier otra cosa – pero hay algunas circunstancias donde los locutores religiosos han sido afectados de forma distinta que otras organizaciones. La CFC otorga básicamente dos tipos de licencia de transmisión: comercial y educativa no-comercial. Ya que distintas regulaciones aplican a cada una de estas categorías de licencias, las explicaré por separado.

Licencias de Transmisión Comercial

Primero, me gustaría darles una idea general de cómo la CFC y las cortes en los Estados Unidos ven a los medios y a la religión. Para hacer esto, voy a leer algunos extractos de algunas decisiones del tribunal de apelaciones sobre licencias de transmisión comercial. No voy a darles muchos antecedentes para ninguno de estos casos, simplemente quiero darles una “impresión” al leer algunos pasajes relevantes a mi tema.
En un caso de 1945 donde una estación de radio ejerció su derecho de dar por terminado contratos con locutores religiosos por razones legítimas, la corte señaló:
La verdad es que si un hombre debe hablar o predicar él debe tener algún lugar para hacerlo. Sin embargo, esto no significa que el puede apoderarse de una emisora de radio particular para su foro….Si una estación de radio rehúsa vender tiempo para que un individuo pueda transmitir sus opiniones puede considerarse una censura mas no conocemos ninguna ley que prohíbe tal curso. Como ya hemos indicado, una estación de radio no es de utilidad pública, en el sentido de que debe permitir transmitir a cualquier persona que se presenta ante sus micrófonos.[32]
En un caso de 1958, donde se otorgó una licencia de transmisión, dando preferencia a un locutor religioso sobre un locutor secular, la corte sostuvo:
La orientación religiosa de un concesionario es un factor irrelevante. Como sostuvo la Comisión, la primera consideración es “si el solicitante, sin importar sus opiniones, da una “oportunidad justa” a los demás que no comparten sus opiniones.”[33]
Cuando una sociedad atea desafió la constitucionalidad de la Ley de Comunicaciones de 1934, diciendo que violaba sus derechos de libre expresión, la corte citó una decisión tomada en 1943, que decía:
La libertad de expresión está sintetizada para los muchos que desean usar las limitadas instalaciones de la radio. A diferencia de otros medios de expresión, la radio no está disponible a todos. Esta es su característica exclusiva, es por esto que, a diferencia de otros medios de expresión, la radio está sujeta a regulaciones gubernamentales. Ya que no puede ser utilizada por todos, algunos que desean usarla deben ser negados.[34]
Cuando la CFC aprobó la concesión de una licencia de transmisión para televisión a una corporación sin fines de lucro, y otros se quejaron, la corte sostuvo:
El simple hecho de que el concesionario es una organización religiosa no debería descalificarle para operar las ondas de radio o electromagnéticas de la misma manera como no debería calificarle automáticamente. El fondo de la pregunta sigue siendo el interés público. El volumen de la programación religiosa es un asunto que inicialmente se deja a juicio del concesionario en vista del criterio establecido por la Comisión y los patrones de interés público.[35]
Y finalmente, cuando un reverendo encargado de una estación de televisión que estaba bajo investigación por fraude trató de defenderse diciendo que las licencias otorgadas a grupos religiosos, merecen un tratamiento especial, la corte sostuvo:
La Ley Federal de Comunicaciones autoriza a la CFC que regule según sea necesario por “conveniencia pública, interés o necesidad” 47 U.S.C. § 303, y no hace distinción del tipo de licencia de transmisión. La CFC otorga licencias y regula las ondas de radio o electromagnéticas públicas sin diferenciar entre locutores religiosos y seculares. Además, los tribunales han aprobado la aplicación de las reglas de la CFC a grupos religiosos de la misma manera que a grupos seculares…Requiriendo que la CFC justifique que las investigaciones emprendidas en respuesta a las alegaciones de fraude por uno de sus concesionarios, religioso o secular, no están basadas en un precedente, son improbables o pueden crear otros obstáculos relacionados con la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.[36]
De estos pocos extractos, se puede observar que cuando los locutores religiosos han estado envueltos en cuestiones de licencias, la CFC y los tribunales se esfuerzan por aplicar las mismas reglas a locutores seculares. Generalmente, este método ha sido muy acertado, y los extractos que he leído son tomados de sólo un pequeño puñado de casos donde se mencionan locutores religiosos.
Ahora, me gustaría tratar en más detalle el estándar del “interés público” con relación a los locutores comerciales. Antes de la época de simplificación, la CFC tenía regulaciones específicas para asegurar que se estaba sirviendo el interés público. Estas reglas estaban diseñadas para asegurar que la programación transmitida fuese realmente sensible a cuestiones de la comunidad. Conforme a estas reglas, una estación de difusión debía proveer un cierto porcentaje de programas de no-entretenimiento.[37] Segundo, los locutores estaban obligados a usar procesos formales de discernimiento para determinar que cuestiones necesitaban tratarse en su programación a fin de que fuesen sensibles a la comunidad y sirvieran al interés público.[38] Tercero, las estaciones tenían que cumplir con pautas específicas relacionadas con el porcentaje de comerciales puestos al aire.[39] Finalmente, los locutores tenían que mantener un registro detallado de los programas que requerían información sobre el nombre y la categoría del programa, la fuente del programa, y la hora del programa.[40] El cambio de pasar de regulaciones gubernamentales a regulaciones de mercado se ve ilustrado cuando se comparan dos casos. En un caso de 1972, el tribunal aplicó las pautas y los lineamientos de programación al decir que:
El foco de la investigación se mantiene en el interés público. La cantidad de programas religiosos es un asunto que anteriormente se dejaba al discernimiento del titular en vista del criterio establecido por la Comisión y las normas del interés público….Por supuesto, consistente con sus comentarios anteriores sobre este tema, organizaciones religiosas que son solicitantes, o poseen, autorización de la Comisión, pueden presentar programas doctrinales. Sin embargo, no pueden darle la espalda a problemas seculares. Por esta razón tienen que determinar los problemas de la comunidad y dedicar una porción de sus programas para satisfacer esos problemas.[41]
Una década después, cuando la CFC decidió dar por terminadas estas pautas y lineamientos de programación, la corte reviso las razones por las cuales hicieron los cambios. En esta etapa de simplificación, la corte mencionó que “[L]a decisión de la Comisión [fue] motivada por su creencia básica de que el interés público se satisface mejor cuando se confía en la discreción del concesionario, en tanto lo permita el mercado, pudiendo así reemplazar exitosamente los reglamentos gubernamentales.”[42] La CFC determinó que al permitirle al mercado reemplazar algunas regulaciones gubernamentales esta continuaría satisfaciendo el interés público si toman en cuenta estas dos condiciones: Primero, desde la publicación de la Ley de Comunicaciones de 1934, el número de estaciones de radio, y la competencia entre ellas, aumentó inmensamente; y segundo, la radio se transformó “en una fuente secundaria y más especializada de entretenimiento e información.[43]
El último punto que quisiera discutir con relación a las transmisiones comerciales trata de una doctrina ahora abolida llamada la “Doctrina de Imparcialidad.” Esta doctrina fue un requisito extremadamente discutido, adoptada en 1949 para asegurar que los locutores satisfacieran el interés público al informar todos los aspectos de un hecho de importancia pública. Si una emisora trataba un asunto de importancia pública sin mencionar todos los demás aspectos del hecho, se requería entonces que luego ofreciera tiempo de transmisión para ideas competentes.[44] En 1969, en una decisión destacada, la Corte Suprema sostuvo que la doctrina era constitucional porque resaltaba la libertad de expresión y la libertad de prensa.[45] Sin embargo, algunos sostuvieron que la Doctrina de Imparcialidad afectaba a los locutores religiosos. Usted puede ver como para un locutor religioso, este problema sería desafiante: si un locutor expresaba su creencia en Dios, en teoría, se requeriría que el locutor permitiera que un ateo presentará su opinión en la radio o televisión. Este problema está resumido en un artículo de revisión de la ley publicado en 1981, seis años antes de que abolieran la doctrina:
Los locutores seculares pueden eludir las complicaciones de la Doctrina de Imparcialidad si eliminan cualquier programa controversial, o si reducen las discusiones de temas a una opinión mas conservadora. Sin embargo, el locutor religioso como su razón de ser tiene la obligación de exponer otros temas de moralidad contemporánea y las verdades constantes según su fe. Por lo tanto, cae todo el peso de la Doctrina de Imparcialidad sobre los hombros del locutor religioso. La Doctrina de Imparcialidad que a primera vista se aplica a todos los locutores, tiene mayor efecto sobre los locutores religiosos.[46]
Con el mismo espíritu de simplificación que se mencionó anteriormente y que permitió a la CFC a limitarse a las fuerzas del mercado para otros requisitos de programación, la Comisión decidió abolir la Doctrina de Imparcialidad en una decisión unánime el día 4 de agosto del 1987. La CFC dijo que la doctrina no sólo violaba La Primera Enmienda de la Constitución, pero que también provocaba una programación prudente, tímida y blanda.[47] Puesto de otra manera, algunos dijeron que esta doctrina tuvo un efecto escalofriante en los medios de comunicación porque desalentaba a los locutores a hacer o presentar material que fuera controversial solamente para evitar que tuvieran que presentar una opinión distinta.[48] Además, aunque la Doctrina de Imparcialidad originalmente estuvo justificada por la escasez de las ondas de radio, –la CFC dijo que esta idea se estaba convirtiendo en una idea anticuada en una era con mas de 1,300 estaciones de televisión y mas de 10,000 emisoras de radio.[49] Esto comparado con aproximadamente 1,700 periódicos diarios que no tenían que enfrentar tal requisito.[50] Se debe tomar en cuenta que la Doctrina de Imparcialidad era independiente del requisito del candidato político, que manifestaba que se le debería de dar igual tiempo de transmisión a candidatos opositores. [A pesar de las justificaciones de la CFC, la decisión de abolir la Doctrina de Imparcialidad se dio con oposición. Varios miembros del Congreso juraron pasar una ley que codificaría la Doctrina de Imparcialidad y mantendrían la misma práctica. En junio de 1987, el Senado y la Casa de Representantes aprobaron el primer proyecto de ley, pero el Presidente Reagan vetó el proyecto.[51] Después de que la CFC abolió esta regulación en agosto, el Senado trató nuevamente de pasar como ley la Doctrina de Imparcialidad bajo otro proyecto de ley, pero terminaron por quitarlo de la legislación por miedo a otro veto del Presidente.[52] Los miembros del Congreso que estuvieron a favor de la Doctrina de Imparcialidad sostuvieron que ya que la televisión y las emisoras de radio son controladas únicamente por unos pocos locutores, el acceso a las ondas de radio debe ser garantizado por ley.[53] Sin esta doctrina, se dijo, los concesionarios estarían tentados a transmitir editoriales, opiniones, etc., sin balancear la información con opiniones contrarias.[54] Por lo tanto, la única manera en que los locutores podían satisfacer efectivamente el interés público era exigiéndoles que transmitieran todos los aspectos del hecho..[55]

Licencias de Transmisión Educativas No Comerciales

Como se mencionó anteriormente, en los Estados Unidos hay dos clases de licencias de transmisión: las licencias comerciales, de las cuales hemos estado hablando, y las licencias educativas no comerciales (o ENC) de transmisión que son emitidas a las universidades u otras organizaciones educativas para transmitir una programación no-comercial o educativa. Algunas universidades y organizaciones educativas son propiedad y son operadas por religiones y desean transmitir una programación religiosa en estos canales "educativos". Las licencias concedidas a locutores religiosos han recibido escrutinio y numerosos comentarios públicos.[56] Las licencias ENC son concedidas a locutores que desean usar canales reservados para la programación educativa. En el pasado, las licencias ENC fueron negadas a locutores religiosos si el objetivo primario de la organización era religioso en lugar de educativo.[57]
[A pesar de esta exigencia bastante rigurosa anunciada en 1971, dos personas presentaron una petición en 1975 que solicitaba "un congelamiento" de las solicitudes de licencias ENC para todas las solicitudes presentadas por las escuelas religiosas “Biblia,” Cristiano, y otras escuelas doctrinales, universidades, e instituciones.[58] La CFC negó inmediatamente la petición y vio la propuesta “de los solicitantes contra candidatos religiosos para reservar canales de TV y FM como una propuesta inaceptable, que violaría la neutralidad de la CFC, de la misma forma como si la CFC favoreciera a candidatos religiosos sobre seculares.” [59] La petición generó cientos de miles de preguntas para la CFC, primordialmente porque el público entendió mal la naturaleza de la petición y pensó que la CFC pensaba prohibir totalmente la programación religiosa.[60] Incluso hoy, más de veinticinco años más tarde, la CFC todavía recibe algunas preguntas debido a rumores sobre la difusión religiosa generada por la petición. Una hoja informativa publicada en el sitio Web de la CFC declara que los rumores que la CFC prohibiría la difusión religiosa son falsos, y señala mas adelante que “no hay ninguna ley federal que dé autoridad a la CFC para prohibir a las estaciones de radio y televisión de transmitir programas religiosos.”[61] Aun cuando la petición ha generado muchas molestias para la CFC, en retrospectiva, esto posiblemente ha servido para solidificar la posición de la CFC y del gobierno, que los reglamentos que discriminen en contra de la propiedad o contenido religioso son inconstitucionales.]
Durante un tiempo, la CFC emitió únicamente licencias ENC a locutores religiosos si “el objetivo primario” era educativo y no religioso.[62] Sin embargo, diez años más tarde, en 1985, la CFC discontinuó este criterio:
‘Al pasar los años, la Comisión ha manifestado el principio de que no se les permitirá funcionar en canales reservados para uso educativo a las organizaciones que son principalmente de naturaleza religiosa, aunque tengan algunos aspectos educativos.’ Esta declaración claramente fue errónea. Nosotros por lo tanto, convenimos totalmente con LNR [Locutores Nacionales de Religión] que ‘los candidatos para los canales reservados no deben ser rechazados simplemente porque proponen instrucciones religiosas.’[63]
La Comisión cristalizó este punto de vista en 1991 cuando esta dijo que “no descalificaría ningún programa simplemente porque la materia de enseñanza o instrucción era religiosa en naturaleza. Se reconoce que, aun cuando no todos los programas religiosos son educativos en naturaleza, los programas que incluyen enseñanzas de asuntos religiosos, calificarían como tales.”[64]
[Al final del siglo, la CFC revisó completamente el sistema para conceder licencias de ENC sustituyendo el procedimiento de audiencia especial por un sistema de puntos.[65] La CFC expresó que el nuevo sistema se implementó para simplificar el procedimiento de licencias al “eliminar las largas audiencias tradicionales que [ellos] habían usado durante treinta años.”[66] El sistema de puntos “está basado en factores tales como diversidad, localidad, cobertura, y servicio a las escuelas, concediendo un permiso al candidato con el resultado más alto.”[67] El sistema de puntos ha generado algunos reclamos que indican que los locutores religiosos serán exclusiva e injustamente afectados. Específicamente, mientras el sistema de puntos estaba aún bajo consideración de la CFC, la Fundación de Medios Educativos, que opera una red a escala nacional de veintitrés estaciones de radio de FM de programas religiosos, argumentó “que el sistema de puntos favorece a algunos locutores mas que a otros, a perjuicio de locutores religiosos.”[68] La CFC rechazó los reclamos constitucionales y aprobó el sistema de puntos, al encontrar que el sistema de puntos fue diseñado como una ley neutral de aplicabilidad general y que muchas organizaciones religiosas tendrían derecho a una licencia ENC bajo el nuevo sistema.[69]
Hasta ahora, los tribunales también han sostenido la validez constitucional del sistema de puntos. En el 2003, la Asociación de la Familia Americana (“AFA” en Inglés, American Family Association, Inc), un ministerio cristiano a nivel nacional que posee y opera 113 estaciones ENC, afirmó que “los nuevos criterios para asignar sistemáticamente tales licencias discriminan a redes nacionales de radiodifusión religiosas y por lo tanto son inconstitucionales.” [70] El tribunal rechazó todas las exigencias constitucionales de la AFA haciendo mención que aun sin prestar atención al hecho que los locutores no religiosos enfrentan las mismas cargas que locutores religiosos, “la carga que el sistema de puntos endosa a organizaciones religiosas es relativamente modesta.”[71] Mas adelante, el tribunal mencionó que cualquier carga que los locutores religiosos podrían sufrir bajo el sistema de puntos no era inherente al sistema de puntos en sí, sino más bien, inherente “a la competencia del mercado libre de ideas.”[72] Es posible que hayan mayores desafíos para el sistema de puntos, pero basados en el precedente establecido hasta ahora por los veredictos, el sistema parece encontrarse en una situación constitucional segura.]
En resumen, las religiones pueden obtener dos tipos de licencias para radio y televisión: comercial o educativa. Si estas poseen y operan con una licencia comercial en algún momento estuvieron sujetas a alguna restricción de “interés público” que causó algunas dificultades a las religiones, pero aquellas reglas han disminuido ahora. O podrían poseer estaciones educativas a través de las cuales tienen generalmente la capacidad de realizar transmisiones religiosas sin restricción o transmitir materiales educativos religiosos. Hubo una época en que ambos tipos de licencias tenían algunas limitaciones o restricciones sobre las religiones, pero en su mayoría aquellas restricciones fueron abandonadas ya que con la experiencia se entendió que no eran necesarias.

DESAFÍOS Y BENEFICIOS PARA LA RELIGIÓN EN UN MERCADO DE MEDIOS DE IDEAS LIBRES

En los Estados Unidos, con el alto nivel de libertad de expresión y prensa permitido, las religiones van inevitablemente a experimentar tanto efectos positivos como negativos.
Los americanos se someten a la opinión de que la libre competencia de ideas en el mercado revelará la verdad. Los locutores religiosos deben tener el derecho de publicar estas opiniones en el mercado, sin obstáculos causados por reglamentos gubernamentales innecesarios y excesivos, que en efecto causan que las voces que llevan un mensaje de esperanza se callen o se moderen.[73]
Con el énfasis actual de simplificación del gobierno, las religiones cada vez tienen mayor capacidad para usar los medios “sin obstáculos causados por reglamentos gubernamentales innecesarios y excesivos.” Sin embargo, esta libertad tiene un precio. Aunque los grupos religiosos pueden usar los medios libremente para difundir toda clase de mensajes, estos grupos tienen muy poco control sobre los tipos de mensajes que crean cierta imagen de ellos tanto en los medios populares como en las noticias. Concluiré hoy dándoles algunos ejemplos que ilustrarán las ventajas prácticas que disfrutan las religiones y los desafíos que afrontan en el mercado de ideas.
Primero, las ventajas para las religiones en los medios de comunicación en los Estados Unidos son obvias. Ellos básicamente tienen acceso, sin obstáculos, para imprimir y transmitir en los medios.
Grupos Religiosos - sobre todo grupos Cristianos; usan cada vez más los medios de comunicación para propagar sus mensajes, y según una encuesta, América está prestando atención. Una encuesta conducida en el 2005 por una organización de investigación cristiana encontró que el 46 por ciento de adultos en los Estados Unidos escucha típicamente una emisora de radio cristiana al mes y el 16 por ciento la escucha a diario.[74] La misma encuesta encontró que aproximadamente el 45 por ciento de americanos adultos ven por lo menos un programa cristiano en la televisión al mes, pero sólo el 7 por ciento lo ve diariamente.[75] La programación de radio cristiana ha aumentado enormemente durante los años, hasta el punto de mencionarse que una transmisora religiosa de nombre “Salem Communications”, es la propietaria de un "Imperio" de estaciones de radio.[76] Salem Communications es una transmisora de radio cristiana con fines de lucro, que tiene como objeto el propagar “la palabra del Señor,” y ofrecer una alternativa “al laicismo que se pierde.” El grupo no se limita a transmisiones puramente religiosas, pero también trabaja mucho para ser una fuerza en la política conservadora.[77]
Un artículo del periódico relató que Salem Communications es la segunda cadena de radio de mayor crecimiento en la nación, posee 103 estaciones en los mercados nacionales más grandes y transmite a más de 1,900 afiliados.[78] El alcance de Salem no está limitado solamente a la radio y televisión —también posee sesenta y dos sitios Web, la división editorial de una revista, y tiene un trato con la radio satelital XM. Con esta clase del alcance, la programación de Salem está disponible a un tercio de la población estadounidense, y cerca de 3 millones de personas leen sus sitios Web.
Aunque los grupos religiosos tienen el control exclusivo sobre los mensajes que presentan sobre si mismos cuando ellos están encargados de la programación, las representaciones negativas son inevitables en un mercado "sin obstáculos". Por ejemplo, en 1991, un cardenal católico de la ciudad de Nueva York acusó a los “redactores seculares y columnistas de la ciudad de imprimir calumnias contra los católicos romanos, que ellos no se atreverían a publicar sobre ningún otro grupo.”[79] Una encuesta que se publicó ese mismo año reflejó que el New York Times, el Washington Post, las Noticias de la Tarde de CBS, y la revista Times habían, durante los últimos treinta años, creado una imagen de la Iglesia Católica como una iglesia “opresiva y anticuada” “y que la cobertura de los medios de comunicación [habían] favorecido a los críticos de la iglesia en lugar de favorecer a sus defensores.”[80] Un periodista, notando que los reporteros a menudo mal interpretan lo que la gente religiosa dice, dijo, “¿porque debería... una persona religiosa o, para este motivo, alguien que es serio sobre la espiritualidad o sus creencias – revelar sus pensamientos mas íntimos a reporteros que casi por seguro restarían importancia a lo qué ellos dicen?”[81]
El beneficio de libertad que gozan las religiones en cuanto a los medios de comunicación en los Estados Unidos tiene un precio. Específicamente, en un mercado libre, hay muy poco que puede hacerse para prevenir ataques falsos e irrespetuosos contra la religión en los medios de comunicación. Casi todas las religiones han sufrido de sátira y difamación de enemigos de la religión. Hay leyes contra la sátira y la difamación en los Estados Unidos, pero por muchos motivos y en muchos casos estas leyes no protegen a las religiones.
Si una religión o una persona religiosa cree que puede demostrar que su reputación ha sido dañada por una declaración difamatoria o por una publicación, ellos tienen la capacidad legal para defenderse. Sin embargo, a menudo varias consideraciones prácticas impedirían a las personas y organizaciones a plantear un litigio por difamación.[82] Primero, un litigio no sólo enfoca la atención en las acciones del demandante y el material difamatorio, sino también da al demandado una posibilidad para mostrar que la historia era verdadera y que las quejas del demandante son infundadas. Al mismo tiempo, a fin de recuperar los daños, el demandante debe demostrar que la supuesta declaración difamatoria o las publicaciones eran tanto falsas como imprudentes.[83] Segundo, el gasto de llevar un litigio es una consideración enorme para la mayor parte de demandantes que contemplan una demanda judicial.[84] Tercero, la mayor parte de los pleitos por difamación contra demandados de medios de comunicación fracasan. “El ochenta por ciento son eliminados mediante juicio sumario a favor del demandado; el resto, alrededor del veinticinco por ciento no sobreviven las apelaciones del demandado posteriores al juicio; y es muy probable que el mismo juicio a favor del demandante sea revocado por una apelación.”[85] Finalmente, muchos candidatos de medios de comunicación al ser demandados compran un seguro por difamación, que cubre tanto las sentencias y las costas procesales para los casos en los que un demandante realmente puede ganar un caso de difamación.[86] Con barreras como estas a vencer, las religiones, tal como cualquier otra organización en los Estados Unidos, tiene menos probabilidad de tratar de defenderse de una información falsa o errónea en los medios de comunicación.
Sin embargo, a pesar de esto, estoy seguro que la mayor parte de religiones en los Estados Unidos prefieren sufrir ocasionales ataques injustos y falsos a cambio de la libertad casi ilimitada de la que ellos disfrutan para publicar sus propios mensajes y hasta poseer y operar los medios de comunicación masivos.
En general, el sistema de libre mercado funciona bien en lo que se trata a la religión y los medios de comunicación en los Estados Unidos. Espero que esta breve revisión de la situación en los Estados Unidos haya resultado provechosa e interesante para ustedes, especialmente cuando ustedes enfrenten cuestiones similares en sus países. Gracias por su amable atención.
919633/02

* Director Ejecutivo del Programa de Miembros del Centro Internacional para Estudios de Religión y Leyes de la Universidad de Brigham Young. Jenni Carlquist, una estudiante en la Facultad de Derecho de J. Reuben Clark, ayudó con la investigación y la redacción de esta presentación.

[1] Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
[2] Cantwell v. Conn., 310 U.S. 296, 310 (1940).
[3] Véase Donald T. Kramer, (American Jurisprudente) Jurisprudencia Americana, 2da Edición. § 497.
[4] Véase Aaron Moore, “Quién Posee Que” (Columbia Journalism Review) Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia http://www.cjr.org/tools/owners/
[5] Revisión de las Reglas de Propiedad de Transmisión del FCC, Información del Consumidor FCC, www.fcc.gov/ownership
[6] Howard I. Finberg, (“Enter the Matriz: The FCC’s New Rules”) “Ingrese a la Matriz: las Nuevas Reglas de la CFC”, Poynter Online, 2 de junio, 2003, http://www.poynter.org/column.asp?id=56&aid=36005
[7] Véase Kidon Media Link, (“News Sources from the United States: Religious”) “Fuentes de Noticias de los Estados Unidos: Religioso” http://www.kidon.com/media-link/us_religious.php
[8] Remítase al pie de página anterior.
[9] ALR § 503, 504, 506, 510
[10] Don R. Pember, (Mass Media Law) Ley de Medios Masivos, Edición 2000, 92
[11] Remítase al pie de página anterior.
[12] Remítase al pie de página anterior.
[13] Pember 85
[14] Pember 86
[15] Pember 86
[16] Remítase al pie de página anterior.
[17] (About the FCC, FCC Consumer Fact Sheets) Sobre la CFC, Folletos del Consumidor de la CFC. www.fcc.gov/cgb
[18] Remítase al pie de página anterior.
[19] Remítase al pie de página anterior.
[20] SEC. 1. [47 U.S.C. 151] PROPÓSITOS DE LA LEY, CREACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES. El resto del preámbulo continua: “para el propósito de la seguridad nacional, para el propósito de promover la seguridad de vida y propiedad por medio del uso de comunicaciones de radiodifusión y transmisión, y con el propósito de asegurar una ejecución mas efectiva de esta política por medio de centralización de autoridad hasta ahora otorgada por ley a varias agencias y otorgando autoridad adicional con respecto al comercio interestatal y extranjero por medio de radiodifusión y transmisión, se crea una comisión que será reconocida como la “Comisión Federal de Comunicaciones” que será constituida como se provee a continuación, y misma que ejecutará e impondrá los reglamentos de esta ley .”
[21] Remítase al pie de página anterior.
[22] http://www.fcc.gov/telecon.html
[23] Don R. Pember, (Mass Media Law) Ley de Medios Masivos, Edición 2000 582
[24] Véase ejemplo
[25] SEC. 551(b). (PARENTAL CHOICE IN TELEVISION PROGRAMMING) SELECCIÓN DE LOS PADRES DE LA PROGRAMACION DE TELEVISIÓN.
[26] 47 U.S.C. § 303, ejm. (Corpus Juris Secumdum Database) Base de Datos de Corpus Juris Secundum actualizada mayo del 2006 (Telecommunications WVI. Radio and Television A In General § 148. Public interest, conveniente, or necesity in general). Telecomunicaciones WVI. Radio y Televisión A. En general § 148. Interés Público, conveniencia, o necesidad en general. Véase además (Communications Act of 1934) Ley de Comunicaciones de 1934.
[27] Pember 582.
[28] Pember 588.
[29] SEC. 326. [47 U.S.C. 326] (CENSORSHIP; INDECENT LANGUAGE) CENSURA; LENGUAJE INDECENTE.
[30] Pember 588.
[31] (Corpus Juris Secundum Database) Base de Datos Corpus Juris Secundum actualizada mayo del 2006 (Telecommunications WVI. Radio and Television B. License or Permit § 155 Public Interest, Convenient, Interest, or Necessity in General.) Telecomunicaciones WVI. Radio y Televisión B. Licencia o Permiso § 155 Interés Público, Conveniencia, Interés o Necesidad en General.
[32] (McIntire v. Wm. Penn Broadcasting Co. of Philadelphia) McIntire v. Wm. Penn Compañía de Transmisión de Philadelphia, 151 F.2d 597, 601 (3d Cir. 1945).
[33] Noe v. FCC 260 F.2d 739, 742 (DC app. 1958).
[34] Véase NBC v. US 1943 (fue citado en O’Hair v. US, 281, F.Supp. 815, 820 (D.C. Cir. 1968).
[35] (Hartford Commc’n Committee) Hartford Comité de Comunicaciones, 467 F.2d 408, 313 (D.C. Cir. 1972).
[36] Scott v. Rosenberg, 702 F.2d 1263, 1272 (9th Ccir. 1983)
[37] Office of Commc’n of the United Church of Christ v. FCC, 707 F.2d 1413, 1420 (D.C. Cir. 1983).
[38] Remítase a 1421.
[39] Remítase a 1421
[40] Remítase a 1422
[41] (Hartford Commc’n Committee) Hartford Comité de Comunicaciones, 467 F.2d 408, 413 (D.C. Cir. 1972).
[42] Office of Commc’n of the United Church of Christ v. FCC, 707, F.2d 1413, 1434 (D.C. Cir. 1983).
[43] Remítase al pie de página anterior a 1420
[44] Véase Paul Houston, (FCC Repeals Fairness Rule for Broadcasters) la CFC Revoca la Doctrina de Imparcialidad para locutores, a l, L.A. Times, Aug. 5, 1987, at 1
[45] Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 89 S.Ct. 1794, 1798.
[46] Ashton R. Hardy & Lawrence W. Secrest, (Religious Freedom and the Federal Communications Commission) La Libertad Religiosa y la Comisión Federal de Comunicaciones, 16 Val. U. L. Rev. 57, 66 (1981).
[47] George Johnson & Laura Mansnerus, (FCC Decides to End the Reign of the Fairness Rule) La CFC decide terminar el reino de la Doctrina de Imparcialidad, N.Y. times, Aug. 9, 1987, at 47.
[48] Paul Houston, (FCC Repeals Fairness Rule for Broadcasters) la CFC Revoca la Doctrina de Imparcialidad para Locutores, L.A. Times, Aug. 5, 1987, at 1.
[49] Johnson & Masnerus.
[50] Remítase al pie de página anterior.
[51] Paul Houston, (FCC Repeals Fairness Rule for Broadcasters) La CFC revoca la Doctrina de Imparcialidad para Locutores, L.A. Times, Aug. 5 1987, at 1..
[52] Karen Tumulty, (Fairness Doctrine Loses, but Issue Due to Resurface in 1988) La Doctrina de Imparcialidad Pierde, pero volverá a surgir en 1988, L.A. Times, Dic. 23, 1987.
[53] Dennis MdCougal, (At Issue: The Fight Over Fairness Doctrine) En materia: La Lucha contra la Doctrina de Imparcialidad , L.A. Times, Nov. 9, 1987, at 1.
[54] Remítase al pie de página anterior.
[55] Remítase al pie de página anterior.
[56] Ashton R. Hardy & Lawrence W. Secrest, (Religious Freedom and the Federal Communications Comission) Libertad Religiosa y la Comisión Federal de Comunicaciones, 16 Va. U. L. Rev. 57, 73 (1981).
[57] Este patrón de “objetivo primario” fue anunciado en Bible Morovian Church, Inc., 28 F.C.C. 2d 1 (1971).
[58] 54 F.C.C. 2d 941 (1975).
[59] 54 F.C.C. 2d 941 ¶ 23 (1975).
[60] Ashton R. Hardy & Lawrence W. Secrest, (Religious Freedom and the Federal Communications Comisión)Libertad Religiosa y la Comisión Federal de Comunicaciones, 16 Val. U. L. Rev. 57, 58 (1981).
[61] (Religious Broadcast Rumor Denied) Rumores de Transmisiones Religiosas Negadas, (FCC Consumer Facts) CFC Notas del Consumidor, http://www.fcc.gov/cgb.
[62] Véase 54 F.C.C. 2d 941 ¶ 22 (1975).
[63] (Way of the Cross of Utah, Inc.) Camino de la Cruz de Utah, Inc., 101 F.C.C. 2d 1368 (1985)
[64] (Columbia Bible College Broadcasting Co.)Cia de la Universidad de Columbia de Transmisiones de la Biblia 6 F.C.C.R. 516, ¶ 10 (1991).
[65] (Reexamination of the Comparative Standards for Noncommercial Educational Applicants) Revisión de los Estándares Comparativos para Solicitantes Educativos No Comerciales, 16 F.C.C.R. 5071, ¶ 1 (2001)
[66] Remítase al pie de página anterior.
[67] Remítase al pie de página anterior
[68] Remítase al pie de página anterior al párrafo 10.
[69] Remítase al pie de página anterior al párrafo 21.
[70] American Family Association, Inc. v. FCC 365 F.3d 1156, 1159 (2004).
[71] Remítase al pie de página anterior a 1171.
[72] Remítase al pie de página anterior a 1172.
[73] Ashton R. Hardy & Lawrence W. Secrest, (Religious Freedom and the Federal Communications Comisión) Libertades Religiosas y la Comisión Federal de Comunicaciones, 16 Val. U. L. Rev. 57 (1981).
[74] (The Barna Update, “More People Use Christian Media Than Attend Church,”) Actualización Barna, “Más Gente utiliza los medios cristianos que las que asisten a la Iglesia, Marzo 14, 2005, http://www.barna.org/.
[75] Remítase al pie de página anterior.
[76] Adam Piore, (A Higher Frequency: How the Rise of Salem Communications’ Radio Empire Reveals the Evangelical Master Plan) Una Frecuencia más Alta: Como la subida del Imperio Radial de las Comunicaciones de Salem Revelan el Plan Maestro Evangélico, 30 Mother Jones 46 (2005).
[77] Remítase al pie de página anterior.
[78] En contraste, Air América-una organización sin afiliaciones religiosas, representante de la política más liberal de América — se transmite a únicamente 70 estaciones y no posee ninguna. Sin embargo, en comparación con algunos de los verdaderos gigantes de los medios en los Estados Unidos, los cifras de Salem aún son pequeñas; la estación de Radio “Clear Channel” posee 1,200 estaciones, y la Emisora Viacom Infinity es propietaria de 178.
[79] K.L. Woodward, Libels in the Cathedral (Difamación en la Catedral), 117 Newsweek 59 (1991).
[80] Remítase al pie de página anterior.
[81] Paul Wilkes, (Why People of God Don’t Talk to the Press) Porque la Gente de Dios no Habla con la Prensa, 31 Revista de Periodismo de la Universidad de Columbia, Revisión 54 (1992).
[82] Gerald G. Ashdown, (Journalism Police) Periodismo Policial, 89 Marq. L. Rev. 739, 744 (2006).
[83] Remítase al pie de página anterior.
[84] Remítase al pie de página anterior.
[85] Remítase al pie de página anterior citaciones internas han sido omitidas.
[86] Remítase al pie de página anterior 745.